Que un trabajador cobre su sueldo y encuentre que los descuentos por préstamos se llevaron el 80%, el 90% o incluso la totalidad de sus ingresos dejó de ser una situación excepcional en el Estado rionegrino. Durante los últimos dos años, el problema llegó a la Legislatura, a los tribunales laborales, a los gremios y finalmente al propio gobierno provincial.
El último planteo surgió la semana pasada dentro del sistema educativo. El vocal gremial docente Mario Floriani presentó ante el Consejo Provincial de Educación un proyecto de resolución para establecer que los descuentos mediante códigos no puedan superar el 20% de los haberes.
La iniciativa fue fundamentada en la existencia de docentes con retenciones superiores al 80% y casos en los que el salario disponible directamente llegó a cero.
Floriani sostiene que el salario, por su carácter alimentario, debe conservar una porción suficiente para garantizar la subsistencia del trabajador y su familia y propone que el Consejo intervenga estableciendo el límite del 20%.
Pero el proyecto docente es sólo el capítulo más reciente de una discusión que viene acumulando antecedentes.
Un límite que ya se propuso en 2024
Uno de los primeros intentos legislativos recientes apareció en septiembre de 2024. El proyecto 923/2024, presentado por el bloque Coalición Cívica ARI-Cambiemos, proponía que los descuentos aplicados sobre los salarios de los trabajadores de los tres Poderes del Estado provincial —incluidos débitos directos sobre las cuentas sueldo por deudas bancarias, financieras o consumos en cuotas— no pudieran superar el 20%.
La iniciativa no avanzó y terminó caducando en abril de este año.
Sin embargo, el planteo reapareció en 2026. El legislador Luciano Delgado Sempé presentó el proyecto 494/2026, que establece que el total de retenciones, descuentos o embargos judiciales sobre los haberes de trabajadores de los tres Poderes provinciales no pueda superar el 20% de la remuneración neta, una vez realizados los descuentos obligatorios.
El expediente continúa activo y tuvo pedidos de tratamiento preferencial en abril, septiembre y nuevamente en la sesión del 24 de septiembre.
Delgado Sempé impulsó además el proyecto 441/2026, que aborda el problema desde otro ángulo: propone crear un Programa de Desendeudamiento y Protección de Ingresos de las Familias Rionegrinas, con un fondo fiduciario destinado a facilitar la reorganización de las deudas. También continúa pendiente de tratamiento.
Regular quién puede descontar del sueldo
Otra propuesta ingresó en julio y pone el foco no solamente en cuánto se descuenta, sino en las entidades que utilizan ese mecanismo.
El proyecto 790/2026, presentado por Leandro García, María Alejandra Mas, Daniel Belloso, Luis Ivancich y Pedro Dantas, busca regular las condiciones bajo las cuales la Provincia autoriza los descuentos por planilla para cobrar operaciones crediticias otorgadas a agentes públicos y crea un Registro Provincial de Entidades Autorizadas. El expediente permanece en comisión.
El funcionamiento de ese sistema ya había generado preguntas durante 2025. En marzo de ese año, legisladores provinciales presentaron un pedido de informes para conocer el estado del Registro de Entidades con Código de Descuento (RECoD), creado a partir del decreto 1485/2018, además de requerir información sobre las firmas habilitadas y las operaciones realizadas. Hacienda respondió ese requerimiento en septiembre de 2025.
La discusión volvió a la Legislatura el mes pasado. Dos nuevos pedidos de informes, los expedientes 1105 y 1106/2026, requieren al Ejecutivo información sobre el funcionamiento de los códigos de descuento y sobre las entidades actualmente habilitadas para operar con los salarios de los agentes provinciales.
Un límite que quedó suspendido
Más allá de la coyuntura, los descuentos a los estatales tienen en Río Negro una particularidad en su normativa.
El decreto provincial 1485/2018, que regula el sistema, contemplaba originalmente un límite del 50% para las deducciones destinadas al pago de obligaciones dinerarias. Sin embargo, en 2020 el decreto 1186 suspendió la aplicación de ese artículo hasta que el Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos contara con toda la información necesaria de los agentes públicos.
Esa suspensión terminó convirtiéndose en un elemento central de las causas que llegaron a la Justicia. En fallos recientes, tribunales laborales advirtieron que el límite previsto originalmente había quedado suspendido durante años y debieron resolver qué porcentaje del salario debía preservarse frente a la acumulación de descuentos.
De los recibos de sueldo a los tribunales
Durante 2026 se multiplicaron las presentaciones judiciales de docentes que pidieron frenar o reducir las retenciones.
En junio, la Cámara Segunda del Trabajo de Roca intervino en el caso de una docente que había contraído créditos con distintas mutuales y financieras y solicitó que los descuentos fueran limitados al 33% de su salario.
Después aparecieron otros expedientes con características similares. En julio hubo resoluciones vinculadas con docentes que reclamaban el mismo límite y en septiembre la Cámara volvió a analizar el caso de una trabajadora cuyos descuentos correspondían a créditos otorgados por varias mutuales.
Como ejemplo, en uno de los expedientes una docente informó que en noviembre de 2025 había cobrado apenas $104.532; en diciembre, $64.112; en enero, $14.484 y en febrero directamente no había percibido salario como consecuencia de las retenciones.
La judicialización no se dio sólo en Roca. En agosto, la Cámara del Trabajo de Viedma intervino en otra causa iniciada por una docente que solicitó limitar al 33% los descuentos derivados de siete créditos diferentes.
El Gobierno también puso el tema en agenda
Y ante la acumulación de casos, a comienzos de septiembre se conoció que el gobierno de Alberto Weretilneck analizaba establecer un límite general para las retenciones sobre los salarios estatales derivadas de deudas con mutuales, gremios y otras entidades crediticias.
La alternativa estudiada por Hacienda ubicaba ese techo entre el 30% y el 33% del haber, un porcentaje superior al 20% planteado por algunos proyectos legislativos y ahora también por Floriani para los docentes.
La discusión sumó además presión gremial. El 21 de septiembre, ATE Río Negro reclamó formalmente al Ejecutivo un límite para evitar que las cuotas de créditos y préstamos puedan absorber gran parte o incluso la totalidad del salario de los empleados estatales.
