La historia de la falsa médica que atendía en una clínica privada de Roca dio un giro decisivo y ya está en manos de la Justicia. El Ministerio de Salud de Río Negro presentó una denuncia penal contra la mujer —cuya identidad se mantiene en reserva— por ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentos públicos, delitos que podrían implicar penas de hasta seis años de prisión. Desde la cartera sanitaria aseguran que se trata de un caso inédito en la provincia.
Una investigación en curso
Las primeras sospechas sobre la autenticidad de su título comenzaron a tomar forma en marzo, cuando el Estado provincial fue alertado a partir de una presentación realizada por la Clínica Roca, uno de los centros donde la denunciada prestaba servicios. A partir de allí, se iniciaron actuaciones preliminares para verificar la documentación.
En una primera instancia, el caso derivó en la suspensión preventiva de la matrícula. Con el avance de la investigación administrativa y la recolección de pruebas, el Ministerio formalizó este lunes la denuncia ante la Fiscalía General, acompañada de material respaldatorio que daría cuenta de la presunta falsificación de la titulación.
Desde Salud indicaron que continuarán colaborando con la Justicia y pondrán a disposición todo el legajo personal de la mujer, con el objetivo de que se determinen las responsabilidades penales correspondientes.
Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) señalaron a Literal que la denuncia, que ingresó en las últimas horas, se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía N° 4 de Roca, a cargo de la fiscal Celeste Benatti. Aunque ya se dio inicio a una investigación preliminar, desde el organismo mantuvieron reserva sobre las medidas dispuestas.
Cómo nació la denuncia
El caso tomó estado público hace pocos días, pero las primeras señales de alerta se habían encendido semanas antes. Fue la propia Clínica Roca la que detectó irregularidades durante una instancia de concurso interno en la que la mujer intentaba participar. Su desempeño y conocimientos en el ámbito médico comenzaron a generar dudas entre colegas de la institución.
A partir de esas sospechas, se puso en marcha una revisión interna y se elevó una consulta a comienzos de marzo al Ministerio de Salud para verificar la situación de su matrícula. En particular, se solicitó corroborar la validez del título de “Médico Cirujano” que la mujer decía poseer, supuestamente expedido por la Universidad de Los Andes (Venezuela), así como su presunta convalidación ante la Universidad Nacional del Comahue.
“Desde el área de Fiscalización Sanitaria empezamos a revisar la documentación y eso nos generó dudas. Por eso hicimos la consulta directa con la Universidad del Comahue”, explicó a este medio Natalia García, secretaria de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud. “Ella había presentado papeles que acreditaban una reválida de su título extranjero, pero la primera sorpresa fue que esa resolución era apócrifa. No existía en los registros oficiales de la universidad”, detalló.
En paralelo, la clínica avanzó con una verificación ante la casa de estudios venezolana. La respuesta fue tajante, la mujer no figuraba ni como graduada ni como estudiante.
“Frente a ese escenario, lo primero que hicimos fue la suspensión preventiva de la matrícula. Aunque no trabajara en el sistema público, como autoridad de aplicación tenemos la responsabilidad de controlar el ejercicio profesional”, agregó García.
Casi seis años en sanidad
El caso también dejó al descubierto debilidades en los mecanismos de control de la Provincia durante la pandemia. De acuerdo a los registros, la mujer se desempeñaba como médica desde agosto de 2020. Primero ingresó al hospital de Roca y luego trabajó en varias instituciones privadas de Roca y Regina. También ejerció como docente en colegios privados de la ciudad.
Desde la cartera sanitaria señalaron que su incorporación se produjo en pleno pico de demanda de profesionales, lo que facilitó que se saltearan controles de verificación. No obstante, remarcaron que la documentación presentada parecía original e incluso estaba respaldada por un escribano público de la ciudad.
“Ella se matriculó en plena pandemia, cuando tanto el sector público como el privado estaban abocados a buscar médicos. Presentó la documentación en papel y con una copia certificada por un escribano público de Roca. A simple vista está correcta, porque se entiende que ese documento fue verificado previamente y además contaba con una convalidación”, precisó García. La denuncia penal no alcanza, en principio, al escribano que certificó esos documentos.
Asimismo, la funcionaria defendió la actuación del Ministerio, que por entonces enfrentaba serias dificultades para verificar la documentación. “En ese momento no se podía corroborar con las universidades. Hoy sí lo hacemos. ¿Por qué no se pudo entonces? Porque todo estaba cerrado. No había forma de que, de manera inmediata, las casas de estudio nos confirmaran si ese título era válido o no”, afirmó.
¿Quién controla?
García remarcó que, a diferencia de aquel contexto, actualmente cada pedido de matrícula se verifica con las universidades y confirmó que se está revisando la documentación de todo el personal sanitario de la provincia. Esto se da en el marco de la implementación de un nuevo sistema de matrícula digital, en el que los profesionales deben volver a cargar su información.
“En ese proceso se realiza una convalidación, es decir, un cotejo de la documentación antes de admitirla en el nuevo sistema, en articulación con las universidades”, agregaron.
Por otro lado, la cartera sanitaria aseguró que, hasta el momento, no existen denuncias de pacientes por irregularidades en la atención, aunque se mantienen en alerta ante eventuales presentaciones.
