Hace años vengo denunciando las consecuencias de pagar una parte sustancial de los salarios públicos de Río Negro mediante sumas no remunerativas. Ahora, la propia secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, reconoce que existen aportes y contribuciones pendientes. Según publicó Literal, la funcionaria admitió: “No solamente faltan aportes, sino también faltan contribuciones”.
Los aportes y contribuciones a los que la funcionaria se refiere corresponden a más de 22.000 docentes y a los más de 50.000 empleados provinciales. Esta omisión es por el pagar desde el año 2011 con la sanción de la Ley 4640 y profundiza a partir del 2014, sumas no remunerativas de hasta un 80% del sueldo bruto.
En el caso de los docentes la provincia solo regulariza los últimos 3 años de su vida activa previos a la jubilación, lo hace a solicitud a efectos que el docente cobre una jubilación como si hubiere aportado siempre conforme a la Ley. Actualmente los docentes el resto de los docentes fuera de la edad jubilatoria siguen cobrando hasta el 80% de sumas no remunerativas.
El rol de ARCA frente a las obligaciones previsionales
Ante semejante reconocimiento, imagino a la ARCA actuando con el mismo rigor con que actuaría ante un empleador en idéntica situación, verificando, determinando y exigiendo el cumplimiento de las obligaciones previsionales del Estado provincial. Río Negro no tiene caja propia, aporta al mismo sistema previsional que lo hacen empleados de comercio, obreros de la construcción y autónomos.
ARCA es quien tiene competencias sobre los recursos de la seguridad social. Debe revisar las liquidaciones salariales, las declaraciones juradas y los pagos; establecer qué conceptos integraban la base previsional; determinar las diferencias exigibles y reclamar su ingreso conforme al régimen aplicable. El mismo rigor que se exige a los empleadores privados debe aplicarse al Estado provincial en su carácter de empleador.
Cuando un empleador privado enfrenta dificultades económicas, debe responder por sus obligaciones. La Provincia también debe explicar y acreditar su cumplimiento: administra recursos ajenos y, como empleador público, tiene el deber de dar el ejemplo.
El impacto sobre el sistema previsional
El mecanismo cuestionado tiene consecuencias económicas claras. Al excluir una parte del salario de la base previsional, se reducen los aportes personales y las contribuciones patronales. El trabajador recibe transitoriamente un mayor importe de bolsillo y la Provincia disminuye su desembolso patronal, mientras el sistema previsional deja de recibir recursos. Lisa y llanamente la provincia se financia con los recursos de la ANSES generando una deuda pública descomunal que supera billones de pesos.
Mi informe técnico, elaborado con valores salariales y presupuestarios de 2025, estima que la incorporación integral de esas sumas a la base contributiva representaría recursos adicionales para el SIPA del orden de $12.100 millones mensuales, considerando docentes y otros empleados provinciales. Aproximadamente $6.900 millones corresponderían a contribuciones patronales y $5.200 millones a aportes personales.
ARCA y la determinación de las diferencias
Son estimaciones preliminares, sujetas a la revisión de sus supuestos y de la información completa. Precisamente por eso debe intervenir ARCA, utilizando la nómina salarial, los recibos de haberes, las declaraciones juradas y los registros de pagos para determinar cuántos trabajadores están alcanzados, qué bases se declararon y qué diferencias corresponden.
En el caso docente, el problema ya había sido reconocido institucionalmente. En diciembre de 2021, el Gobierno provincial anunció un régimen de regularización solo para personal próximo a jubilarse, con rectificaciones y recuperación de aportes personales mediante descuentos sobre los haberes jubilatorios. La comunicación oficial se refería al personal situado a 36 meses del retiro.
Regularizar el tramo final de una carrera laboral no demuestra que se hayan recompuesto los recursos que faltaron durante los años anteriores.
Tampoco alcanza con anunciar que se están destrabando expedientes. Cada trámite resuelto permite avanzar a un trabajador, pero no explica el funcionamiento general del sistema ni las decisiones que originaron esas dificultades.
El costo que no aparece en las cuentas provinciales
El costo debe mostrarse completo. Una provincia puede reducir su gasto inmediato al no ingresar determinadas contribuciones, pero esa reducción tiene una contrapartida en el financiamiento previsional nacional. Evaluar las cuentas provinciales exige conocer también las obligaciones pendientes y los costos trasladados al sistema que paga las jubilaciones.
Este problema presupuestario no es menor, la regularización requiere, además, una transición que contemple el salario de bolsillo. Aplicar descuentos sobre conceptos que antes no los tenían puede reducir el ingreso de los trabajadores. Ese efecto debe explicitarse y discutirse junto con las alternativas para afrontarlo.
Responsabilidades y rendición de cuentas
Las declaraciones de la funcionaria también exigen esclarecer responsabilidades administrativas y judiciales. Debe investigarse quiénes tenían a su cargo las obligaciones, qué decisiones adoptaron y si existieron conductas constitutivas de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La responsabilidad penal requiere prueba e individualización; la responsabilidad política exige explicaciones desde ahora.
ARCA debe fiscalizar, la Provincia debe entregar la información y responder por las diferencias que se determinen, y la Legislatura y los organismos de control deben exigir una rendición completa. La autoridad recaudadora debe demostrar que su rigor también alcanza al poder político.
La jubilación es un derecho y su financiamiento exige obligaciones concretas. Quien gobierna debe cumplirlas y rendir cuentas. Porque la ley pierde autoridad cuando el Estado exige a los particulares una conducta que no acredita en su propia administración.
(*) Contador público. Especialista en tributación.
