El controvertido acuerdo entre la empresa israelí Mekorot y el gobierno de Río Negro continúa vigente. Así lo reveló una reciente respuesta del Departamento Provincial de Aguas (DPA) a un pedido de informes elevado por legisladores de la oposición. El convenio, que comprometería información sensible sobre los recursos hídricos de la provincia, suscitó más de una acusación por «falta de transparencia». Incluso, el caso derivó en una denuncia penal contra la exgobernadora Arabela Carreras, quien rubricó el contrato.
Cuál es el plazo de finalización del acuerdo entre Río Negro y una empresa de Israel
El organismo de control hídrico informó en su respuesta a la Legislatura que el acuerdo de consultoría con la firma israelí se prorrogó hasta fines de abril. Originalmente, Mekorot contaba con un plazo de 18 meses —que concluyeron en octubre— para relevar datos sobre los cursos de agua rionegrinos a fin de elaborar un «plan maestro del sector hídrico«. Sin embargo, una cláusula habilitaba la posibilidad de extender la relación contractual por seis meses más, esto ante la existencia de factores externos, como la guerra entre Israel y Palestina.
La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos), quien había formulado el pedido de informes y la denuncia penal contra Carreras, consideró a la contestación oficial como «insuficiente«. En ese sentido, comentó ante Literal que algunos puntos de la solicitud no fueron respondidos por la propia vigencia del convenio y la permanencia del staff técnico israelí en territorio rionegrino.
«Por ahora nos responden que una vez que esté finalizado el plan maestro van a contestar la mayoría de las preguntas que nosotros hacemos. Pero bueno, es información sobre bienes de dominio público, debe estar al alcance de la población. Sobre todo cuando hay una ley vigente que garantiza el libre acceso a la información ambiental«, expresó.
Acuerdo con Mekorot: los puntos en controversia
La contratación de Mekorot Israel National Water Co LTD la realizó el Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo encargado de ejecutar un pago mensual de más de 70 mil dólares por el servicio de asesoría. El compromiso quedó sellado en febrero de 2023 y contó con el aval de Arabela Carreras y del ministro del Interior del gobierno de Alberto Fernández, Wado De Pedro.
Según informó la Provincia en su momento, el pacto tenía como objetivo «hacer más eficiente el manejo del agua» en Río Negro a través de la redacción de un plan maestro del sector hídrico. En el contrato —no difundido oficialmente— Mekorot asumió el análisis de la situación actual de los cursos de agua, la evaluación y propuesta de una autoridad de regulación del servicio de agua y saneamiento, y el cálculo del valor económico del agua.
La falta de transparencia del convenio, que ni siquiera fue refrendado por la Legislatura, suscitó la polémica. «En primer lugar, como está firmado con una empresa perteneciente al estado de Israel este acuerdo debió pasar por la Legislatura de Río Negro para su aprobación. Todo contrato con un estado extranjero tiene que tener tratamiento legislativo. La exgobernadora no puede arrogarse ese poder», aseveró Odarda.
Y seguidamente, agregó: «Además se vulneró el derecho de libre acceso a la información pública. El contrato debió publicarse en el Boletín Oficial, pero el DPA respondió que eso lo debió haber efectuado el CFI o Mekorot, quienes no tienen obligación constitucional. El gobierno de Río Negro tiene el deber de proveer la información a la opinión pública, según el artículo 4 de la Constitución provincial».
Advierten por venta de información sensible tras el acuerdo de Río Negro con Israel
Por otro lado, la legisladora y exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández recalcó el peligro que reviste la cesión de los derechos de los datos recolectados por la compañía extranjera. Se trata de información sensible sobre los recursos naturales que podría —según advirtió— ser vendida a otras empresas o estados.
«Esa propiedad intelectual debería quedar en manos de la provincia Río Negro, no de Mekorot. Hoy con la propiedad intelectual en su potestad, esta empresa está en condiciones de vender esa información a quien le plazca. O cederla, o donarla o regalarla. Pero estamos hablando de información estratégica de un Estado«, agregó Odarda.
La referente de Vamos Con Todos consideró que la confidencialidad del acuerdo fue impuesta por la firma israelí. Tampoco no descartó posibles usos de esa información con fines «extractivistas».
«En este caso es muy posible que tengan relación con varios proyectos extractivistas que hoy están cambiando la matriz productiva de de la provincia. Sobre todo porque una de las funciones de Mekorot es establecer el precio del agua y la ubicación de fuentes subterráneas y superficiales. Sabemos que proyectos como Calcatreu, se planifican en una zona de emergencia hídrica. Lo mismo ocurre con los oleoductos o el GNL, que están pensados para lugares donde escasea el agua en forma alarmante», deslizó Odarda.
La denuncia penal contra Arabela Carreras
Magdalena Odarda, junto a su par de bancada Ayelén Spósito, presentaron el mes pasado una denuncia penal contra Carreras por los presuntos delitos de abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, conforme al artículo 248 del Código Penal. Por el momento, la Fiscalía inició la etapa de investigación y se esperan avances al respecto.
