Como ciudadano de la provincia de Río Negro, quiero visibilizar una práctica que desde hace años erosiona silenciosamente el sistema previsional nacional. Se trata de un esquema implementado por el gobierno provincial que, bajo apariencia de legalidad, comete un verdadero fraude institucional que compromete nuestro futuro.
Los docentes rionegrinos, durante gran parte de su vida laboral, cobran más del 80% de su salario en sumas “no remunerativas”, sobre las que no se realizan aportes ni contribuciones a la ANSES.
Sin embargo, al llegar al último tramo antes de jubilarse, se les solicita que firmen una nota para que esas sumas pasen a ser remunerativas. Así, se simula que el haber jubilatorio corresponde a una carrera completa con aportes plenos, cuando en realidad el Estado provincial evadió sus obligaciones durante décadas.
Esta maniobra —ingeniosa pero profundamente injusta e ilegal— termina perjudicando al sistema previsional nacional, especialmente a los trabajadores del sector privado, en relación de dependencia o autónomos, que aportan todos los meses con la expectativa de una jubilación digna y sostenible. A ellos nadie les permite “arreglar los papeles” al final del camino.
Jubilaciones: el caso testigo
Cuando la trampa se convierte en regla, y esa regla la adopta el gobernante, el costo lo paga la sociedad entera. Porque la injusticia, cuando se institucionaliza, no castiga al poder, sino a quienes menos margen tienen para defenderse.
Y ya hemos visto esa institucionalización en acción. En 2021, un docente rionegrino —a solo un año de jubilarse— olvidó presentar la nota que debía “solicitar” el pase de las sumas no remunerativas a remunerativas.
Como resultado, ANSES calculó su haber en función del único salario legalmente declarado: apenas el 20% del total. El docente, al advertir el daño, hizo la denuncia correspondiente. Y ahí quedó expuesta la maniobra: ANSES suspendió todas las liquidaciones para revisar los casos.
¿Qué hizo el poder? En lugar de corregir la irregularidad estructural, se reunió la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras), la titular de ANSES (Fernanda Raverta) y un senador nacional (Martín Doñate). En una decisión completamente arbitraria y sin sustento legal, acordaron que la provincia regularizaría solo los últimos tres años de aportes omitidos, y que los docentes asumirían la deuda mediante un plan de pagos.
Esto es ilegal: los aportes y contribuciones al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) no pueden omitirse, ni delegarse su ingreso en el trabajador. Son obligación del empleador, y en este caso, del Estado.
Ocultar la trampa
Lo que se hizo fue ocultar la trampa, en lugar de desarmarla. Y así quedó institucionalizada avalando su continuidad, que persiste hasta el día de hoy.
Este caso no es aislado ni menor. Involucra a miles de docentes y compromete miles de millones mensuales en aportes que deberían haberse destinado al sistema previsional nacional. No estamos ante un error, sino ante una práctica sistemática, sostenida y avalada políticamente. Es, en definitiva, una política de evasión institucional.
De esta situación, recientemente ha tomado conocimiento la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Y hago un llamado público a los organismos de control, especialmente a la AFIP (hoy ARCA), en su rol de fiscalizadora de los aportes y contribuciones al sistema previsional nacional, para que actúe con el mismo rigor con que lo hace frente a cualquier empleador privado o trabajador autónomo.
También extiendo esta convocatoria a los legisladores provinciales de Río Negro, para que tomen cartas en el asunto y frenen esta práctica institucionalizada de evasión. Y a los diputados nacionales, porque al tratarse de recursos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, este es un tema federal que afecta a toda la ciudadanía argentina. Algunos ya bastante hicieron oídos sordos.
Los verdaderos perjudicados
Del otro lado de este sistema están los verdaderos perjudicados, los empleadores privados, sus empleados y los trabajadores autónomos que deben cumplir rigurosamente con sus obligaciones previsionales.
Si alguno de ellos intentara pagar a sus empleados un salario no registrado y luego “blanquearlo” al final de la carrera laboral, le caería encima la AFIP (hoy ARCA), la Justicia, y estos mismos representantes que hoy miran para otro lado. Multas, embargos, juicios y, en muchos casos, prisión. La ley penal tributaria no les da margen. ¿Por qué al Estado sí?
Ese doble estándar debería alarmar a todo el sector privado, porque implica que el poder político se reserva para sí mismo el derecho de violar las normas que exige a los demás.
No estamos solo ante una injusticia: estamos ante una asimetría legal que erosiona la confianza en el sistema y en sus instituciones. La maniobra descripta disfrazada de legalidad es un delito que la ciudadanía entera debería repudiar y exigir que la justiciar intervenga aplicando todo el peso de la Ley.
El sistema previsional no puede sostenerse con trampas, ni con excepciones disfrazadas. Se sostiene con verdad, con justicia, y con reglas parejas para todos. De lo contrario, el Estado no solo pierde autoridad moral, sino que debilita la confianza ciudadana en el sistema tributario, comprometiendo su legitimidad y sostenibilidad a largo plazo.
No se trata solo de los derechos de un sector, sino del deber de todos los ciudadanos de exigir un Estado que cumpla la Ley que impone.
(*) Contador público
