La campaña electoral rumbo a las legislativas de octubre comenzó este miércoles en Río Negro. Desde ahora y durante los próximos 60 días, las cuatro alianzas y los tres partidos que competirán podrán desplegar su discurso político de manera abierta. Sin embargo, la difusión de publicidad en medios de comunicación y en la vía pública todavía no está habilitada.
En esta nota de Literal te contamos cuáles son las reglas que marcan el proceso de la publicidad política, qué está permitido y qué no vas a ver durante esta primera etapa de campaña.
Campaña electoral, pero sin publicidad
El Código Electoral Nacional define la campaña electoral como el “conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y proyectos, debates, a los fines de captar la voluntad política del electorado”.
De acuerdo con el artículo 64 bis, este período se extiende durante los 60 días previos a la elección. Antes de esa fecha, cualquier acto proselitista se encuentra prohibido y puede ser sancionado. Entre las penalidades previstas se incluye la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y recursos de financiamiento público anual por uno a cuatro años, además de los fondos específicos para el financiamiento de campaña por una o dos elecciones.
Durante estos dos meses los candidatos ya pueden pedir de manera explícita el acompañamiento en las urnas, aunque la publicidad en medios de comunicación y vía pública aún no está autorizada. Ese tramo recién comienza 35 días antes de los comicios, por lo que a partir del 21 de septiembre podrán difundirse avisos en televisión, radio, internet y espacios públicos con mensajes destinados directamente a captar el voto.
El cumplimiento de estos plazos es obligatorio y los jueces federales con competencia electoral tienen la facultad de ordenar el cese inmediato de cualquier publicidad fuera de término. Un antecedente reciente se registró cuando el juez federal subrogante de Viedma, Gustavo Villanueva, ordenó a Juntos Somos Río Negro (JSRN) eliminar publicaciones en Instagram y Facebook con mensajes considerados de campaña anticipada.
La decisión respondió a una denuncia del PRO, que advirtió que el gobernador Alberto Weretilneck había presentado públicamente a los candidatos de su fuerza como futuros senadores y diputados nacionales, acompañado de consignas políticas.
No fue un caso aislado. A fines de julio, otra resolución judicial obligó al partido Primero Río Negro a retirar publicaciones en redes sociales, tras una denuncia de La Libertad Avanza.
En la vecina provincia de Neuquén se registró una situación similar: la jueza federal Carolina Pandolfi ordenó a La Neuquinidad quitar de circulación un video promocional, al considerar que su mensaje “tendía de manera evidente a captar el voto del elector hacia esa agrupación política”.
¿Qué reglas rigen la publicidad política?
La Ley 26.571, que implementó las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) —actualmente suspendidas—, también fijó un cambio estructural en la forma de hacer campaña en medios de comunicación: los partidos políticos solo pueden difundir publicidad electoral en medios audiovisuales a través de los espacios que asigna la Dirección Nacional Electoral (DINE). De este modo, quedó prohibida la compra directa de espacios por parte de las agrupaciones.
Para garantizar la difusión equitativa, todos los canales de televisión y radios deben ceder gratuitamente a la DINE el 10% de su programación diaria, calculada sobre una base de 12 horas. Ese tiempo se reparte de la siguiente manera:
- 50% en partes iguales para todas las agrupaciones participantes.
- 50% en forma proporcional, según los votos obtenidos en la última elección de diputados y senadores nacionales.
La asignación se realiza mediante sorteo público, garantizando transparencia.
Además, la normativa establece que los mensajes deben distribuirse de manera equitativa durante cada franja horaria, evitando la reiteración consecutiva de una misma agrupación. Ninguna tanda puede agrupar más de 96 segundos seguidos de propaganda electoral.
Por su parte, los spots deben cumplir con requisitos de accesibilidad (subtitulado, close caption y/o lengua de señas) y llevar la emblemática leyenda: “Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral”.
La campaña en la calle
En lo que respecta a la campaña en la vía pública, no existe una regulación nacional específica; cada jurisdicción establece sus propios criterios. Por ejemplo, Roca cuenta con ordenanzas locales que regulan la publicidad política en calles y espacios abiertos.
El Código de Publicidad Municipal, sancionado en 2013, se establece como normativa complementaria para la publicidad de campañas políticas. Según su redacción, la municipalidad debe determinar junto a los partidos los sitios específicos para la colocación de carteles, leyendas e inscripciones, garantizando a cada partido el uso exclusivo del espacio asignado.
La normativa también establece prohibiciones: no se permite la colocación de elementos publicitarios que, a criterio del Poder Ejecutivo Municipal, imitan o se asemejan a la señalización urbana o vial, y no pueden instalarse carteles que, por ubicación, dimensiones o características, impidan la visibilidad o atención de los conductores, constituyendo un riesgo para la seguridad pública. En esa línea, prohíbe la colocación de pasacalles con alusiones políticas.
Cuál es el monto máximo que pueden gastar los partidos en esta campaña
La Ley 26.571 establece que los gastos de producción de los mensajes políticos corren por cuenta de cada agrupación y deben ser detallados en el informe financiero de campaña.
En este punto, entra en juego la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que regula cómo se pueden financiar los partidos y sus campañas electorales. Según su artículo 4, el financiamiento tiene un modelo mixto, combinando recursos públicos y privados.
Los partidos pueden recibir dinero privado proveniente de:
- Afiliados, de forma periódica según lo previsto en sus cartas orgánicas.
- Donaciones de personas humanas no afiliadas y de personas jurídicas.
- Rendimientos de su patrimonio y otras actividades, incluidas las promocionales.
- Herencias o legados recibidos.
Todos los aportes deben realizarse mediante instrumentos financieros habilitados (transferencias, cheques, etc.), no en efectivo. El total de recursos para la campaña no puede superar la diferencia entre el tope máximo de gastos de campaña y el aporte público asignado a cada partido.
A su vez, cada aportante privado no puede exceder el 2% del tope máximo de gastos permitidos.
Para la campaña electoral 2025 en Río Negro, el tope máximo de gasto por partido es de $234.375.981. Mientras que límite de aporte por persona humana o jurídica es de $4.687.520.
Cuánto gastaron los partidos de Río Negro en las últimas legislativas
Los informes de financiamiento de la Cámara Nacional Electoral revelan que, en la elección de diputados de 2023, los espacios políticos de Río Negro no destinaron grandes cifras a publicidad electoral.
Juntos Somos Río Negro (JSRN), por ejemplo, tuvo ingresos de campaña por $14.045.585,36, que a valores actuales equivale a $54.978.557, de los cuales poco más de la mitad se destinó a mensajes en medios de comunicación, es decir, unos $8.906.094,50 ($34.861.077*).
El Partido FE, que llevó a Lorena Villaverde como candidata a diputada, recibió ingresos provenientes de fondos públicos por $4.344.091,30 ($17.004.051,93*), destinados en su totalidad a gastos operativos, incluso por un monto superior de $8.723.462,60 ($34.146.202,51*).
Unión por la Patria reportó ingresos por fondos públicos por un total de $7.855.554,96 ($30.748.956,33*), destinando la mayor parte a gastos operativos, aproximadamente $7.678.301,29 ($30.055.133,25*), y transfiriendo el resto a otros distritos.
El desaparecido Juntos por el Cambio recibió ingresos de campaña por $4.872.299,09 ($19.071.614*), de los cuales cerca de la mitad fueron destinados a gastos de publicidad, unos $2.092.186,17 ($8.189.433,02*).
*Cifra actualizada por inflación.
