“Planificar es anticipar, es ordenar, es adaptar”. Con esa definición, el gobernador Alberto Weretilneck subrayó uno de los pocos anuncios concretos que dejó la apertura de sesiones del domingo: la puesta en marcha del Instituto Autárquico de Planificación para la Integración y el Desarrollo (IAPID).
Creado por ley en 2015, el organismo vuelve ahora al centro de la escena como la herramienta con la que el Gobierno rionegrino busca encauzar el impacto de las inversiones energéticas, tanto en las zonas limítrofes con Vaca Muerta como en la costa atlántica, donde se proyecta la exportación de hidrocarburos. La expectativa oficial es que ese flujo de proyectos se traduzca en un crecimiento sostenido por la llegada de nuevos habitantes que elijan radicarse en la provincia.
En esta nota de Literal repasaremos los principios establecidos en la ley de creación del IAPID y sus objetivos formales. Además, recogeremos la voz de especialistas de las principales universidades públicas de la región para analizar la necesidad —largamente añorada— de dotar a Río Negro de un proyecto urbano-territorial con perspectivas a largo plazo.
El anuncio oficial
“El crecimiento económico es crecimiento demográfico”, sintetizó Weretilneck, y proyectó para la provincia tasas de expansión similares a las que hoy exhibe la vecina Neuquén.
El gobernador sabe, sin embargo, que ningún proceso de desarrollo urbano puede quedar librado al azar. Por eso decidió reflotar un proyecto que lleva más de una década guardado en el escritorio.
“Asumo el compromiso públicamente de poner en marcha el Instituto de Planificación. En las próximas semanas convocaremos a todos los sectores contemplados en la ley para jerarquizar este organismo y prever, pensar y diseñar los impactos que comenzaremos a tener a partir de estas actividades”, afirmó, junto a un marcado gesto a su ideólogo, el vicegobernador Pedro Pesatti.
El sentido y la estructura
Pero, ¿en qué consiste este instituto? ¿Cuáles fueron los objetivos que, en su momento, llevaron a que la norma obtuviera el aval del cuerpo legislativo?
La Ley 5098, que creó el IAPID, fue sancionada el 28 de diciembre de 2015. Por entonces, la Provincia —que aún no visualizaba la concreción de proyectos energéticos de tal envergadura— aspiraba a encauzar su incipiente desarrollo a través de un modelo similar al del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade), referencia histórica en materia de planificación al otro lado de los puentes carreteros.
La normativa dio forma así a una entidad autárquica, con personería jurídica e individualidad financiera, bajo la órbita de la Secretaría de Planificación. Entre sus objetivos se incluían la elaboración de planes de políticas públicas de largo plazo orientados a la integración y al desarrollo de las economías regionales; la articulación con los distintos sectores productivos; la propuesta de líneas de acción para nuevos emprendimientos; y la investigación y diseño de métodos de implementación.
Su estructura —que nunca llegó a formalizarse— no debía convertirse en una carga para el Estado. Parte de su financiamiento provendría del 1% de las regalías petroleras, además de los fondos que dispusiera el Ejecutivo. En tanto, la mayoría de sus integrantes debía desempeñarse ad honorem.
El IAPID que ahora busca poner en marcha Weretilneck respetará la estructura original prevista en la norma. Por lo tanto, debería contar con una Mesa Directiva integrada por un intendente; el ministro de Economía; el ministro de Desarrollo Económico y Productivo; el secretario de Energía; dos legisladores (uno por la mayoría y otro por la minoría); un representante del Consejo Interministerial; y el secretario de Planificación, quien ejercerá la presidencia.
A su vez, la ley contempla un esquema de asesoramiento y control mediante la conformación de un Consejo Asesor, con participación de instituciones públicas y privadas —en particular universidades—, a fin de aportar una mirada técnica y académica al diseño estratégico de la provincia.
El desafío de pensar a largo plazo
Con la puesta en marcha del IAPID, el Gobierno provincial cuenta con la oportunidad de diseñar un proyecto integral de desarrollo territorial para los próximos años, en lugar de limitarse a responder de manera reactiva a problemáticas de desbordamientos. Esto implicaría una excepción en la lógica predominante de muchas administraciones, donde la urbanización y la posterior consolidación de servicios suelen avanzar muy por detrás de los asentamientos poblacionales.
“En general, hay un vacío en las acciones urbanísticas. No hablo de casos particulares, pero suele actuarse sin un proyecto ni una planificación clara. Normalmente las administraciones intervienen como consecuencia de. Entonces, primero se da la ocupación y después el Estado intenta subsanar y generar infraestructura. Lo ideal sería al revés, que las administraciones generen sus propios proyectos urbanos”, explicó a Literal Horacio Casal, director de la Escuela de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
El arquitecto, no obstante, distinguió dos conceptos que considera clave en este proceso: planificación y proyecto urbano-territorial. El primero remite a los pasos procedimentales; el segundo, en cambio, supone una mirada integral sobre el modelo de ciudad o de región al que se aspira.
“La planificación suele venir a corregir problemas derivados del crecimiento natural; es decir, a subsanar conflictos que ya están planteados. Distinto sería que las administraciones —o en este caso la Provincia— pudieran establecer criterios y proyectos estratégicos a futuro sobre cómo será su desarrollo, no solo urbano, sino territorial”, precisó.
En esa línea, advirtió que urbanizar no es lo mismo que “ciudadanizar”. Un barrio puede considerarse urbanizado, pero si no garantiza acceso a educación, salud o transporte público que lo conecte con el resto de la ciudad, no integra plenamente a sus habitantes. “Lo primero tiene que ver con infraestructura. Si hago un loteo y te llevo calle, luz y agua, te urbanicé. Pero si te dejé fuera de la educación, de una sala médica o de la posibilidad de llegar en transporte público a otros puntos de la ciudad, no te ciudadanicé”, señaló.
Para Casal, lo ocurrido en la última década, a partir de la explosión demográfica vinculada a Vaca Muerta, generó en las principales ciudades del Alto Valle una “situación de desborde”. La expansión poblacional y la ocupación de tierras productivas avanzaron, en muchos casos, sin un proyecto que ordenara ese crecimiento.
“En el Alto Valle, con toda la expansión demográfica y la ocupación de terrenos productivos, hay una problemática muy grande vinculada a la falta de planificación o de un proyecto claro sobre cómo deben crecer las ciudades. La plusvalía de la tierra es la que termina mandando y las administraciones vienen detrás. Ahí es donde se genera el conflicto”, advirtió.
Frente a ese escenario, el arquitecto revalorizó el rol de las instituciones académicas en la formulación de proyectos de ciudad. En ese sentido, la Escuela de Arquitectura de la UNRN viene desarrollando, a través de su laboratorio de investigación, estudios urbanístico-territoriales orientados a aportar insumos técnicos para la toma de decisiones.
Ese trabajo se desarrolla actualmente en ciudades costeras rionegrinas, a partir de una convocatoria de la Provincia. Los aportes se enfocan, por ejemplo, en analizar cómo intervenir las bajadas al mar, qué tipo de servicios e infraestructura resultan necesarios y de qué manera deberían implementarse los desarrollos urbanísticos.
Por último, Casal consideró que la reactivación del Instituto de Planificación que anunció la administración de Weretilneck podría resultar auspiciosa para fortalecer una articulación más activa entre el Estado y las instituciones académicas en la definición de un proyecto estratégico de largo plazo.
El ejemplo del otro lado del puente
El caso de Neuquén resulta particularmente significativo a la hora de hablar de planificación urbana, sobre todo considerando su estrecha conexión con Río Negro. A diario, cientos de vecinos cruzan de una provincia a la otra y organizan su vida cotidiana como si se tratara de un único territorio. Esa dinámica compartida vuelve inevitable cualquier comparación en materia de desarrollo territorial.
En ese escenario, la provincia vecina exhibe una trayectoria más extensa. Desde hace 60 años cuenta con el Copade, organismo que hoy impulsa un proceso de regionalización concebido por el actual gobierno de Rolando Figueroa como «un modelo de gestión innovador, orientado a acercar el Estado a los gobiernos locales y a la ciudadanía».
Pero más allá de las estrategias implementadas en el pasado reciente, Neuquén también ha sido protagonista de procesos emblemáticos, como el Plan Urbano Ambiental (PUA), que marcó el rumbo de la capital durante los últimos 25 años. Gabriela Álvarez, directora del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y partícipe de aquel proyecto, destacó esa experiencia como una muestra concreta de la importancia de sostener políticas de Estado orientadas al crecimiento territorial.
Para Álvarez, este tipo de decisiones deben celebrarse y sostenerse en el tiempo. “La planificación urbana y ambiental es estratégica, es fundamental. Son herramientas que dan resultado”, afirmó. La arquitecta mencionó como ejemplos los procesos impulsados en la provincia de Santa Fe, que —según señaló— mejoraron de manera sustancial la calidad de vida de sus habitantes.
Si bien aclaró que no conoce en detalle las particularidades del contexto rionegrino, subrayó que la sinergia entre ambos territorios obliga a pensar estrategias similares para contener la explosión demográfica que atraviesa la región.
“Lo que no se hizo antes es una pena, pero nunca es tarde para volver a poner el tema sobre la mesa. Hoy en la región tenemos una capacidad técnica instalada que hace cuatro décadas no existía”, sostuvo. En ese sentido, propuso superar los límites políticos y pensar el territorio en clave metropolitana: “Las dinámicas nos unen tanto que es muy difícil hablar de unos y otros”.
Álvarez destacó, además, el crecimiento de las unidades académicas vinculadas a la arquitectura, las ingenierías y las ciencias ambientales, lo que fortaleció la formación técnica en áreas directamente relacionadas con la planificación territorial. “Hay mucha gente muy formada y capacitada. Si se la convoca desde el Estado a sumarse a una política pública activa respecto al territorio, estamos mucho mejor posicionados que hace algunos años”, concluyó.
