El proyecto de ley que propone derogar una tasa destinada al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales (Sitrajur) abrió un intenso debate político en la Legislatura rionegrina durante esta semana. La iniciativa, que ya genera resistencia en el gremio y en los bloques peronistas, se encamina ahora hacia su discusión en el recinto el próximo jueves.
En esta nota de Literal repasamos en qué consiste la medida, cuáles son los sectores que la respaldan y qué argumentos ponen sobre la mesa los distintos legisladores.
Un aporte vigente desde los 70′
La iniciativa apunta a derogar el artículo 178 de la Ley K N° 5190, que establece una contribución obligatoria del 0,2% sobre el monto de todos los juicios contenciosos o voluntarios que se inicien en cada Circunscripción Judicial de la provincia. Dicho aporte es percibido por el Sitrajur y, según la normativa vigente, debe destinarse a la obra social de la entidad y a los fines previstos en su estatuto.
En la práctica, el cobro se aplica en cualquier proceso en el que se dirima un aspecto económico: desde un accidente de tránsito hasta una división de bienes, una sucesión o un reclamo laboral. De acuerdo al oficialismo provincial, tan solo en 2024 se estima que generó una recaudación cercana a los 100 millones de pesos.
“Es una contribución injusta, no corresponde que alguien tenga que pagarle a un sindicato por iniciar un trámite judicial”, sostuvo la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), autora del proyecto y candidata a senadora por el partido que conduce Ariel Rivero. En diálogo con Mañana de Noticias, explicó que este aporte se instauró en 1975, fue derogada en 1998 y volvió a implementarse en 2009.
“En su momento no hubo un argumento sólido para sostenerlo, más allá de decir que había que ayudar al gremio. Pero la realidad es que esa plata es de todos los rionegrinos. Es una carga, un impuesto y un privilegio para un sindicato”, agregó la dirigente cipoleña, quien también subrayó que no existe un antecedente similar en ninguna otra jurisdicción del país.
En el texto del proyecto, Mansilla remarca que no hay una contraprestación directa hacia la sociedad, ya que los recursos se destinan únicamente al gremio judicial y a sus afiliados:
“Como toda contribución, debería existir siempre y cuando haya un beneficio o servicio en retorno. ¿Qué beneficio le otorga Sitrajur a una madre que inicia un reclamo por alimentos, o a un trabajador que cobra una indemnización laboral? No corresponde que el Estado imponga una obligación que solo favorece a una entidad gremial, cuando sus ingresos deberían provenir de los propios afiliados, mediante negociaciones paritarias”.
El apoyo de JSRN
El planteo también encontró eco en el oficialismo provincial. El legislador Facundo López (JSRN) respaldó la iniciativa con un argumento en la misma línea:
“Es una cuestión de sentido común. ¿Por qué una madre que reclama alimentos y obtiene un fallo favorable debe aportar parte de ese dinero al sindicato de empleados judiciales, si ella no es trabajadora ni afiliada? ¿Por qué un empleado despedido que cobra su indemnización tiene que destinar un porcentaje a un gremio al que no pertenece? No hay razón para que todos los rionegrinos tengan que financiar a Sitrajur”.
Respaldo mayoritario, salvo del peronismo
La derogación de la contribución obtuvo este martes dictamen favorable en un plenario de comisiones. Contó con respaldo de los bloques Juntos Somos Río Negro, Unión Cívica Radical, CC-ARI Cambiemos y PRO. En contraste, Vamos con Todos y PJ–Nuevo Encuentro manifestaron un rechazo cerrado.
Mansilla cuestionó la actitud de los bloques opositores: “Ayer pasó algo muy raro. Los candidatos del partido peronista no querían que se trate el proyecto. La función legislativa es discutir. Después, si se aprueba o no, tiene que pasar por votación. Pero lo que pasó en comisión fue extraño, hubo una oposición firme a debatir. Un legislador tiene que venir, poner la cabeza, hablar y pensar por todos los rionegrinos”.
Por su parte, el legislador José Luis Berros (Vamos con Todos) expresó durante la discusión plenaria que esta ley representa una “nueva avanzada contra los sindicatos” y sugirió que se busca disciplinar y desfinanciar a la entidad. Magdalena Odarda, de la misma bancada, sostuvo que es una iniciativa “inconsulta e inconstitucional” y que arremete contra la “intangibilidad de los fondos de los gremios”.
Por su parte, Ana Marks, de PJ-Nuevo Encuentro, manifestó que la propuesta “habla claramente de quien está gobernando la provincia, que va en contra de los sindicatos”. Además cuestionó el momento en que se presenta: “Estuvo frizado durante mucho tiempo y sale recién ahora, de manera inconsulta”.
El rechazo rotundo
La reunión de ayer se desarrolló en un clima de particular tensión, con la participación de la comisión directiva de Sitrajur. Su secretario general, Marcos Calarco, refutó la postura de Mansilla y defendió la vigencia de la contribución. Explicó que el aporte nació para otorgar “un marco de equidad y de dignidad a los trabajadores judiciales” y que se traduce en beneficios concretos tanto para los afiliados como para la sociedad.
Desde el gremio enumeraron que esos fondos sostienen servicios como el alojamiento económico o gratuito en las cabeceras de la provincia, capacitaciones en mediación para empleados judiciales, y una cobertura de salud que incluye 30% de descuento en farmacia y 100% en estudios bioquímicos para los afiliados. “Es parte de un salario indirecto”, remarcaron, al advertir que la eliminación de la tasa impactaría directamente en el bienestar de los trabajadores.
En la misma línea, el exlegislador y actual secretario general de la Primera Circunscripción Judicial, Pablo Barreno, calificó la iniciativa como “una vergüenza” y acusó a los impulsores de buscar “disciplinar” a los agentes judiciales.
El financiamiento gremial en debate
La controversia por los aportes que benefician a Sitrajur se cruza con otra discusión abierta la semana pasada en la Legislatura: el proyecto del PRO que propone introducir el principio de “libertad sindical negativa” en materia de descuentos sobre haberes salariales. En términos simples, la iniciativa establece que ningún descuento podrá aplicarse sin una manifestación expresa del trabajador.
“No estamos en contra de los sindicatos, sino a favor de que los trabajadores puedan decidir libre y conscientemente qué hacer con su salario. Esto hará que los gremios sean más transparentes, que las afiliaciones y los aportes sean voluntarios. Queremos un sistema más democrático, donde se respeten los derechos de todos: tanto de las agrupaciones sindicales como de los trabajadores”, explicó la legisladora Gabriela Picotti, autora del proyecto.
Aunque en este caso el eje es distinto —ya que no se trata de un descuento a empleados de un mismo sector, sino de una tasa aplicada de manera general a quienes inician procesos judiciales con contenido económico—, ambas iniciativas confluyen en un mismo punto: la revisión de los mecanismos de financiamiento sindical.
Mansilla, promotora de la derogación de la contribución a Sitrajur, anticipó que está dispuesta a acompañar el proyecto del partido amarillo:
“Lo acompañaríamos, pero todavía está en comisiones. Esperamos que se trate, porque todos los proyectos, tanto de la oposición como del oficialismo, tienen que discutirse”.
Escuchá a Yolanda Mansilla en Mañana de Noticias:
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