Desde el bloque de legisladores de la UCR volvieron a presentar el proyecto de ley que busca regular el proceso de transición en el Poder Ejecutivo. Hasta el momento, la Provincia carece de un marco legislativo específico que garantice mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas entre los gobiernos salientes y los entrantes.
El enfoque en la alternancia
La iniciativa ingresó esta semana a la mesa de entrada de la Legislatura, luego de que la propuesta presentada en 2024 perdiera estado parlamentario.
En su argumentación, los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene expusieron la necesidad de establecer disposiciones “claras y precisas” que garanticen una adecuada transferencia de responsabilidades entre las administraciones salientes y entrantes. Se trata de un ámbito donde la legislación rionegrina presenta un “vacío normativo”, por lo que el texto propone fijar principios, procedimientos y mecanismos que permitan asegurar una transición administrativa ordenada, transparente y eficiente.
“Plantea un proceso de transición democrática y republicana entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, entendiendo la transición como una oportunidad para afianzar los cimientos de la democracia, oxigenar ideas y renovar equipos, algo que supone un gran desafío en una época donde las grietas sociales e ideológicas son moneda corriente”, señala el documento.
Los autores también insistieron en la necesidad de fortalecer una “cultura de rendición de cuentas” como parte de la responsabilidad inherente al ejercicio del poder público.
En ese sentido, advirtieron sobre los múltiples casos de improvisación que suelen registrarse cuando un nuevo sector político accede a la gobernación. Según plantearon, la ausencia de un marco legal específico dificulta arribar a conclusiones claras y definitivas sobre la gestión saliente.
“La renovación política en el ejercicio de los gobiernos es propia del sistema en el que vivimos, ya que el Estado no se vuelve a crear ni renace cada vez que esto sucede. Es allí donde cobra relevancia el fortalecimiento de nuestro sistema de gobierno en relación con el ejercicio temporal del poder público. La alternancia como mecanismo garante del sistema republicano —y saludable para las sociedades organizadas en Estados— también implica un esfuerzo colectivo para que la sociedad mantenga el orden y los gobiernos garanticen la continuidad de sus políticas cotidianas. Aunque dicha alternancia supone muchas veces el cambio de medidas, políticas públicas y políticas de Estado, la responsabilidad de lograr una transición ordenada alcanza tanto al gobierno saliente como al entrante”, sostiene el escrito.
Por último, los parlamentarios remarcaron que el acceso a la información —especialmente en casos de problemáticas o contratiempos— resulta clave para que las nuevas administraciones puedan sentar sus bases políticas y administrativas.
Los antecedentes
Los ediles explicitaron en la argumentación la situación ocurrida en 2023, cuando el por entonces gobernador electo Alberto Weretilneck encomendó un proceso de transición dos meses antes del cambio de mando. En aquella oportunidad se designó un equipo técnico para un “proceso de diálogo y coordinación” con la administración de Arabela Carreras, que involucró a la mayoría de las áreas del Estado y de las empresas públicas.
Sin embargo, esa instancia tuvo lugar por una voluntad política de las nuevas autoridades. Vale precisar que la Constitución de Río Negro regula la asunción, el fin del mandato y los reemplazos, pero no establece un procedimiento de transición administrativa entre gobiernos. Ese aspecto queda librado a la práctica de la dirigencia local.
Donde sí existen regulaciones es en la provincia de Neuquén. La Ley 2720, con 15 años en vigencia, establece la creación de comisiones de trabajo, que son las encargadas de efectuar informes. Una vez asumido el nuevo mandatario, la norma fija de carácter obligatorio la presentación de un informe final, que debe ser elevado a los poderes del Estado y organismos de contralor.
Asimismo, existe un antecedente de legislación similar en un municipio rionegrino. Se trata de Regina que, por medio de la ordenanza 35/2023, comenzó a regular el cambio de mando de la intendencia. En la práctica, el esquema previsto por la normativa no difiere demasiado del modelo aplicado en territorio neuquino.
Qué dice la letra chica del proyecto
La propuesta de la UCR delega en el Ministerio de Gobierno la responsabilidad de ejecutar el proceso de transición, que deberá desarrollarse en la administración pública central, los entes autárquicos y descentralizados, las empresas del Estado y los entes interjurisdiccionales. Además, la iniciativa busca que la normativa también alcance a las autoridades de las comisiones de fomento.
El proyecto contempla la creación de una comisión de transición, integrada por el ministro de Gobierno, el contador general de la provincia, cinco representantes del gobierno saliente y ocho ciudadanos designados por el gobernador electo.
En relación con los informes de gestión, se establece que tendrán carácter de declaración jurada y deberán incluir, como mínimo: los planes, proyectos o programas correspondientes al área durante la última gestión; el estado de la situación presupuestaria y financiera; un inventario de bienes, depósitos, disponibilidades monetarias y obligaciones exigibles; la situación de los recursos humanos; el estado de todos los procesos judiciales y arbitrales; un listado de contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios; el estado de los permisos, autorizaciones y concesiones de servicios y obras otorgados por el área; y las cuestiones de gestión que revistan carácter urgente.
Estos informes deberán ser elevados por el Ministerio de Gobierno al representante de la comisión del gobierno electo 20 días antes de la finalización del período de transición.
Por su parte, la comisión designada por el gobierno electo deberá elaborar un informe final, que incluya un análisis de la información recabada y una evaluación del funcionamiento del proceso de transición. Ese documento deberá publicarse al día siguiente de su presentación en la página web del Gobierno provincial, en formato abierto y accesible para la ciudadanía, y remitirse además a la Legislatura.
Por último, el proyecto establece sanciones por incumplimiento. Los funcionarios que no apliquen este régimen podrán ser denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, conforme al artículo 249 del Código Penal argentino, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y civiles que pudieran corresponder por los daños ocasionados. En ese contexto, también se prevé la inhabilitación para acceder a otro cargo público.
