La jueza de garantías Natalia González hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) en el marco de la investigación por la presunta falsa médica de Roca. Mariela Marzano, quien había sido detenida de manera preventiva el martes, recuperó la libertad, aunque deberá cumplir una serie de condiciones: tiene prohibido salir del país, quedó sujeta a la inhibición general de bienes y deberá portar un dispositivo de monitoreo electrónico.
Sin formulación de cargos
La audiencia, requerida por la Fiscalía N° 4 a cargo de Celeste Benatti, se realizó este mediodía en la sede judicial de Roca.
Durante su exposición, la fiscal explicó que la causa se encuentra en una etapa preliminar, centrada en la recolección de evidencia, por lo que aún no se formularon cargos de manera formal. En ese contexto, se ordenaron allanamientos tanto en el domicilio de la mujer como en la vivienda de un familiar. Como resultado, se secuestró diversa documentación —entre ella, títulos, sellos y recetarios—, además de medicación, dispositivos electrónicos y registros vinculados a la actividad médica, todo lo cual será sometido a pericias.
En paralelo, este jueves se llevaron adelante diligencias en las clínicas donde la sospechada se desempeñaba, cuyos responsables manifestaron su disposición a colaborar con la investigación.
Si bien la imputación formal aún no fue realizada, la fiscalía adelantó una calificación legal provisoria que incluye los delitos de ejercicio ilegal de la medicina (artículo 208, inciso 1°), usurpación de títulos (artículo 247), falsificación de documento público (artículo 292, inciso 1°), uso de documento público falso (artículo 296) y defraudación agravada contra la administración pública y privados.
Las medidas solicitadas
En función de ello, el MPF solicitó la imposición de medidas cautelares por el plazo de seis meses, mientras avance las averiguaciones preliminares. Como fundamento, la fiscalía planteó la existencia de riesgo de fuga.
“Tenemos en cuenta que ejerció la medicina de manera ilegal, lo que le habría generado ingresos económicos y una eventual capacidad patrimonial para sustraerse del accionar de la Justicia. Además, en los allanamientos se constataron pasaportes, lo que refuerza la posibilidad de salida del país”, argumentaron. Benatti también sostuvo que el ejercicio de la medicina le habría permitido a la acusada alcanzar cierta solvencia económica, evidenciada en la posesión de bienes como una vivienda y un vehículo.
Por estos motivos, se pidió la prohibición de salida del país, la obligación de mantener domicilio actualizado, la colocación de una tobillera electrónica y la presentación periódica —dos veces por semana— ante la comisaría más cercana a su domicilio. Asimismo, se ordenó la inhibición general de bienes, en función del presunto beneficio económico obtenido por el ejercicio de la medicina.
Por su parte, el defensor de Marzano, Miguel Zeballos, manifestó su conformidad con la mayoría de las medidas, aunque objetó la inhibición de bienes y la colocación del dispositivo de monitoreo electrónico. En ese sentido, propuso como alternativa reforzar las presentaciones periódicas ante la autoridad policial para garantizar la sujeción al proceso de su defendida.
La resolución de la jueza
Tras un cuarto intermedio, la jueza González sostuvo que “no se discute la presunción de inocencia de la persona investigada y, aunque aún no se ha formalizado la imputación, el Código Procesal Penal habilita la imposición de medidas cautelares desde el inicio del proceso”.
En consecuencia, la magistrada resolvió hacer lugar a la mayoría de los planteos de la fiscalía, aunque dejó sin efecto la obligación de presentaciones periódicas en comisaría. Así, dispuso la prohibición de salida del país y estableció que la imputada no podrá ausentarse de Roca sin autorización judicial previa.
En cuanto al monitoreo electrónico, González consideró que la colocación de la tobillera no resulta desproporcionada, en particular si se tiene en cuenta que la mujer ya no se encuentra en ejercicio profesional, tras la baja de su matrícula en el sistema sanitario.
Las medidas cautelares regirán por el plazo de seis meses, con vencimiento el próximo 18 de octubre. No obstante, podrán ser revisadas o modificadas a lo largo del proceso. En caso de incumplimiento, el MPF podría disponer su agravamiento e incluso ordenar la detención.
“Usted debe cumplir con todas estas medidas para no perder su libertad”, advirtió la jueza al finalizar la audiencia.
