El gobierno de Río Negro finalmente avanzó con la libre elección de obra social para los trabajadores estatales y envió el proyecto que elimina la obligatoriedad de permanecer en Ipross.
La propuesta oficial recupera, con algunos matices, una idea que ya había sido planteada a principios de marzo por la legisladora libertaria Martina Lacour y Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro. Además, existen antecedentes similares presentados en 2024 por los bloques del PRO y Cambia Río Negro. La diferencia es que aquellas iniciativas vuelven ahora a la agenda legislativa, pero esta vez bajo la firma exclusiva del Poder Ejecutivo.
Los detalles que se conocen
A través de las redes sociales, el gobernador Alberto Weretilneck confirmó el cambio que se avecina para los empleados públicos y que modifica una de las condiciones centrales de su relación con la obra social. “Ipross está cambiando permanentemente. Ahora damos un paso más: libertad de elección para las y los agentes públicos de la provincia”, sostuvo el mandatario desde el ingreso de la sede central en Viedma.
La propuesta apunta a incorporar el derecho de opción para los afiliados directos, tanto activos como pasivos. Aunque todavía no se conoce el texto formal del proyecto, la Provincia adelantó que quienes decidan ejercer ese derecho podrán derivar sus aportes y contribuciones hacia otra entidad habilitada, manteniendo también la cobertura de su grupo familiar primario. La elección, en este sentido, deberá abarcar a todo el grupo familiar a cargo.
El cambio no será inmediato ni podrá modificarse de manera permanente. Una vez que el afiliado opte por otra cobertura, deberá permanecer allí durante un período mínimo de tres años. Recién cumplido ese plazo podrá volver a cambiar de entidad o, si así lo decide, reincorporarse a Ipross.
LIBERTAD PARA ELEGIR LA OBRA SOCIAL Vamos a enviar a la Legislatura un proyecto para que los trabajadores y jubilados estatales de Río Negro puedan elegir su obra social y dejen de estar obligados a permanecer en IPROSS. Queremos un @Iprossrionegro mejor, más moderno y con mejores prestaciones. Pero también creemos que cada trabajador tiene que tener la libertad de decidir dónde atenderse y a qué cobertura destinar sus aportes. El proyecto garantiza además la continuidad de los tratamientos y la cobertura de todo el grupo familiar, con la posibilidad de volver a IPROSS. Es un cambio importante: menos imposiciones y más capacidad de decisión para los rionegrinos. Río Negro está cambiando. Tenemos rumbo.
— Alberto Weretilneck (@Weretilneck) September 10, 2026
El proyecto también contempla que, si la cobertura elegida deja de prestar el servicio por motivos ajenos, la reincorporación a Ipross será automática. A la vez, los tratamientos que se encuentren en curso deberán continuar sin interrupciones durante el proceso de cambio, para evitar cualquier afectación en la atención médica.
Según la fundamentación difundida por el Gobierno, la incorporación de la libre elección forma parte de un proceso más amplio de modernización. En ese recorrido, la Provincia menciona la incorporación de herramientas digitales, la posibilidad de abonar coseguros desde el teléfono y la ampliación de distintas coberturas.
El propio Weretilneck vinculó la apertura del sistema con la intención de que la obra social provincial pueda sostener a sus afiliados frente a la posibilidad de elegir otras coberturas. “Por un lado, sacamos una cuestión autoritaria. Los empleados públicos estaban rehenes de IPROSS. Y por otro lado, pensamos que IPROSS pueda competir con otras obras sociales. Con este plan de mejora se va a competir para que no se vayan sus afiliados. Es interesante desde los dos puntos de vista”, sostuvo el mandatario en declaraciones a Canal 10.
El planteo opositor
El mandatario espera que el proyecto no encuentre resistencia en la Legislatura. “Creo que debería tener un apoyo importante”, remarcó al referirse al tratamiento de cara a la sesión del próximo jueves 24.
La expectativa oficial tiene un dato político concreto detrás, dado que la eliminación de la obligatoriedad no es una discusión nueva y ya había sido planteada desde sectores de derecha. Se trató de un reclamo que apareció vinculado a las dificultades que algunos afiliados vienen señalando respecto de las prestaciones y la cobertura de Ipross.
Ese antecedente quedó plasmado a comienzos de año en el proyecto presentado por las legisladoras Lacour y Mansilla. La iniciativa proponía introducir competencia entre las distintas obras sociales sindicales, públicas y entidades de medicina prepaga, con el argumento de que la posibilidad de elegir podía incentivar mejoras en las prestaciones y una oferta de coberturas más amplias y especializadas.
El proyecto opositor tomaba como referencia el Decreto 70/2023, que reconoció la posibilidad de que los trabajadores opten por una cobertura diferente y estableció que los aportes deben ser derivados a la entidad elegida por el afiliado.
La cautela que había en Ipross
En ese punto aparece una de las principales diferencias con el esquema actual de Ipross y, al mismo tiempo, uno de los interrogantes que deberá resolver el proyecto oficial: no se trata solamente de permitir que un trabajador cambie de obra social, sino de determinar qué ocurrirá con los recursos que hoy sostienen al Instituto.
La cuestión adquiere mayor relevancia cuando se observa la situación económica del organismo. Ante una consulta de Literal realizada meses atrás, desde Ipross habían planteado cautela frente a cualquier modificación de la obligatoriedad y habían advertido que una reforma de este tipo requería evaluar con profundidad su impacto financiero. Esa posición contrasta con el impulso que ahora tomó el Gobierno para avanzar con la libre elección.
La estructura actual del instituto se rige por los parámetros establecidos en la Ley Nº 2.753, vigente desde 1994: un aporte del 4% de los trabajadores estatales y una contribución del 7% a cargo del Estado provincial o municipal. Según datos oficiales, el aporte promedio mensual por trabajador rondaba, a fines de julio, los $75.059.
Durante 2025, los ingresos por aportes personales alcanzaron unos $61.370 millones, mientras que las contribuciones estatales sumaron otros $102.931 millones. En conjunto, representan cerca de $164.300 millones. Frente a las erogaciones previstas para Ipross en el Presupuesto 2026, de alrededor de $260.000 millones, los recursos ingresados durante el año pasado cubrieron poco más del 62% de ese monto.
El desfasaje ayuda a explicar por qué la discusión sobre la libre elección excede la cuestión de la autonomía del trabajador y respalda con claridad la precaución que mantenía el organismo: “Cualquier cambio debe evaluarse cuidadosamente, ya que el esquema actual está diseñado para garantizar el acceso a la salud de todos los trabajadores estatales y sus familias”, enfatizaban desde Ipross.
La diferencia con los privados
Ahora, con el proyecto oficial sobre la mesa, el interrogante pasa por cuántos de esos recursos podrían salir y qué impacto tendrían sobre sus cuentas. También quedará por determinar si las obras sociales y demás entidades habilitadas estarán dispuestas a recibir a los estatales.
La comparación con el régimen privado permite dimensionar parte de esa discusión. Para un trabajador del sector privado con un salario bruto de $1.500.000, el aporte obligatorio destinado a la obra social representa el 3%, es decir, $45.000, mientras que el empleador aporta otro 6%, equivalente a $90.000. A eso se suma el aporte destinado a PAMI.
El detalle del articulado permitirá determinar cómo se instrumentará finalmente la opción, qué recursos podrán derivarse y bajo qué condiciones. Pero detrás de la discusión sobre la libertad de elegir cobertura aparece una pregunta más estructural: cómo se garantizará el sostenimiento del actual esquema solidario.
