Esta semana, el gobierno de Río Negro formalizó el envío de un paquete de leyes orientadas al desarrollo de las industrias del sector energético. Entre las medidas más destacadas se encuentra la implementación de un requisito que obliga a contratar al menos un 80% de mano de obra local. Sin embargo, el conjunto de iniciativas presentadas no se limita a este aspecto: también incluye una modificación del Código de Aguas para ampliar las facultades del DPA en la generación de energía, y la creación de un régimen de promoción de proveedores de bienes y servicios de origen rionegrino.
Aunque aún resta la definición de Labor Parlamentaria, todo indica que las propuestas presentadas por el Ejecutivo integrarán el temario central de la próxima sesión de la Legislatura, prevista para el 21 de agosto. En esta nota, repasamos los puntos clave y el alcance de cada propuesta .
Un compre rionegrino más abarcativo
Junto con el proyecto de ley 80/20, la administración rionegrina presentó un “régimen de promoción y desarrollo de proveedores locales en la industria provincial”. El objetivo de este proyecto es fomentar la contratación y el uso de mano de obra local en proyectos hidrocarburíferos, mineros, energéticos y en cualquier iniciativa que forme parte del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
La argumentación oficial detalla una serie de disposiciones y antecedentes que respaldan la iniciativa. En primer lugar, aclara que la Ley Bases no establece impedimentos para que las provincias implementen políticas de contratación de proveedores locales. En ese sentido, se señala que, a nivel provincial, existen normativas —como la ley de regulación de las concesiones hidrocarburíferas— que obligan a las empresas a contratar trabajadores y proveedores radicados en la jurisdicción de Río Negro en un porcentaje no inferior al 80%.
A su vez, desde 2014 la provincia incorpora en los acuerdos de renegociación de concesiones y permisos de exploración el compromiso de que “todos los contratos incluyan, como mínimo, un 80% de mano de obra, proveedores y empresas de servicios locales, con el objetivo de generar y mantener fuentes de trabajo permanentes y fortalecer la industria hidrocarburífera provincial, así como el mercado local”.
Más recientemente, se implementó el sistema “Compre Rionegrino” dentro del Sistema de Información Provincial (InPro), que permite contar con datos actualizados e indicadores confiables para monitorear, controlar y evaluar el cumplimiento de estos requisitos por parte de las operadoras y otras empresas.
“El objetivo es que las personas y empresas no solo puedan ingresar en la cadena de valor de las respectivas industrias, sino que este sea el primer paso para mantenerse competitivos y crecer. Este desarrollo forma parte de la visión estratégica del Gobierno Provincial, por lo que resulta necesario armonizar los regímenes y disposiciones existentes, y establecer un registro en el que deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que deseen ser consideradas proveedores locales”, sostiene el Ejecutivo en su argumentación.
Qué dice la normativa
De acuerdo con el artículo 2 del proyecto, estarán alcanzadas por este régimen todas las personas humanas o jurídicas, bajo cualquier forma asociativa, que sean concesionarias, permisionarias o autorizadas para la exploración, explotación, transporte, tratamiento o almacenamiento de hidrocarburos, minerales o cualquier otro tipo de energía, así como los contratistas y subcontratistas de dichos sujetos.
En lo que respecta a los proveedores locales, la normativa establece su agrupamiento en un registro específico. Según la ley, las empresas rionegrinas no podrán actuar como contratistas si se trata de personas humanas condenadas con pena privativa de libertad o inhabilitación por delitos dolosos. Tampoco podrán participar las personas jurídicas cuyos representantes legales, directores o administradores estén inhabilitados por mantener deudas exigibles e impagas con el Estado provincial, por incumplimientos en contratos de promoción, o aquellas que tengan asociados humanos o jurídicos en procesos concursales, quiebras o liquidaciones.
La normativa establece que las compañías energéticas deberán garantizar que, como mínimo, el 60% de las contrataciones de bienes, servicios y obras se realice a través de proveedores rionegrinos. Además, se otorga al proveedor local el derecho a igualar la mejor oferta y obtener la adjudicación del proceso de contratación, siempre que cumpla con los requisitos esenciales de calidad, seguridad y operatividad establecidos en el pliego.
También se contemplan sanciones en caso de incumplimiento. La Secretaría de Energía de Río Negro podrá emitir apercibimientos o multas, cuyo valor se calculará tomando como referencia el precio de venta de un litro de combustible diésel de máxima calidad en estaciones de servicio YPF de Viedma, sin considerar el subsidio por zona patagónica.
En caso de reincidencia, podrán aplicarse medidas más severas, como: la cancelación del certificado de proveedor rionegrino por hasta 12 meses; la pérdida de beneficios fiscales; y la revocación de autorizaciones, permisos y concesiones.
Una ampliación de las atribuciones del DPA
Uno de los proyectos incluidos en el paquete contempla modificaciones a la Ley Q N° 3930 y a la Ley Q N° 2952. En concreto, la normativa propone ampliar las facultades expresadas en el Código de Aguas para que el Departamento Provincial de Aguas (DPA) también tenga competencia en la gestión de otras energías renovables, además de la tradicional energía hidroeléctrica.
Desde 2004, el organismo cuenta con la facultad de llevar adelante el estudio, la planificación y el desarrollo de obras de aprovechamientos hidroeléctricos sobre los ríos provinciales, así como de canalizaciones y sistemas de riego. Asimismo, cuenta con prioridad para su ejecución y explotación, por sí o asociado a terceros, de aprovechamientos hidroeléctricos en todo el territorio.
Según el gobierno provincial, el marco legal permitió consolidar en los últimos 20 años un “modelo provincial de gestión de la generación eléctrica con los recursos hídricos rionegrinos”, que abarca desde la operación y mantenimiento de las centrales de menor escala hasta la comercialización de la energía producida. En ese sentido, y ante los cambios que experimenta el mercado eléctrico nacional, la Provincia busca con la modificación normativa ampliar su injerencia a otras fuentes de energía.
“Actualmente, y en vista de las condiciones y características que adquiere el mercado eléctrico argentino, el modelo se encamina hacia la descentralización y la libertad de contratación de energía entre las partes, sin intervención del Estado Nacional, como se gestionaba anteriormente. Estas modificaciones en la forma de comercializar la energía generada obligan a la Provincia a adaptarse y buscar opciones que permitan seguir creciendo, teniendo en cuenta la referida libertad contractual. En tal sentido, las tareas se enfocan, primero, en la disminución de los costos fijos y variables, y, segundo, en complementar la generación hidroeléctrica con otras energías renovables que puedan aprovechar y optimizar la infraestructura existente”, señala la argumentación oficial.
Las hidroeléctricas rionegrinas con potencial para ampliar sus horizontes
En definitiva, el proyecto busca que Río Negro garantice su autoabastecimiento energético y potencie las industrias electrointensivas, a través de la incorporación de otras fuentes de generación. Como ejemplo, se menciona el proyecto de energía solar fotovoltaica que funciona junto a la Central Hidroeléctrica Salto Andersen, emplazada sobre el río Colorado y distante 70 kilómetros de la ciudad homónima.
“Esta experiencia podría replicarse en centrales de menor escala instaladas en canales de riego, en la Central Casa de Piedra, o en otras futuras centrales de la zona Andina de la provincia. Por supuesto, estos proyectos sólo son viables si resultan económicamente convenientes y ambientalmente sustentables, de manera que su concreción depende de superar el correspondiente test de admisibilidad. Asociada a la complementación de inversiones, la optimización de la gestión comercial brinda ventajas comparativas, ofreciendo un perfil más completo frente a la venta individual de energía hidroeléctrica, eólica o fotovoltaica”, agrega.
Actualmente, Generación y Riego S.A. —empresa estatal responsable de la operación y el mantenimiento de las centrales— tiene a su cargo cinco hidroeléctricas: Ing. Julián Romero, en Cinco Saltos; Ing. César Cipolletti, en Cipolletti; Central de General Roca; Ing. Guillermo Céspedes, en Pomona; y Salto Andersen. Todas aprovechan los saltos de agua de los sistemas de riego para generar energía.
Lo producido por las centrales se despacha al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), salvo la energía generada en la central de Roca que se destina a la distribuidora Edersa.
