La resolución firmada ayer por la jueza Natalia González, declarando la incompetencia de la Justicia rionegrina para intervenir en el caso de la “falsa médica”, todavía no se había traducido este viernes al mediodía en el ingreso formal de la causa a los tribunales federales de Roca.
Así lo informaron fuentes judiciales, quienes detallaron que una vez recibido el expediente, el primer organismo que deberá intervenir será el Atención Inicial y de Investigación y Litigio de Casos Complejos en la Unidad Fiscal de General Roca.
Esa dependencia está a cargo del fiscal federal Matías Zanona, quien tendrá la responsabilidad inicial de analizar la presentación y determinar si corresponde que la Justicia Federal continúe con la investigación y eventualmente impulse una acusación formal contra Mariela Marzano.
La decisión no será automática. El Ministerio Público Fiscal Federal deberá revisar los antecedentes reunidos hasta el momento por la fiscalía provincial, evaluar los fundamentos de la declaración de incompetencia y definir si comparte el criterio expuesto por la magistrada rionegrina.
La propia resolución contempla esa posibilidad. González dispuso remitir las actuaciones al Juzgado Federal de Roca e invitó expresamente a ese tribunal a plantear la cuestión ante el superior común si no comparte el criterio adoptado por la Justicia provincial.
Mientras tanto, las medidas cautelares vigentes seguirán informadas dentro del expediente remitido. Entre ellas se encuentran la utilización de un dispositivo de monitoreo electrónico y la inhibición general de bienes, medidas cuya legalidad sigue siendo discutida por la defensa.
Los documentos atribuidos a organismos nacionales
El eje central de la decisión judicial gira en torno a la presunta utilización por parte de Marzano de documentación falsa vinculada a organismos nacionales.
Según la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, la mujer habría utilizado tres documentos que la fiscalía considera apócrifos: un supuesto título de médica cirujana emitido por la Universidad de Los Andes de Venezuela, una resolución del Ministerio de Educación de la Nación que habría convalidado ese título extranjero y una resolución atribuida a la Universidad Nacional del Comahue que también habría reconocido esa formación.
La jueza destacó que esos documentos aparecen vinculados entre sí y constituyen la base sobre la que se habría obtenido posteriormente una matrícula provincial para ejercer la medicina.
En uno de los pasajes centrales del fallo, González sostuvo que “no puede escindirse la investigación” porque existe una relación directa entre la presunta falsificación documental, la obtención de la matrícula y los restantes delitos investigados.
La magistrada señaló además que las resoluciones atribuidas al Ministerio de Educación de la Nación y a la Universidad Nacional del Comahue corresponden a organismos federales, circunstancia que refuerza la competencia de la Justicia Federal.
“Falsa médica”: los informes que recibió la fiscalía
La resolución de la jueza repasa parte de la evidencia incorporada durante la investigación.
Entre los elementos mencionados aparece una respuesta remitida desde la Universidad de Los Andes de Venezuela. Según la fiscalía, las autoridades de esa institución informaron que Marzano no cursó estudios allí y que el título presentado no corresponde a un documento expedido por esa universidad.
También se incorporó información del Ministerio de Educación de la Nación. De acuerdo con el fallo, desde ese organismo se indicó que la resolución presentada para acreditar la convalidación del supuesto título extranjero no se ajusta a las formalidades de los actos administrativos utilizados para ese tipo de trámites y que no existen registros oficiales vinculados a la profesional denunciada.
Respecto de la Universidad Nacional del Comahue, la resolución cita informes en los que se afirma que Marzano no es graduada de esa casa de estudios y que no existe ningún trámite de convalidación de título extranjero a su nombre. Además, se indicó que el documento presentado carece de validez institucional.
Los antecedentes de la Corte Suprema
Otro aspecto relevante del fallo es la extensa referencia a antecedentes judiciales.
González citó varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionados con investigaciones por utilización de títulos universitarios presuntamente falsificados.
Uno de los casos mencionados es “Maglio”, resuelto en 2023, donde se discutía la competencia para investigar a una persona que habría obtenido matrícula médica mediante la presentación de un título apócrifo. En esa oportunidad, la Corte concluyó que debía intervenir la Justicia Federal.
También aparecen referencias a los precedentes “Laborde” y “Acar”, en los que igualmente se dispuso la intervención del fuero federal cuando los hechos investigados involucraban documentos emitidos o atribuidos a universidades nacionales y organismos federales.
La jueza consideró que la situación analizada en Roca presenta similitudes con esos antecedentes porque la investigación involucra documentación atribuida a una universidad nacional y al Ministerio de Educación de la Nación, además de un título extranjero cuya validez era el punto de partida para la obtención de la matrícula profesional.
La defensa cuestionó el momento del cambio de fuero
Durante la audiencia, la defensa de Marzano pidió postergar la decisión sobre la competencia hasta que el Tribunal de Impugnación resuelva una queja vinculada con las medidas cautelares impuestas en abril.
Los abogados Oscar Pineda y Pablo Iribarren sostuvieron que aún existen planteos pendientes sobre esas restricciones. No obstante, subsidiariamente coincidieron con la fiscalía en que los delitos principales investigados se encuentran vinculados a organismos federales.
La jueza rechazó el pedido de suspensión. Argumentó que la competencia es una cuestión de orden público y que la existencia de recursos pendientes sobre las cautelares no impide remitir la causa al tribunal que considera competente.
Con esa decisión, el expediente quedó formalmente encaminado hacia la Justicia Federal de Roca, donde comenzará una nueva etapa procesal centrada, en primer término, en determinar si el fuero federal asume definitivamente la investigación.
