El Gobierno Nacional finalmente formalizó este viernes la decisión de avanzar con la descentralización de la red vial. A través del Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei habilitó a nueve provincias a asumir la administración, mantenimiento y eventual concesión de tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios.
Entre las jurisdicciones incluidas se encuentran Río Negro y Neuquén, donde la medida impactará de manera directa sobre corredores de las rutas nacionales 22, 151 y 23.
La publicación confirma lo anticipado ayer por Literal y pone en marcha una nueva etapa que ahora dependerá de decisiones provinciales y de la firma de convenios con el Estado nacional.
Qué establece el decreto
La norma delega en las provincias la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de rutas nacionales.
Esta delegación no implica la transferencia de la titularidad de los caminos, que seguirán siendo de jurisdicción federal, sino el traspaso de funciones operativas bajo un esquema temporal, limitado y revocable.
El decreto incluye a las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Santa Cruz, y deja abierta la posibilidad de que otras jurisdicciones se sumen en el futuro.
El modelo previsto apunta a que las provincias puedan licitar concesiones viales y financiar obras a través del cobro de peajes u otros mecanismos, en línea con lo establecido por la Ley de Concesiones.
El rol de las provincias: aceptar o no el traspaso
A partir de la publicación del decreto, el primer paso será la definición política de cada provincia. Los gobiernos deberán resolver si aceptan asumir la gestión de los tramos propuestos, y en qué condiciones lo harán.
En el caso de Río Negro y Neuquén, esta decisión resulta clave para el futuro de rutas que concentran una alta circulación vinculada a la actividad hidrocarburífera y a la conexión entre el Alto Valle, la cordillera y otras regiones.
El esquema es voluntario: ninguna provincia está obligada a asumir estas competencias. Sin embargo, el interés ya manifestado por varios distritos —incluidos los patagónicos— fue uno de los fundamentos centrales del decreto.
Convenios con Nación: el paso decisivo
Si una provincia decide avanzar, deberá firmar un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad. En ese acuerdo se establecerán los tramos específicos a transferir, los plazos de la delegación —que podrán extenderse hasta 30 años— y las condiciones de supervisión.
Además, las provincias deberán presentar un plan de obras, un esquema de financiamiento y las condiciones económicas de la futura concesión, incluyendo tarifas de peaje y plazos contractuales.
La Nación, a través de Vialidad, evaluará la viabilidad técnica y económica de cada propuesta antes de habilitar su implementación.
Este punto será determinante para definir qué tramos avanzan efectivamente hacia el nuevo esquema y bajo qué características.
Licitaciones y obras en rutas: cómo sigue el proceso
Una vez aprobado el convenio, las provincias deberán convocar a licitación para otorgar las concesiones. El decreto establece un plazo máximo de un año para iniciar ese proceso.
Tras la adjudicación, los contratos deberán firmarse y ponerse en marcha en un plazo de 90 días hábiles, salvo que se establezcan condiciones especiales en los pliegos.
El modelo prevé que los concesionarios asuman la ejecución de obras y el mantenimiento de los corredores, bajo control técnico de la Nación.
También se fijan límites: los fondos obtenidos por cada concesión deberán destinarse exclusivamente al tramo correspondiente, y no podrán utilizarse para financiar otras obras.
Qué puede pasar con las rutas 22, 151 y 23
En Río Negro la atención está puesta en tres corredores clave: las rutas 22, 151 y 23.
La Ruta 22, principal eje del Alto Valle, presenta desde hace años problemas estructurales y demoras en obras de ampliación. La 151, fundamental para la actividad petrolera, es uno de los corredores más exigidos por el tránsito pesado vinculado a Vaca Muerta. La 23, en tanto, sigue siendo estratégica para la integración provincial y el desarrollo del interior rionegrino.
El decreto no define tramos específicos, por lo que su inclusión dependerá de lo que negocien las provincias en los convenios con Nación. Sin embargo, estos corredores ya fueron mencionados esta semana por el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck.
A partir de ahora, el proceso queda en manos de los gobiernos provinciales, que deberán evaluar si el modelo de concesión es viable y conveniente para avanzar en la mejora de la infraestructura vial.
