La Unión Cívica Radical (UCR) de Río Negro se reunió este fin de semana en Chimpay para aprobar la reforma de su Carta Orgánica. La modificación incluyó la delegación al Comité Central de las facultades para definir la política de alianzas de cara a las elecciones del próximo año y prorrogó los mandatos de las autoridades partidarias.
Sin embargo, la decisión no cerró el debate interno sobre el vínculo con Juntos Somos Río Negro (JSRN). Un sector del radicalismo rionegrino mantiene su rechazo a la continuidad del acuerdo con el oficialismo provincial, cuestiona algunos de los cambios aprobados y advierte por un «golpe institucional a la democracia interna«.
Lineamientos ”modernizados”
Según se informó desde la UCR, la reforma introduce cambios en el funcionamiento interno del partido, entre ellos nuevas modalidades de participación y mecanismos para adaptar la estructura partidaria a las características territoriales de la provincia. En concreto, se actualizaron los canales de comunicación, se permitió la posibilidad de realizar reuniones presenciales, virtuales o híbridas, se incorporaron previsiones sobre paridad y se reconocen dentro de la estructura partidaria a la Secretaría de la Mujer y a UCR Diversidad.
“Llegar a una aprobación unánime después de un proceso de discusión tan amplio tiene un enorme valor. Esta reforma no se construyó a puertas cerradas ni entre unos pocos: recibió aportes, observaciones y propuestas de distintos comités de Río Negro que fueron enriqueciendo el texto”, comentó Guillermina Alaniz, presidenta de la Convención y encargada de dirigir el proceso de actualización.
Otro aspecto que cambió con el nuevo documento fue la delegación de facultades al Comité Central para definir y formalizar alianzas electorales. De esta manera, la conducción partidaria tendrá a su cargo las negociaciones y la definición de eventuales acuerdos, paso decisivo de cara a las elecciones del próximo año.
El presidente del partido, Ariel Bernatene, vinculó esa facultad con la discusión sobre el lugar que ocupará la UCR en los próximos comicios. “El radicalismo debe participar en las decisiones, aportar al programa y contar con una representación acorde con su presencia territorial y su capacidad”, sostuvo.
Los límites
La reforma establece como condición para avanzar en alianzas que los espacios involucrados se encuadren en “un marco ideológico compatible con los principios e ideas” del radicalismo. El criterio fija un marco para las negociaciones que deberá llevar adelante la conducción partidaria.
En diálogo con Literal Radio, la legisladora Lorena Matzen explicó que ese límite excluye tanto a La Libertad Avanza como al kirchnerismo y planteó la posibilidad de acuerdos con sectores que, según su definición, se ubiquen en posiciones más moderadas. “Claramente con Milei no, nosotros sí creemos en el Estado. Claramente con el kirchnerismo extremo, no. Con todo lo que vaya al centro, el peronismo, digamos, que es moderado, que cree en el Estado, con cualquiera de los partidos”, señaló.
Matzen, además, explicitó que la intención es sostener el esquema de alianza que la UCR conformó con Juntos en 2023 y defendió la participación del radicalismo dentro de ese espacio. “No nos queda mal porque además hemos construido mucho desde ahí. No es que estamos de invitados nada más, sino que hemos podido construir desde ahí nuestras gestiones municipales y también todo el trabajo que hacemos en el territorio”, sostuvo.
Críticas internas
La aprobación “unánime” de los cambios en la Carta Orgánica, sin embargo, no se tradujo en un acuerdo acabado sobre la estrategia que debería adoptar la UCR de cara a los próximos comicios.
En ese punto aparecen diferencias que llevaron a un grupo de dirigentes, afiliados y militantes opositores a la actual gestión partidaria a expresar su rechazo a la posibilidad de mantener un frente con el oficialismo provincial. La postura fue difundida a través de un documento en el que el sector no solo cuestiona un eventual entendimiento con Juntos, sino también algunas de las modificaciones aprobadas por la Convención.
Puntualmente, cuestiona la modificación del artículo 13 de la Carta Orgánica, que permitió delegar en el Comité Central la facultad para definir las alianzas electorales. Según sostienen los firmantes, la decisión reduce el ámbito de intervención de la Convención, un órgano que históricamente tuvo a su cargo la discusión y aprobación de los acuerdos con otros espacios políticos.
En el comunicado, los dirigentes calificaron la modificación como un “golpe institucional a la democracia interna” y advirtieron que la resolución “vacía de contenido las funciones de la Convención”. También cuestionaron que la nueva distribución de facultades reduzca los espacios de deliberación dentro del partido.
”Doble vara”
Otro de los puntos planteados está relacionado con el artículo 7 de la Carta Orgánica, referido a las condiciones de afiliación. El sector contrapone la modificación aprobada recientemente —que establece que la falta de pago de las contribuciones ordinarias no implicará por sí sola la pérdida de la afiliación— con una decisión adoptada meses atrás respecto de una concejal radical, cuya desafiliación, según el documento, estuvo vinculada con el incumplimiento de aportes partidarios.
A partir de esa comparación, los firmantes cuestionaron lo que consideran un cambio de criterio de la conducción partidaria y hablaron de una “doble vara” en la aplicación de las normas internas.
El documento también cuestiona la disposición transitoria que prorrogó los mandatos vigentes de la Convención y de los comités hasta el 10 de diciembre de 2027. Los dirigentes sostienen que la medida impide la renovación de las autoridades partidarias mediante elecciones internas durante un período en el que se desarrollará el próximo proceso electoral provincial.
En ese punto, el sector calificó la medida como parte de un “esquema de concentración de poder”.
