La Comisión Especial del Tren del Valle de la Legislatura de Río Negro se reunió nuevamente en Roca para definir los pasos legislativos hacia la extensión del recorrido del tren de pasajeros en el Alto Valle. La atención se centra en un decreto de 2008, firmado por el entonces gobernador Miguel Saiz, y en reclamar que Nación cumpla los compromisos históricos para reactivar el servicio entre Senillosa y Chichinales.
En esta nota de Literal repasamos las normativas que aún rigen sobre las vías de la región y reconstruimos el recorrido histórico de los intentos por poner en marcha el tren.
Reunión en el Deliberante
Legisladores, intendentes, concejales, funcionarios municipales y vecinos se dieron cita el sábado por la mañana en la sede del Concejo Deliberante de Roca para abordar un reclamo histórico: el regreso del Tren del Valle. Se trató de la segunda reunión —la primera fue en Cipolletti en junio— desde la reactivación de la Comisión Especial, un organismo específicamente abocado a dar respuesta a esta problemática.
La cita no arrojó mayores novedades respecto a las ya reportadas en el último año y medio, cuando la Provincia volvió a poner en la discusión pública la situación del transporte de pasajeros en la región. La ausencia de noticias en este ámbito responde principalmente a la falta de posicionamiento del Gobierno Nacional en la materia, pese a las múltiples solicitudes formuladas.
«Entre la reunión de Cipolletti y la de Roca hemos tratado de contactarnos, pero no tenemos ningún tipo de respuesta de los organismos nacionales que son responsables, tanto de Trenes Argentinos como de la Secretaría de Transporte», expresó el legislador Javier Acevedo, vicepresidente de la Comisión Especial del Tren del Valle, en diálogo con Mañana de Noticias.
De hecho, la comisión volverá a presentar una nueva comunicación oficial al Ministerio de Economía de la Nación para que «arbitre los mecanismos necesarios en pos de la restitución y administración del servicio ferroviario». Asimismo, se dirigieron notas a los diputados y senadores nacionales de Río Negro, solicitando articular acciones conjuntas que fortalezcan el vínculo entre los distintos poderes del Estado.
Primero lo formal
No obstante, uno de los debates del encuentro ocurrido el sábado estuvo referido al Decreto 231/2008, donde el exgobernador Saiz cedió nuevamente a la Nación la operatividad de las vías férreas que surcaban suelo rionegrino. En este aspecto, la comisión optó por continuar por las vías formales de reclamo para que el Estado Nacional cumpla con los acuerdos previos de reactivación del servicio hasta Chichinales, ya que el decreto no puede ser derogado mientras las vías sigan concesionadas a FerroSur.
En caso de continuar la falta de contestaciones, los presentes propusieron declarar de interés social, político y económico las gestiones destinadas a recuperar la potestad de la provincia sobre los rieles.
Desde el bloque Vamos Con Todos solicitaron que esta postura se refleje en un proyecto de ley. No obstante, al encontrarse el decreto aún en vigencia, las autoridades de la comisión afirmaron que correspondía el formato de declaración. En paralelo, se resolvió elevar un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo Nacional para informar el posicionamiento de la provincia.
«Nosotros vamos a llevar acciones adelante y tomamos decisiones. No es hora de ponerle papas a la olla. Tomamos la decisión —votada por unanimidad— de solicitar primero por todas las maneras que nos atiendan las autoridades nacionales. Y solicitar a los diputados y senadores que nos ayuden a destrabar esta situación de la intercomunicación. No puede ser que nunca nos contesten nada», precisó Acevedo.
Se acordó, como plazo prudencial, esperar hasta la próxima reunión de la Comisión, que será en noviembre, con el «propósito de mantener un trabajo serio, plural y despojado de especulaciones partidarias».
Un deuda pendiente de la presidencia de Kirchner
En ese contexto, vale la pena recordar cómo se dio la firma del decreto de 2008, con fecha del 16 de abril. Su artículo 1 establece restituir al Estado Nacional el sector de la Línea Ferroviaria General Roca, comprendida entre Río Colorado y Cipolletti, para que, conforme al Decreto Nacional 1.261/04, se restablezca el servicio ferroviario de pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
Además, se solicitó que se incorporen al ente regulador del servicio un representante del Ejecutivo Provincial y un representante de la Comisión Pro Tren del Valle.
El decreto no surgió de manera aislada. Un mes antes, la administración de la entonces presidenta Cristina Kirchner había solicitado a Río Negro la restitución de las vías, con el objetivo de establecer un nuevo servicio ferroviario entre Chichinales y Senillosa. Sin embargo, este paso nunca se concretó plenamente, y si llegó a implementarse, fue de manera parcial, con un servicio operativo únicamente hasta Cipolletti.
La Provincia finalmente accedió al pedido al entender que había un asunto de «interjurisdiccionalidad», dado que el Tren del Valle uniría ciudades de Río Negro y de Neuquén. En ese sentido, la administración provincial consideró pertinente que el servicio sea prestado por la Nación. No obstante, el propio decreto menciona que la restitución de la línea ferroviaria no implica el renunciamiento de Río Negro a la participación en el control del servicio a prestarse.
«Esta es la parte fundamental donde está trabada la situación. Se le solicitó la potestad sobre las vías, pero el objetivo no fue cumplido de manera efectiva. Simplemente se puso en funcionamiento entre Cipolletti y Neuquén, pero nunca el tramo general», agregó Acevedo.
Un decreto que no alcanzó la desregulación
La nacionalización del servicio de pasajeros tuvo lugar cuatro años antes, en 2004, cuando el gobierno de Néstor Kirchner resolvió derogar un decreto de 1992 por el cual Carlos Menem había suprimido el servicio de pasajeros interurbanos prestados por la extinta empresa Ferrocarriles Argentinos.
«La falta de transporte ferroviario dejó sin conexión a numerosos pueblos y ciudades en todo el territorio nacional, acrecentando su destrucción económica y social, y provocando en muchos casos la desaparición de antiguas poblaciones que subsistían merced al ferrocarril», argumentaba el texto firmado en la presidencia de Kirchner.
El DNU, a 20 años de su firma, aún sigue vigente y no resultó alterado por los cambios suscitados en el último año y medio por parte de la administración de Javier Milei.
En pocas palabras, el Estado Nacional todavía cuenta con la exclusividad en el control de los servicios interurbanos de transporte ferroviario de pasajeros de largo recorrido.
