En medio de la controversia por las elecciones de consejeros superiores en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), la Justicia Federal resolvió -en primera instancia- correrse del caso. La novedad se conoció en las últimas horas del jueves, cuando Juzgado Federal de Viedma informó que se declaró incompetente en la causa iniciada con una denuncia del gremio Sitraiupa, devolviendo el expediente a la órbita provincial.
La denuncia de fraude
Bajo la convicción de que hubo fraude en los comicios del 15 y 16 de marzo, el Sindicato de Trabajadores del IUPA cuestionó formalmente el desarrollo del proceso electoral, apuntando a presuntas irregularidades en la reglamentación y en la actuación de la Junta Electoral, particularmente en la conformación del claustro docente.
Según surge del expediente, los denunciantes advirtieron “una serie de irregularidades en torno al acto eleccionario”, señalando que se habrían introducido modificaciones que afectan las condiciones de participación y representación en los órganos de gobierno universitario.
Sin embargo, antes de ingresar al análisis sobre esa cuestión de fondo, el conflicto se centró en la discusión sobre qué jurisdicción debe intervenir en este tipo de disputas.
En primer término, la Justicia Electoral de Río Negro se declaró incompetente y remitió las actuaciones al fuero federal. Y en esa instancia, el Ministerio Público Fiscal dictaminó que no correspondía la intervención de la Justicia Federal.
Finalmente, el Juzgado Federal de Viedma convalidó ayer esa postura, resolviendo apartarse. En el fallo, el tribunal reafirma un principio central del sistema judicial argentino: “La intervención del fuero federal en las provincias es de excepción y se encuentra circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia”.
El IUPA como institución provincial
Uno de los argumentos decisivos del fallo es la caracterización del IUPA. El juzgado sostiene que “no hay discusión respecto del carácter provincial” de la institución, condición que “emana palmariamente de la ley provincial Nro. 3283/99”.
Este punto es clave en la definición de la competencia, ya que ubica el conflicto dentro del ámbito del derecho público local. En esa línea, el tribunal remarca que se trata de un litigio entre un particular y una entidad provincial, sin la presencia de elementos que habiliten la intervención federal.
El fallo también aborda el vínculo con la Ley de Educación Superior, que reconoce validez nacional a los títulos emitidos por universidades provinciales. Sin embargo, aclara que ese reconocimiento no altera la naturaleza jurídica de las instituciones, que continúan siendo parte del sistema educativo bajo responsabilidad de las provincias.
Autonomía, control y disputa institucional
La resolución incorpora otro elemento de peso: el alcance de la autonomía universitaria y el rol de las provincias en su supervisión. En ese marco, se señala que la legislación vigente asigna a los estados provinciales la responsabilidad de fiscalizar y garantizar el funcionamiento democrático de las instituciones de educación superior.
El fallo considera que esto incluye la obligación de velar por los procesos internos, como los mecanismos electorales que hoy están en discusión. Por eso, el tribunal entendió que el conflicto debe resolverse dentro del sistema judicial provincial.
A su vez, el juzgado advierte que el objeto de la demanda se centra en la impugnación de actos administrativos dictados por las propias autoridades del IUPA. En ese sentido, sostiene que se trata de “actos de las autoridades internas de la institución que chocarían contra normas del mismo carácter, el estatuto” , lo que refuerza su encuadre local.
Sin fuero federal
Otro de los aspectos subrayados por la resolución es la ausencia de un interés federal directo en el caso. El tribunal concluye que no se verifica ninguna de las condiciones que habilitan la intervención de la Justicia Federal, ni por la materia, ni por las personas involucradas.
En esa línea, se descarta que la controversia tenga impacto sobre el Estado nacional o sobre el sistema universitario en su conjunto, limitando su alcance al funcionamiento interno de una institución provincial.
La decisión y el nuevo escenario
Con estos fundamentos, el Juzgado Federal de Viedma resolvió “no aceptar la competencia atribuida” y devolver el expediente al fuero electoral de Río Negro.
Este viernes, las autoridades de Sitraiupa definirán la estrategia a seguir a partir de esta resolución. Una de las opciones más firmes -según fuentes del gremio- era apelar la sentencia de primera instancia, para buscar una opinión de la Cámara Federal de Roca y -eventualmente- llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin insistir en la alternativa del trámite dentro de la Justicia provincial.
