Ningún docente debería llegar al final de su carrera y descubrir que su jubilación depende de que el Estado corrija obligaciones previsionales que debió cumplir durante su vida laboral. Después de años frente al aula, merece certezas. La discusión sobre las sumas no remunerativas en Río Negro debe comenzar por ese derecho y por una responsabilidad concreta del Estado empleador.
Unter informó el 2 de octubre que presentó un amparo ante la Corte Suprema contra la Provincia y ANSES para reclamar la regularización de aportes y contribuciones y la rectificación de declaraciones previsionales. La presentación anunciada pone nuevamente en discusión una estructura salarial que exige explicaciones. No acredita por sí sola los incumplimientos denunciados, pero expresa la urgencia de un problema que alcanza a quienes esperan jubilarse.
Los docentes, entre el salario y la jubilación
Comprendo el temor de esos docentes. Cuando se propone investigar, pueden pensar que la denuncia agregará obstáculos a su trámite. Ese temor debe ser atendido con medidas concretas: regularización, certificaciones correctas, plazos de respuesta y seguimiento de cada expediente. Investigar responsabilidades y proteger el acceso a la jubilación son obligaciones que deben cumplirse al mismo tiempo. Esto último es responsabilidad de ARCA y ANSES
El docente no decide cómo se clasifica su salario ni administra los depósitos del empleador. Cobrar lo que la Provincia liquida no lo convierte en cómplice de un delito. Sin embargo, puede quedar como rehén de una estructura salarial que no eligió: teme perder ingreso de bolsillo si se regulariza o encontrar dificultades cuando necesita jubilarse. El Estado debe resolver ese conflicto, no utilizarlo como razón para prolongarlo.
Tampoco el Gobierno provincial no puede vanagloriarse de pagar uno de los mejores salarios docentes del país si para sostenerlo deja de ingresar al SIPA los aportes y contribuciones que legalmente corresponden, trasladando el costo a los demás trabajadores, jubilados y contribuyentes.
La naturaleza previsional de una retribución no depende solamente del nombre que figure en el recibo. Debe examinarse qué remunera y si corresponde incluirla en la base contributiva. Tampoco alcanza con incorporar conceptos cerca del retiro si quedan obligaciones anteriores pendientes o si la misma práctica continúa para quienes todavía están lejos de jubilarse. Regularizar el tramo final puede reparar una situación individual; hace falta, además, corregir el origen del problema.
Un problema que afecta al conjunto del sistema previsional
La cuestión trasciende a la docencia rionegrina. Su régimen previsional está integrado al sistema nacional a partir de la transferencia provincial desde el año 1996. Los recursos involucrados forman parte del financiamiento común de prestaciones para trabajadores de distintos sectores. Cuando un empleador deja de ingresar obligaciones exigibles, el efecto alcanza a una comunidad mucho más amplia que su propia nómina.
El SIPA se sostiene con aportes, contribuciones, recursos tributarios y partidas presupuestarias. Si faltan ingresos contributivos y deben mantenerse las prestaciones, crece la necesidad de otras fuentes de financiamiento o la presión sobre otros gastos. Entre los recursos nacionales hay impuestos al consumo, como el IVA, que pagan trabajadores privados, jubilados, docentes y personas que ni siquiera tienen empleo registrado. El ahorro aparente de una administración puede terminar distribuido entre todos.
Basta recordar también que el 100% de la recaudación del impuesto a los débitos y créditos bancarios se destina a la ANSES para el pago de las jubilaciones y pensiones nacionales. Nuevamente el costo que el Estado provincial deja de asumir aumenta la presión sobre los recursos que aporta el conjunto de la sociedad.
Esto no significa atribuir a Río Negro todo el desequilibrio previsional ni sostener que cada peso omitido provoca automáticamente un aumento impositivo. Significa reconocer que la solidaridad exige responsabilidades recíprocas. Defender una jubilación docente digna incluye defender los recursos que permiten pagarla, junto con las prestaciones de los demás jubilados.
Cuánto dinero está en juego
Para dimensionar el problema elaboré un escenario económico preliminar. Con supuestos de salarios y dotación de 2025, aportes personales del 13% y una contribución patronal del 10,17%, la incorporación de los conceptos considerados para el sector docente representaría aproximadamente $4.782 millones mensuales. Al incluir otros empleados provinciales, el modelo alcanza $9.554 millones. Son estimaciones sujetas a verificación, no deuda determinada ni cifras actualizadas a octubre de 2026. Precisamente por eso corresponde exigir la información oficial que permita establecer el monto real.
La deuda histórica desde 2014, necesita una reconstrucción por período, con las alícuotas aplicables, los pagos y las regularizaciones realizadas. Publicar una cifra sin esa depuración debilitaría el reclamo. Lo que sí debe terminar es la incertidumbre: la Provincia tiene que informar qué obligaciones existen, cómo están registradas y con qué recursos piensa afrontarlas. Postergar esa definición compromete también a los próximos gobiernos.
El papel de Unter y las futuras negociaciones paritarias
El reclamo de Unter ante la Justicia debe tener continuidad en la mesa paritaria. Desde ahora, el sindicato debería exigir que ningún nuevo acuerdo excluya de aportes y contribuciones conceptos que legalmente deben integrarlos. También corresponde revisar las actas anteriores y establecer qué se acordó y quiénes intervinieron. La firma de un acuerdo no reemplaza el cumplimiento de las obligaciones previsionales.
La transición requiere cuidar el salario de bolsillo. Incorporar sumas a la base contributiva puede generar descuentos personales y mayores costos patronales. Si se pretende preservar el ingreso neto, la Provincia deberá prever una compensación y explicar cómo la financiará. Es una decisión presupuestaria que debe discutirse con transparencia, sin trasladar al trabajador toda la carga de corregir una política que no diseñó.
La responsabilidad del Estado provincial
La Provincia pierde autoridad moral para exigir con rigor el pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor cuando ella misma incumple las obligaciones previsionales que sostienen las jubilaciones de los trabajadores.
ARCA y ANSES deben ejercer sus competencias, y la Legislatura debe investigar las responsabilidades que correspondan. El Estado empleador debe rendir cuentas con el mismo rigor que exige a quienes cumplen desde la actividad privada. Ningún docente debería tener que elegir entre defender su jubilación y reclamar legalidad. La mejor forma de protegerlo es conseguir que la Provincia cumpla.
(*) Contador público. Especialista en tributación.
