El próximo 20 de octubre, cerca de 185.000 abogados y abogadas de toda la Argentina estarán habilitados para elegir a sus cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Esos lugares se definirán entre cuatro listas, cuyos candidatos ya recorren el país para presentar sus propuestas de cara a una elección que determinará la representación de la abogacía durante el período 2026-2030.
Y entre esas visitas, este lunes llegó a Roca la única mujer entre quienes encabezan las cuatro listas. Se trata de Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba, y primera candidata de la Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional. Antes de reunirse con matriculados en el Colegio de Abogadas y Abogados General Roca, pasó por Mañana de Noticias, en Literal Radio, donde presentó los ejes centrales de su propuesta: «federalismo y representación real de la abogacía litigante».
Demarchi sostuvo que esa representación profesional tiene consecuencias que exceden a los propios abogados y alcanza especialmente a los sectores que necesitan recurrir a la Justicia para garantizar sus derechos. Mencionó los reclamos de jubilados, los amparos de salud y las demandas de personas con discapacidad y vinculó, en ese sentido, la defensa de los honorarios profesionales con las posibilidades concretas de acceso a la Justicia. «La primera puerta que toca la ciudadanía es la abogacía», afirmó durante la entrevista.
Pero uno de los cuestionamientos más fuertes de la candidata estuvo dirigido al sistema de selección de magistrados. «La selección hoy es injusta, es arbitraria. Hoy hay trampas en la selección», afirmó. Demarchi cuestionó el peso que pueden adquirir las entrevistas personales frente a los exámenes y antecedentes de los postulantes y reclamó cambios que reduzcan los márgenes de discrecionalidad en los concursos.
También respondió sobre las articulaciones políticas detrás de las cuatro listas. No negó que los diferentes espacios cuenten con apoyos partidarios y sostuvo que no ve como un problema que existan esas vinculaciones, teniendo en cuenta la propia composición política del Consejo. Sin embargo, marcó como diferencial de la Lista 4 que ninguno de sus integrantes ocupa actualmente un cargo político o es funcionario del Estado. «Todos somos dirigentes de la colegiación», señaló.
—Usted plantea representar especialmente a la abogacía litigante. ¿Qué significa concretamente?
—Todos los integrantes de nuestra lista, además de ser dirigentes colegiales, somos abogados y abogadas que trabajamos de abogados. A mí me pasa todos los días que me perforan los honorarios. Defiendo en mi estudio jurídico a adultos mayores por reajustes jubilatorios y a personas enfermas por amparos de salud. No me lo cuentan, me pasa.
Si en el Consejo de la Magistratura, en el estamento de la abogacía, se sientan personas que son abogados pero no litigan, difícilmente puedan representar algo que no les pasa todos los días.
—¿Por qué la defensa de los honorarios debería interesarle también a alguien que no es abogado?
—Porque la primera puerta que toca una persona que necesita acceder a la Justicia es la del abogado de confianza. La gente no recurre a la Justicia por placer; recurre cuando la angustia no da más. El abogado es quien la acompaña durante todo ese proceso.
Hoy existe una naturalización de la perforación de honorarios. La semana pasada a una referente de nuestra agrupación le regularon 6.000 pesos por un proceso en el que acompañó a una persona enferma, a un adulto mayor. A otra le regularon 0,36 UMA.
Nosotros proponemos un observatorio federal que vigile, controle y denuncie cuando se perforan los honorarios del litigante. Porque, además, si esto se naturaliza, termina siendo una forma de disuadir a la abogacía para que no tome esos reclamos y la ciudadanía más vulnerable puede quedarse sin quien la defienda.
El trámite de las denuncias en el Consejo de la Magistratura
—Usted cuestiona también el funcionamiento del Consejo frente a las denuncias contra magistrados. ¿Qué está pasando?
—Hay magistrados y magistradas que no funcionan bien e incluso algunos que están denunciados por delitos. Nosotros proponemos un observatorio federal que mire qué están haciendo los jueces en cada juzgado.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia publicó un informe según el cual solamente un porcentaje muy bajo de las denuncias que ingresan al Consejo termina en una resolución. Cuando hay poca información respecto de una elección tan importante es porque la han manejado pocos. Y en ese manejo de unos pocos se hace mucho más fácil la negociación de una denuncia, la protección de una denuncia respecto de otra.
—¿Ese mismo margen de discrecionalidad aparece en la selección de jueces?
—Sí. La selección hoy es injusta, es arbitraria. Hoy hay trampas en la selección. La terna está integrada por quienes llegaron a los tres mejores lugares en el orden de mérito y muchas veces eso termina siendo sobrepasado y quien estaba en el número 23 aparece de golpe ocupando un lugar en un juzgado.
Además, la Escuela Judicial es discriminatoria con la abogacía litigante. Hoy inscribirse en un concurso es un jeroglífico.
El peso de la entrevista en los concursos
—En Río Negro también existe un debate sobre el peso de las entrevistas personales en la selección de magistrados. ¿A nivel nacional habría que reducir ese componente?
—La entrevista personal tiene que tener peso, pero no puede echar atrás todos los antecedentes y el escrito que presentaste.
Se han conocido entrevistas personales que duraron cinco minutos y en las que durante los últimos dos minutos se preguntó por Boca. Hay otra entrevista videograbada en la que se le pregunta a un juez por el techo de cristal y por perspectiva de género y la respuesta muestra claramente el problema.
También hay que discutir cómo se valoran los antecedentes de la abogacía litigante. ¿Por qué las demandas, las contestaciones, los recursos y los escritos de un abogado no cuentan como antecedentes? La antigüedad de la matrícula también debería tener valor.
Federalismo y porteñocentrismo
—Uno de los ejes de su campaña es el federalismo. ¿Qué encuentra en su recorrido por las provincias?
—Nuestra lista no declama federalismo, sino que lo practica. Mi candidatura fue propuesta por 37 colegios de abogados de distintos puntos del país. Soy presidenta de un colegio del interior del interior, de Villa María, Córdoba.
Después del 20 de octubre, pase lo que pase, hay que volver a esos lugares. Los presidentes de los colegios son muchas veces quienes primero saben qué está pasando con un juez federal de su jurisdicción. Es necesario recoger esa información y elevar los informes para que las denuncias no queden archivadas por ninguna negociación.
No hay que enceguecerse con las luces de la ciudad ni con una agenda porteñocentrista. Vamos a defender de la misma manera al abogado de Capital Federal y al del resto del país: ni más ni menos.
—¿Eso también se refleja en las vacantes judiciales?
—Claro. No se puede privilegiar una vacante por sobre otra. No puede ser que las vacantes de Comodoro Py salgan «como pan caliente» mientras acá, en la Cámara Federal de Roca, haya vacantes desde hace años.
Los vínculos con los partidos políticos
—Distintos artículos ubican a su lista cerca de referentes como Juan Manuel Olmos y Mariano Recalde. ¿Existe esa articulación política?
—Creo que hay una cuestión que es dirimente y es cómo está armada nuestra lista. En nuestra lista no existe nadie que sea funcionario del Estado ni que tenga un cargo político. Todos somos dirigentes de la colegiación.
Claramente cada lista tiene un apoyo determinado. Tampoco hay que olvidar que nuestros compañeros en la mesa del Consejo de la Magistratura van a ser también los representantes nombrados por la política.
Por lo tanto, no le veo tanto problema a que exista una sinergia en la que manejemos los mismos códigos y principios. Pero nos han permitido conformar una lista de principio a fin que no tiene funcionarios del Estado: somos dirigentes de la colegiación y abogados litigantes que trabajamos de abogados. Esa ya es una decisión política dentro de la abogacía muy importante.
—¿Y cómo observa los vínculos políticos de las otras listas?
—Las otras listas deberán hacerse cargo de su integración. La lista que encabeza Alberto Biglieri está vinculada con Daniel Angelici y con el radicalismo porteño. Y la lista que encabeza Fernando Levene está vinculada con otro sector del radicalismo, con Maximiliano Abad.
Cada lista tiene sus apoyos. Para nosotros la diferencia está en quiénes finalmente ocupan los lugares: nuestra lista está integrada por dirigentes de la colegiación y abogados y abogadas que ejercemos la profesión.
Escuchá la entrevista completa con Itatí Demarchi Arballo en Mañana de Noticias
