Desde enero del 2024 a octubre del 2025, Río Negro tuvo un promedio de 23 empleados estatales provinciales sancionados por mes.
Las cifras fueron difundidas este lunes por la Secretaría de la Función Pública, que informó además sobre el inicio de unos 900 expedientes disciplinarios durante ese mismo período.
El documento oficial indica que entre 2024 y lo que va de 2025 se aplicaron 513 sanciones, entre ellas 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos.
Sumarios y suspensiones a estatales
Sobre esos 900 casos analizados, la mayoría correspondía a acciones iniciadas por la gestión anterior en el Gobierno Provincial.
Esta conclusión surge de los datos aportados por el Ejecutivo, descando que “desde enero de 2024 se iniciaron 172 nuevos sumarios y se dictaron 86 suspensiones preventivas”.
“Como muestra de que el proceso ofrece garantías, en el mismo período también se resolvieron 70 sumarios con sobreseimiento de los agentes y se archivaron 193 expedientes en los que no se acreditó una falta”, resaltaron desde Función Pública.
El proceso, paso a paso
“Una sanción nunca es automática. Primero, se abre un sumario administrativo y se realiza una investigación interna para analizar el incumplimiento. Este proceso está a cargo de instructores (abogados) que garantizan que el procedimiento sea justo y que el agente tenga el derecho a defenderse”, agregaron desde el Gobierno.
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, explicó que “el objetivo de estos procedimientos es garantizar un ambiente de trabajo justo y dar respuesta a situaciones que perjudican tanto al servicio que presta el Estado, como a los propios compañeros que sí cumplen con sus tareas”.
Desde el Ejecutivo se informó que las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos, que van desde faltas graves en el servicio (como la desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en la gestión y el cuidado de insumos) hasta inconductas y conflictos interpersonales en el lugar de trabajo, incluyendo denuncias por malos tratos, insultos y peleas entre compañeros.
Estatales: las sanciones más severas
Finalmente, se encuentran las sanciones más severas. La cesantía, que implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso al Estado transcurridos cinco años, se aplica cuando hay una acumulación de sanciones previas, abandono de servicios o hechos de mayor gravedad.
La exoneración es la medida más dura: no solo supone la desvinculación definitiva de la administración pública, sino que también inhabilita de forma permanente al agente para volver a trabajar en el Estado. Esta sanción se reserva para casos extremos, como los delitos dolosos con condena penal firme.
Desde el Ejecutivo se recordó que, recientemente, por ejemplo, se aplicó la exoneración a un agente que había sido condenado por la Justicia por un caso de violencia de género.
El organismo encargado de resolver es la Junta de Disciplina. “Su composición asegura la transparencia del proceso: está integrada por un presidente abogado, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, uno por ATE y otro por UPCN”, afirmaron desde el Gobierno.
«El fortalecimiento institucional es un pilar de la gestión. Corregir lo que está mal también es rendir cuentas y valorar el esfuerzo de los agentes que sostienen el servicio público cada día», concluyó la secretaria Lastra.
