El senador nacional de La Libertad Avanza, Enzo Fullone, presentó un proyecto de ley para crear un “Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública”, orientado a resolver la situación de contratos de obras nacionales que permanecen paralizados, neutralizados o sin cierre administrativo definitivo, tal como ocurre con las rutas 22, 151 y 23 en Río Negro.
La iniciativa propone habilitar herramientas para evaluar, regularizar y cerrar contratos de obras públicas nacionales que registren “una inactividad prestacional prolongada”, se encuentren paralizados de hecho o formalmente, o cuyos plazos hayan vencido sin recepción definitiva.
Según el texto, el objetivo es “sanear la situación contractual, mitigar riesgos para la seguridad vial, eliminar pasivos contingentes y optimizar la gestión de la infraestructura y el patrimonio público”.
Alcance y criterios del régimen
El proyecto establece que el régimen alcanzará a contratos de obras públicas que lleven paralizados un período igual o superior a tres años. La Ruta 22 entraría dentro de esos parámetros, ya que está formalmente neutralizada desde marzo del 2022.
Por otra parte, la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la Ley de Obras Públicas, a evaluar y regularizar esos contratos “conforme al interés público comprometido”.
Entre los puntos centrales del esquema aparece la obligación de elaborar informes técnicos sobre cada obra alcanzada. Esos estudios deberán contemplar el grado de avance físico y financiero, el tiempo transcurrido desde la paralización, las causas que impidieron la recepción definitiva y la conveniencia de continuar o reformular cada proyecto.
El texto también prevé que el Estado pueda analizar nuevas modalidades de contratación o actualización de proyectos, en los casos donde resulte necesario para concluir o redefinir las intervenciones pendientes.
Acuerdos de cierre y renuncia a reclamos
Uno de los capítulos del proyecto incorpora herramientas de “regularización y transacción” entre el Estado nacional y las empresas contratistas. Allí se habilita la posibilidad de avanzar en rescisiones de mutuo acuerdo, condonación de multas vinculadas exclusivamente al período de paralización y liberación de garantías una vez certificadas las tareas efectivamente ejecutadas.
El esquema también contempla certificaciones de cierre para reconocer gastos de mantenimiento, vigilancia de obradores o trabajos parciales realizados durante la paralización.
A cambio, las empresas deberán renunciar a eventuales reclamos por lucro cesante sobre las partes no ejecutadas de los contratos. Además, el acuerdo tendría “carácter de resolución definitiva y cierre administrativo total”, incluyendo la renuncia recíproca de las partes a futuras acciones administrativas o judiciales derivadas de la paralización de la obra.
El proyecto fija una vigencia de 24 meses para el régimen y establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentarlo dentro de los 60 días posteriores a su entrada en vigencia.
La referencia a Río Negro y las rutas nacionales
En los fundamentos del proyecto, Fullone vinculó la iniciativa con su experiencia previa como jefe del Distrito 20 de Vialidad Nacional en Río Negro y sostuvo que el problema de las obras inconclusas “constituye una realidad extendida en todo el país”.
El senador afirmó que existen contratos que permanecen abiertos administrativamente “aunque en muchos casos las obras estén terminadas, en uso o hayan sido ejecutadas hace varios años”. También describió dificultades relacionadas con la falta de documentación, restricciones presupuestarias y problemas técnicos para completar los procesos de recepción definitiva de las obras.
En el caso de Río Negro, el proyecto menciona especialmente la situación de distintos tramos de las rutas nacionales 22, 23 y 151, donde —según se señala en los fundamentos— existen obras “neutralizadas o inconclusas” iniciadas entre 2009 y 2021.
La iniciativa cobra relevancia en medio de los reclamos existentes en la provincia por la falta de avances en obras consideradas estratégicas para la conectividad regional y el transporte vinculado al desarrollo energético y productivo.
Entre ellas aparece la ampliación de la Ruta Nacional 22 en el Alto Valle, con distintos tramos pendientes de finalización, y las intervenciones previstas sobre la Ruta 151, corredor utilizado por el tránsito petrolero y por el transporte de cargas asociado a Vaca Muerta.
En el comunicado difundido tras la presentación del proyecto, Fullone sostuvo que “la parálisis de los diferentes contratos en rutas estratégicas como la 22, la 23 y la 151 es un freno para el desarrollo”.
También señaló que “sanear estos contratos es fundamental para que la energía y la producción rionegrina fluyan sin trabas burocráticas”.
