Más de 13 años pasaron desde la usurpación de 87 casas del plan de House Vial, en Roca. Y la polémica se reactivó esta semana, porque el IPPV pretende que los vecinos empiecen a pagar por esas viviendas, pero la oferta con un “súper-descuento” que hizo el organismo fue rechazada.
Un resumen rápido sobre los números dice que cada casa tiene un valor a nuevo de $ 55 millones, que el IPPV sólo les pide $ 21 millones a cada adjudicatario y que un grupo de familias se niega a asumir esa deuda, exigiendo que se aplique una norma que llevaría el precio de cada unidad habitacional a menos de $ 700.000.
“Si acepto eso, me tienen que denunciar y voy preso”, fue la tajante respuesta que dio el titular del IPPV, Mariano Lavín, cuando se lo consultó sobre el planteo que hicieron esos vecinos durante la reunión realizada el jueves por la tarde.
Los que aceptan la oferta del IPPV
El funcionario aclaró que los opositores a la propuesta del organismo no son todos los ocupantes del plan de viviendas, construido en la zona oeste de Roca, al norte de la calle Villegas.
“Hay familias que incluso habían aceptado una oferta inicial, que era de 31 millones por casa, pero hay otros que piden aplicar un procedimiento que es imposible de contemplar. Sería aceptar que paguen por una casa el valor de un mes de alquiler en cualquier localidad de nuestra región”, señaló.
House Vial, 13 años en el limbo
Las conversaciones entre autoridades del IPPV y familias del plan de House Vial vienen desarrollándose desde hace varias semanas, con el objetivo de poner un corte al limbo en el que se encuentra el barrio desde que ocurrió la usurpación, en 2012.
Esa reacción surgió luego de que explotara el escándalo por las estafas cometidas por la cooperativa House Vial, que sobrevendió lotes y generó un escenario en el que había 160 casas y un número mucho mayor de aspirantes que habían pagado por ellas.
Lavín comentó que, bajo esa meta de regularizar el vínculo, decidieron tasar las unidades -que tienen 49 metros cuadrados- y sobre ese valor, aplicaron descuentos. Las quitas fueron por el paso del tiempo y porque las casas no estaban terminadas cuando las ocuparon y cada familia tuvo que invertir dinero para dejarlas 100% habitables.
El titular del IPPV calificó a esa reducción como un “súper-descuento”, porque es un 40% del valor actualizado de un inmueble nuevo con esas características.
La mirada desde el otro extremo
Sin embargo, lo que para el Gobierno provincial es una oportunidad muy buena, para un grupo de vecinos es un camino incorrecto en busca de la solución.
Según consta en la nota que presentaron el jueves, esas familias cuestionan el método elegido por el IPPV para hacer la valuación oficial de sus casas.
El organismo utilizó el esquema UVI (Unidades de Vivienda), diseñado y lanzado a nivel nacional en 2016 por la Ley 27.271. Y los vecinos afirman que no se puede aplicar para ellos una normativa que entró en vigencia cuando el barrio ya estaba construido.
De esta manera, el planteo que hicieron se basa en recibir el mismo trato que sus vecinos de las 73 Viviendas, que están pagando sus casas bajo la antigua normativa de recupero del IPPV.
En los hechos, eso implica que el valor de la cuota es de $ 1.821 mensuales, llegando a un monto total de $ 655.560 por vivienda en 360 cuotas fijas.
“Tenemos voluntad de pago”
“Nos quieren ensuciar, diciendo que no queremos pagar. Nosotros manifestamos nuestra voluntad de pago muchas veces. Ante el propio Weretilneck incluso, cuando nos entregaron las tenencias precarias. Lo que pedimos es un trato justo. Si la gente de las 73 viviendas paga de una forma, ¿por qué nosotros vamos a pagar distinto?”, sostuvo un vecino que dialogó con Literal.
Lavín ratificó que esa alternativa no es viable y que las 87 familias del sector ocupado irregularmente tendrán 60 días para firmar un acuerdo con el IPPV. En el caso de no arribar a un consenso, el organismo iniciará las acciones correspondientes para recuperar el inmueble y avanzar hacia una nueva adjudicación.
Escuchá la entrevista a Mariano Lavín en Mañana de Noticias
