Bariloche irá a un referéndum popular. El intendente Walter Cortés anunció este miércoles la habilitación de una consulta ciudadana sobre diez temas que generan fuerte debate en la comunidad de la región Andina. Uno de los puntos más destacados será la posible habilitación de la plataforma Uber, que actualmente no está autorizada a operar en la ciudad. En esta nota, repasamos los referéndums y las consultas populares que se concretaron y aquellos que no lograron avanzar en la historia reciente de los municipios de Río Negro.
Bariloche y una votación en puerta
El próximo 9 de noviembre, Bariloche celebrará un referéndum popular para que la ciudadanía defina, con su voto, diez temas centrales para el futuro de la ciudad. La votación abarcará desde la habilitación de aplicaciones de transporte como Uber, hasta propuestas de infraestructura, gestión urbana y políticas sociales.
Los temas a votar incluyen:
- La autorización del funcionamiento de Uber y otras plataformas digitales de transporte.
- La prórroga de la emergencia social hasta 2027 para facilitar la generación de más lotes sociales.
- La cesión del restaurante ubicado dentro del Puerto San Carlos a excombatientes de Malvinas.
- La aprobación del Plan Vial para avanzar con obras de asfalto en distintas arterias.
- La implementación de la ecotasa, una contribución de turistas destinada a financiar obras públicas.
- La reactivación del paseo de la Isla Huemul.
- El cese del pago de sueldos a la Comisión Directiva del gremio municipal SOYEM.
- La construcción del natatorio municipal.
- La finalización del Centro de Convenciones.
- El reemplazo de los pinos de la costanera por especies autóctonas.
Este mecanismo de participación ciudadana está contemplado en el artículo 163 de la Carta Orgánica municipal, que habilita al Ejecutivo a convocar referéndums cuando lo considere pertinente. La norma establece que la participación será obligatoria y que los resultados tendrán carácter vinculante.
El anuncio de Cortés llamó la atención por la sanción impuesta a quienes no participen: una multa equivalente al valor de una bolsa de cemento. “Queremos que las decisiones importantes de la ciudad las tome el pueblo, porque el pueblo vive en carne propia lo que está bien y lo que está mal”, expresó el jefe comunal en conferencia de prensa.
Los antecedentes exitosos
Bariloche ya cuenta con antecedentes directos en la aplicación del artículo 163 de su Carta Orgánica. El primero ocurrió en 2009, cuando se convocó a un referéndum para decidir sobre la instalación del supermercado ChangoMás. La consulta se impulsó luego de que el Concejo Deliberante se negara a aprobar un convenio con el municipio —presionado por la Cámara de Comercio y el sindicato de empleados de comercio— que contemplaba obras de infraestructura en la zona. La negativa generó una fuerte reacción de los vecinos que desembocó en la convocatoria a las urnas.
El segundo caso ocurrió en 2013, cuando la ciudadanía decidió sobre la remoción del entonces intendente Omar Goye. El jefe comunal había sido suspendido tras ser acusado de irregularidades en el manejo de fondos y de negligencia en medio de los saqueos ocurridos en diciembre de 2012, hechos que tomaron relevancia nacional. En esa oportunidad, el “sí” a favor de la destitución obtuvo el 77% de los votos, con una participación del 60% del padrón electoral.
El caso Jacobacci y el plebiscito por la megaminería
La llegada del megaproyecto minero Calcatreu, cuya puesta en marcha se prevé para 2026 a pocos kilómetros de la localidad, desató una fuerte controversia durante el año pasado. En ese contexto, el Concejo Deliberante impulsó una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la instalación de la minera, ubicada fuera del ejido urbano. Sin embargo, la medida quedó anulada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que declaró inconstitucional la ordenanza que habilitaba la votación.
En medio del debate público, y tras una audiencia, el cuerpo legislativo local apeló a su facultad para convocar un plebiscito vinculante. La fecha inicialmente prevista era el 17 de septiembre. No obstante, el intendente José Mellado (JSRN) vetó la ordenanza al considerar que no correspondía su aplicación. El Concejo, con mayoría opositora en ese momento, rechazó el veto y ratificó la convocatoria.
Frente a ese escenario, el jefe comunal y el gobierno de Río Negro presentaron una medida cautelar para frenar el plebiscito, que fue rechazada. También plantearon un conflicto de poderes ante el STJ, que finalmente resolvió el caso el 26 de diciembre.
En su fallo, el máximo tribunal rionegrino consideró que la Ordenanza N° 24/24 no alcanzó la mayoría agravada exigida por la Carta Orgánica. Además, argumentó que la iniciativa avanzaba sobre competencias exclusivas de la Provincia, ya que el proyecto Calcatreu se ubica fuera del ejido de Jacobacci. En consecuencia, declaró la norma inconstitucional y descartó la realización de la consulta.
Municipalización de Las Grutas: ¿Si o no?
El debate por la municipalización de Las Grutas —para que deje de formar parte del ejido de San Antonio Oeste— lleva años en la agenda política de Río Negro. Sin embargo, en 2015 estuvo más cerca que nunca de concretarse. Aquel año, la Legislatura aprobó una ley de municipalización en segunda vuelta, que el Superior Tribunal de Justicia terminó por anular un año y medio después.
La Ley N° 5.084, que promovía la creación del municipio autónomo de Las Grutas, fue impugnada por no haber alcanzado los dos tercios de los votos, tal como lo exige la Constitución Provincial. El STJ, en consecuencia, declaró la norma inconstitucional y dejó sin efecto su implementación.
Paralelamente, antes de la sanción de la ley, el municipio de San Antonio Oeste —entonces bajo la gestión de Javier Iud, actual titular de Aguas Rionegrinas— había convocado a un referéndum para octubre de 2015, con el objetivo de consultar a la ciudadanía sobre la municipalización. Sin embargo, la Justicia suspendió la convocatoria a pedido de la legisladora María Gemignani (JSRN), impulsora del proyecto de ley.
Gemignani celebró la decisión judicial y argumentó que la convocatoria se basaba en un artículo de la Carta Orgánica que, a su entender, resultaba inconstitucional por contradecir la Ley N° 2.353, que regula los procedimientos para dividir ejidos y crear nuevos municipios.
Weretilneck y su intento de consulta popular en 2004
Otro intento frustrado de voto popular involucró a los vecinos de Balsa Las Perlas, una localidad ubicada en el departamento El Cuy, pero bajo la administración de Cipolletti. En 2004, el entonces intendente Alberto Weretilneck impulsó la realización de una consulta popular no vinculante para que los habitantes decidieran si querían seguir perteneciendo al municipio o constituirse como una administración autónoma.
La iniciativa generó rechazo por parte de la Junta Vecinal de Las Perlas, que expresó su oposición al considerar que se trataba de «una decisión unilateral del Ejecutivo». Denunciaron además que, durante años, el gobierno cipoleño había desatendido de forma deliberada las necesidades del barrio, sin garantizar siquiera los servicios básicos.
Finalmente, la Justicia Electoral de la provincia resolvió frenar la consulta.
Una década más tarde, en 2014, el escenario dio un giro: fueron los propios vecinos de Las Perlas quienes comenzaron a reclamar un referéndum para debatir su autonomía. Sin embargo, la solicitud no prosperó y nunca llegó a concretarse.
Escuchá a Francisco Poppe en Mañana de Noticias por CNN Radio Roca:
