El Concejo Deliberante de Allen aprobó por mayoría apartar de su cargo al intendente Marcelo Román (LLA). La medida tendrá vigencia hasta que concluya la investigación penal por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta. Será reemplazado por el presidente del cuerpo legislativo, Fabián Figueroa (UCR Auténtica).
La ordenanza de suspensión
La sesión de este miércoles comenzó a las 11 con la lectura de un proyecto de ordenanza basado en el dictamen elaborado por el asesor legal del Deliberante sobre la formulación de cargos contra Román.
El texto, aprobada por seis votos afirmativos y tres negativos, en sus fundamentos cita el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que establece que, cuando un funcionario municipal es imputado por un delito penal y el tribunal competente dispone su procesamiento, el Concejo Deliberante debe resolver, previo dictamen de su asesor legal, si corresponde o no su suspensión.
La norma también dispone que, si el funcionario suspendido resulta absuelto, recuperará automáticamente el cargo. En caso de una sentencia condenatoria firme, corresponderá su destitución.
También se incorporaron a la ordenanza las observaciones del asesor legal del Concejo, Néstor Soler, quien sostuvo que la suspensión «tiene como principal y única finalidad la preservación de las pruebas que aún restan producirse y que se encuentran en riesgo procesal, dado que todavía restan el testimonio de diez empleados y pericias contables». Según el dictamen, esas medidas fueron solicitadas por la fiscalía y la querella para ejecutarse durante la etapa de investigación.
Para Soler, la permanencia de Román en el cargo «podría provocar una afectación de la imparcialidad y veracidad de esos testimonios, un eventual entorpecimiento de la investigación pericial y un deterioro en la posibilidad de arribar a un conocimiento real de los hechos investigados».
En concreto, la ordenanza dispone el apartamiento de Román de la Intendencia hasta que exista una sentencia definitiva en la causa penal. Durante ese período no percibirá dieta ni remuneración.
Mientras dure la suspensión, el Ejecutivo municipal quedará a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa.
La defensa del oficialismo
Hasta el momento, Román no se pronunció públicamente tras la aprobación de su suspensión. Sin embargo, horas antes de la sesión difundió una carta en la que denunció que la oposición «quiere gobernar Allen sin haber ganado las elecciones».
«Hoy estaríamos ante un golpe institucional antidemocrático y no estará solamente en discusión este intendente. Estará en discusión si una mayoría circunstancial puede reemplazar la voluntad del pueblo y violar la Carta Orgánica Municipal», sostuvo el jefe comunal en el escrito difundido durante la mañana.
Los tres concejales que hasta ahora integraban el oficialismo votaron en contra de la ordenanza y sostuvieron que la oposición realizó una interpretación errónea de la Carta Orgánica. «No comparto que este Concejo asuma funciones que corresponden al Poder Judicial. Los jueces investigan, los fiscales acusan y el Concejo Deliberante legisla. Cuando un poder invade las competencias de otro, no fortalece las instituciones, las debilita», afirmó Valeria Bezic, quien en 2024 fue removida de la presidencia del cuerpo.
La edil sostuvo además que las decisiones institucionales «no deben pensarse únicamente en función del conflicto de hoy» y advirtió sobre el precedente que podría generar la medida. «Me hago una pregunta: si mañana la Justicia resolviera que no cometió delito alguno, ¿Quién le devuelve a Allen el tiempo perdido?«, planteó durante su exposición.
La postura de la oposición
Del otro lado, los concejales que impulsaron la suspensión defendieron la aplicación del artículo 109 de la Carta Orgánica. Agustina Sánchez (JSRN) sostuvo que la ordenanza busca resguardar la institucionalidad y brindar transparencia a la ciudadanía.
En tanto, Gustavo Addamo (JSRN) rechazó las acusaciones del oficialismo, que calificó la maniobra como un «golpe de Estado». «¿A quién se le ocurre que tener un intendente imputado es algo agradable? Nosotros no somos jueces, no podemos condenar al intendente. Solo debemos hacer cumplir la Carta Orgánica», afirmó el edil.
A su turno, Guillermo Pennesi (JSRN) defendió la decisión del cuerpo y rechazó las críticas del oficialismo. «Llegamos a esta instancia por los numerosos errores cometidos por el intendente y por un dictamen de la Justicia. Hay una cuestión legal y también ética; no somos seis locos los que promovemos esto», afirmó.
El caso
El expediente que dio origen a esta instancia tuvo su punto de inflexión el pasado 18 de junio, cuando la jueza de Garantías, Natalia González, resolvió imputar al jefe comunal y al empresario Sebastián Ocampo como parte de la investigación por la compra de un teléfono celular con fondos municipales y su posterior entrega al propietario de medios.
La magistrada también dispuso abrir una etapa de investigación con un plazo inicial de dos meses.
Según la teoría del caso presentada por la fiscalía, entre marzo de 2024 y julio de 2025 Román habría dispuesto la utilización de fondos municipales para la adquisición de un teléfono celular valuado en 479.999 pesos, contratado bajo la modalidad de servicio corporativo. El dispositivo estaba asociado a una línea con abono mensual a nombre del Ejecutivo, lo que habría generado una erogación total de 596.812,38 pesos.
