La discusión por la concesión de las represas de Río Negro y Neuquén volvió a colarse en la discusión pública ante el inminente llamado a concurso de licitación. Diferentes políticos de ambas provincias se pronunciaron en los últimos meses en contra de cualquier proceso «privatizador» por parte de Nación e insistieron en el pedido de una mayor participación de los Estados provinciales. En el Congreso, esa discusión se plasmó en una veintena de proyectos y pedidos de informes. Acá hacemos un repaso sobre el accionar de diputados y senadores de la región en la materia.
Un pedido a Weretilneck y Figueroa
Los senadores de Unión por la Patria por los distritos de Río Negro y Neuquén enviaron esta semana notas hacia los mandatarios Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa. La comunicación solicita expresamente una mayor defensa de los intereses provinciales en el proceso de licitación que se habilitará en breve para las represas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
En octubre, Nación había dispuesto un plazo de 180 días para la convocatoria a un concurso público nacional e internacional. Ante el inminente vencimiento, la semana pasada se dispuso extender el periodo por al menos 15 días más. El aplazo lo solicitaron los gobernadores de la Patagonia Norte con el propósito de asegurar un análisis de los pliegos.
En ese sentido, los legisladores peronistas pidieron que ambos mandatarios exijan al Gobierno nacional que las provincias dispongan un 50% del paquete accionario de las sociedades anónimas que contralan a las hidroeléctricas. Esto dejaría la mitad de la composición societaria para el sector privado.
Además, se solicitó que en el contrato se fije un plazo máximo de 10 años de concesión, y la obligación por parte de las adjudicatarias de reinvertir el 50% de las utilidades en el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura. En tanto, las firmas que operen las centrales deberán garantizar la devolución de los activos al Estado tras el vencimiento del vínculo contractual.
«Confiamos en que, dada la relevancia estratégica de estas centrales para Río Negro, Neuquén y el país, su gestión promoverá las acciones necesarias para garantizar la participación provincial en su administración y beneficios«, expresaron los senadores Martín Doñate, Silvina García Larraburu, Silvia Sapag y Oscar Parrilli.
JSRN también se pronunció por las represas de Río Negro y Neuquén
El pedido por una mayor participación de las provincias en el debate no es para nada nuevo. En octubre, Mónica Silva (JSRN) presentó un proyecto de comunicación en el Senado para solicitar al Gobierno Nacional el traspaso a las provincias de la mayoría del paquete accionario de las hidroeléctricas que operan sobre los ríos Limay y Neuquén. Las jurisdicciones se harían así del 51% de las acciones, y dejarían un 49% para los privados.
En la redacción, Silva propuso la modificación del decreto 895/2024, el cual autorizaba el concurso en 180 días para la venta del paquete controlante de las cuatro firmas energéticas. «Apelo entonces al concepto de federalismo«, afirmó la senadora al sostener que «los bienes afectados en los decretos mencionados ut supra repercuten de manera directa en las arcas de las economías provinciales«.
Con la presentación de los pliegos en puerta, Silva insistió recientemente ante la prensa con su pedido de participación. El foco se colocó ahora en el análisis de los pliegos, que ya fueron enviados por Nación.
En simultáneo, los diputados Agustín Domingo (JSRN) y Osvaldo Llancafilo (MPN) presentaron un proyecto de declaración para que la Cámara Baja se pronuncie favorablemente a una convocatoria de trabajo conjunto entre las provincias para el desarrollo de un plan de acción. En el texto también aparece la mención a la denominada Tarifa Comahue, un reclamo histórico por la generación de electricidad.
«Ambas provincias son generadoras de energía eléctrica y su población paga precios hasta siete veces más caros que el mismo consumo en KW en Buenos aires. Esta situación injusta y perjudicial para las provincias también debe discutirse en torno al destino de las represas hidroeléctricas incluidas en la presente declaración», precisaron los diputados del bloque Innovación Federal.
Las represas de Río Negro y Neuquén: un largo derrotero en el Congreso
El asunto de las represas se coló fuertemente en el Congreso desde 2022, ante el inminente vencimiento de las concesiones fijadas durante la época del menemismo. La mayoría de los proyectos presentados desde entonces, tanto en el Senado como en Diputados, fueron pedidos de informes y de declaración.
Por ejemplo, el neuquino Pablo Cervi (UCR) pidió en aquel momento conocer si el gobierno nacional, durante la presidencia de Alberto Fernández, contaba con un «plan de acción«. También solicitó conocer los instrumentos jurídico-institucionales de la Nación para «negar la participación de las Provincias en la operación y administración de las centrales hidroeléctricas, entendiendo que éstas detentan el dominio inalienable e imprescriptible sobre los recursos hídricos existentes en sus territorios y que constitucionalmente les ha sido reconocido el derecho a ejercer la administración de los mismos«.
Se destaca, además, la aparición de políticos ajenos a la Patagonia en la demanda de acciones. Ese es el caso de Juan Manuel López, diputado bonaerense por la CC ARI, que elevó su propio proyecto de resolución.
«La generación hidroeléctrica es un factor importante de la política energética, con impacto en las estrategias de desarrollo y el logro del objetivo de descarbonización de la matriz energética asumido por la República Argentina. Es también una actividad de relevancia para las economías regionales, las comunidades locales y los ecosistemas donde se asientan las instalaciones. Por tanto, las políticas aplicables al sector deben ser contempladas en el marco de un plan estratégico, de largo plazo, sobre la base de consensos políticos, información pública y participación ciudadana, con foco en los derechos de acceso a la energía y el desarrollo sustentable«, expresa el escrito.
Simultáneamente, los senadores peronistas de la Patagonia Norte también formularon una iniciativa de ley para que la administración de las centrales pase a manos de una entre mixto, conformado por las provincias y el sector privado.
