La media sanción en el Senado al proyecto de modernización laboral generó rápidas reacciones en la política rionegrina. Y dentro de las opiniones y análisis, desde el PRO se puso el foco en uno de sus capítulos, que declara servicios esenciales a la salud y a la educación, estableciendo esquemas de guardias mínimas que deberían garantizar su funcionamiento incluso en contextos de paro.
El legislador provincial Juan Martin fue quien puso la mirada sobre ese punto y advirtió que, si la ley nacional avanza, Río Negro tiene ante sí una oportunidad para retomar un debate que quedó inconcluso en 2024.
Una oportunidad que, según Martin, no debería dejarse pasar
“Se repite esto de las guardias al 75 % y al 50 %, que siempre tienen que estar aseguradas, la apertura de las escuelas con los docentes en las aulas, con los chicos en las aulas”, explicó en diálogo con Literal Radio.
El esquema es prácticamente el mismo que impulsó el PRO el año pasado en la Legislatura provincial. Aquella iniciativa fue aprobada en primera vuelta, pero nunca obtuvo la ratificación obligatoria en segunda instancia, por lo que perdió estado parlamentario.
“Es muy parecido al proyecto que nosotros sancionamos en primera vuelta ya en el 2024”, recordó. Y fue más allá: “Creemos que hay un momento muy oportuno para que el gobierno no deje pasar una oportunidad y pueda darles la segunda vuelta”.
Martin subrayó que, aun cuando la norma nacional obtenga sanción definitiva, su aplicación en materia educativa depende de cada provincia. “La educación es provincial. Por más que la ley nacional tenga vigor, no aplica para la jurisdicción rionegrina porque depende de las leyes provinciales”, aclaró.
En ese contexto, anticipó que su bloque insistirá con la iniciativa, para que no pierda estado parlamentario.
Qué implicaría la esencialidad en caso de paro
El legislador fue concreto al describir el alcance de la propuesta. “Las escuelas tienen que permanecer abiertas y garantizar una guardia mínima del 50 % de los docentes en las aulas”, sostuvo. Y agregó que, si la medida de fuerza se extendiera más de una jornada, ese piso debería elevarse: “Si el paro avanza, 75 %”.
La instrumentación, reconoció, no es sencilla. Por eso, el proyecto prevé que la organización quede en manos de las supervisiones escolares. “Pusimos en cabeza de la supervisión que se reúnan y que generen un calendario que prevea que, en caso de paro, se sepa cómo y por quiénes estará constituido el equipo docente”, detalló.
Ese esquema debería planificarse al inicio de cada ciclo lectivo y contemplar reemplazos. “Tiene que estar planificado al inicio del año y que además prevea un reemplazo. Todo eso se hace en la reglamentación”, explicó.
Para Martin, la clave está en garantizar la continuidad pedagógica más allá de las negociaciones salariales o los conflictos gremiales. “Acá hay una herramienta que el gobierno podría tener a la mano para garantizar que los chicos vayan a las aulas”, afirmó, en referencia al escenario de inicio de clases y a la tensión con la conducción actual de la UNTER, a la que definió como más radicalizada.
El antecedente de 2024 y el debate que quedó abierto
El tratamiento del proyecto estuvo atravesado por fuertes tensiones dentro y fuera del recinto. “Si no existía la voluntad en ese momento del propio gobernador, la ley no se hubiera tratado”, reconoció Martin sobre aquella primera vuelta del 2024.
La sesión fue extensa y emotiva. “Fue un debate largo. Hubo llanto, hubo de todo un poco”, recordó. Incluso se registraron incidentes en las afueras de la Legislatura, con docentes que intentaron ingresar al recinto.
En ese clima, el oficialismo acompañó la habilitación del debate, aunque luego el proyecto no avanzó hacia su sanción definitiva.
Críticas al Gobierno y llamado a definiciones
Martin cuestionó la falta de continuidad en el tratamiento del tema. “El gobierno no debe perder esa oportunidad”, insistió. Y apuntó contra lo que definió como una postura oscilante de Juntos Somos Río Negro: “Amagan que van por derecha, después se les cambia un poquito la ola y se van por la izquierda”.
A su entender, incluso si el Ejecutivo teme un conflicto con el gremio docente, la discusión terminará produciéndose de todos modos. “Si lo que temen es una negociación muy álgida con la Unter en caso de que se sancione el proyecto, esa negociación ya la van a tener en la reglamentación”, planteó.
Para el legislador, la media sanción nacional abrió una ventana política que Río Negro debería evaluar sin dilaciones. El debate, que en 2024 quedó a mitad de camino, vuelve ahora al centro de la escena con un interrogante de fondo: hasta dónde está dispuesto el Gobierno provincial a avanzar para garantizar que las escuelas no cierren ante cada conflicto sindical.
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