El bloque de la oposición Vamos con Todos presentó un proyecto de ley para crear el Régimen Provincial de Gestión de Intereses, asegurando que sería una herramienta útil para transparentar las reuniones y gestiones que mantienen los funcionarios del Poder Ejecutivo rionegrino con empresarios, sindicatos y representantes de distintos sectores de la sociedad.
La iniciativa, encabezada por el legislador José Luis Berros, surgió dentro del contexto de cuestionamientos por una presunta reunión entre el gobernador Alberto Weretilneck y el empresario Fred Machado, detenido con prisión domiciliaria en Viedma y requerido por la Justicia de Estados Unidos por causas de narcotráfico, fraude y lavado de dinero.
Un comunicado de la bancada opositora dijo que, “según testimonios de guardias y funcionarios”, el encuentro habría ocurrido entre el 15 y el 30 de abril del 2019, aunque no existe registro oficial ni fue informado públicamente.
La reacción en Casa de Gobierno
Literal consultó este lunes al Ejecutivo provincial sobre el proyecto opositor. La respuesta llegó desde la Secretaría de Comunicación, indicando que oficialmente todavía no se analizó el tema, porque primero debe abordarse en la Legislatura.
Publicidad e igualdad
“La democracia republicana se sostiene sobre dos pilares: la publicidad de los actos de gobierno y la igualdad de acceso a la toma de decisiones públicas. Cuando esos principios se vulneran, se debilita la confianza de toda la sociedad”, expresó Berros al fundamentar el proyecto, que cuenta con el respaldo de todo el bloque.
El legislador sostuvo que la propuesta busca garantizar que toda reunión —presencial o virtual— entre funcionarios y representantes de intereses privados se registre y publique en un portal digital de libre acceso.
“No hay democracia sin transparencia. Y no hay transparencia cuando los funcionarios se reúnen a escondidas con quienes manejan grandes intereses económicos”, enfatizó.
Un antecedente pendiente en Río Negro
En la Argentina, el Decreto Nacional 1172/2003 introdujo por primera vez la obligación de registrar las gestiones de intereses en el Poder Ejecutivo. Varias jurisdicciones —como Mendoza, Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires— ya cuentan con leyes específicas.
Río Negro, en cambio, nunca avanzó en una regulación integral. El antecedente más cercano es el proyecto 1253/2010, impulsado por la entonces legisladora Magdalena Odarda, hoy también integrante de Vamos con Todos.
La oposición habla de un “antes y un después”
El nuevo proyecto apunta a crear un Registro Público de Gestión de Intereses, gratuito, digital y abierto, que deberá consignar fecha, lugar, participantes, entidad representada, objeto de la gestión y resultado preliminar de cada encuentro.
La norma alcanzaría a ministros, secretarios, subsecretarios, directores, presidentes de entes y autoridades de empresas públicas, quienes estarán obligados a declarar toda reunión que busque influir en decisiones administrativas o regulatorias.
La falta de registro se consideraría una falta ética grave, según lo que dispone la Ley Provincial de Ética Pública N° 3550.
Berros señaló que el caso Machado “ilustra con crudeza los riesgos de un Estado sin control, donde el poder se maneja entre pocos y de espaldas a la gente”.
“Queremos saber quiénes influyen en las decisiones del gobierno. Si un empresario se sienta con el gobernador, con un ministro o con una secretaria de Estado, debe saberse. No se trata de persecución, sino de rendición de cuentas”, agregó.
El bloque opositor consideró que la medida “marca un antes y un después en materia de transparencia pública en Río Negro”, al “cerrar la puerta a los acuerdos en la penumbra y abrir un camino de control democrático y ética institucional”.
