“Déjenlo preso o internámelo”. El pedido puede resultar difícil de escuchar cuando proviene de una madre. Pero para Soledad Renda fue la conclusión después de doce años recorriendo oficinas públicas, hospitales, fiscalías, juzgados y centros de tratamiento en busca de una respuesta para alejar a su hijo del mundo de las drogas.
Él tiene 28 años, consume cocaína desde hace doce y actualmente está en situación de calle en Cipolletti. A lo largo de ese tiempo tuvo detenciones, internaciones, tratamientos ambulatorios y pasó por diferentes ciudades de Río Negro. Ninguna de esas intervenciones, según el relato de su madre, consiguió modificar de manera sostenida su situación.
Soledad contó su historia en Mañana de Noticias, por Literal Radio. Y detrás de la experiencia personal aparece una pregunta de alcance público: ¿qué ocurre cuando una familia pide ayuda y las respuestas de Salud, Justicia, Policía y los organismos de protección social funcionan como intervenciones aisladas, sin conseguir construir una salida integral?
“No hay respuesta de ningún sector del Estado”, resumió.
“Lo primero que se comen las drogas es la voluntad”
Uno de los principales cuestionamientos de Soledad apunta al funcionamiento del sistema de atención de los consumos problemáticos y a los límites que encuentra una familia cuando la persona no acepta voluntariamente un tratamiento.
“Lo primero que se comen las drogas es la voluntad”, aseguró, citando una frase que escuchó de una psiquiatra que atendió a su hijo. Y a partir de allí planteó la contradicción que, desde su experiencia, atraviesa todo el sistema: “Si pierden la voluntad, ¿cómo se van a internar?”.
Su hijo ya atravesó internaciones. Una de ellas fue posible a partir de una beca que consiguió luego de llegar hasta Roberto Moro, titular de la Sedronar. El tratamiento se realizó en Mercedes, provincia de Buenos Aires, pero duró apenas dos meses.
“Él dijo que estaba bien y se quería ir”, recordó. La institución, relató, no podía retenerlo.
La misma dificultad apareció en el sistema hospitalario. En una oportunidad, su hijo llegó en estado crítico al hospital de Roca después de un intento de suicidio. Permaneció en terapia intensiva y los estudios, según contó Soledad, evidenciaron un alto consumo de cocaína. Después comenzó otra discusión: cuánto tiempo podía permanecer internado y dónde debía continuar el tratamiento.
El problema, sostiene, es que después de resolver la emergencia, el recorrido institucional vuelve a empezar desde cero.
De una oficina a otra y otra vez desde cero
Soledad también acudió a la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA), organismo provincial encargado del abordaje de los consumos problemáticos.
Su cuestionamiento no está dirigido a los trabajadores sino al diseño de la respuesta. Describe un circuito de entrevistas y encuentros sucesivos difícil de sostener para una persona atravesada por un consumo severo.
“Vas a la reunión, al test, a la primera, a la segunda, porque en esas dos ya se te perdió y otra vez aparece el problema y otra vez es el consumo”, explicó.
Algo similar, aseguró, ocurre con los tratamientos ambulatorios y la atención hospitalaria. Si la persona abandona el seguimiento, el vínculo con el sistema se interrumpe y, cuando regresa meses después, buena parte del proceso debe comenzar nuevamente.
El resultado que describe es una sucesión de intervenciones que no necesariamente conforman un tratamiento continuo: una guardia hospitalaria atiende la emergencia; un organismo especializado propone un abordaje; la Policía interviene ante un delito; la Fiscalía analiza si existen motivos para mantener una detención; y la familia vuelve a hacerse cargo cuando esas instancias terminan.
En el medio queda la persona con consumo problemático.
“O mata o muere”
La expresión más dura de esa falta de respuestas llegó, según relató Soledad, en sus conversaciones con funcionarios judiciales.
Hace pocas semanas denunció a su propio hijo porque estaba robando. No buscaba solamente que interviniera la Policía: pretendía que la detención permitiera abrir alguna instancia capaz de frenar la situación.
Pero volvió a quedar en libertad.
Su hijo había protagonizado también una persecución policial en Cipolletti. Según el relato de Soledad, después de ingresar a la vivienda de su padre fue detenido y recibió una brutal golpiza por parte de policías. Al día siguiente recuperó la libertad.
Cuando ella reclamó explicaciones en una comisaría, contó que la respuesta que recibió fue que la Policía tenía “las manos atadas”: realizaba el procedimiento y luego la continuidad dependía de las decisiones judiciales.
Soledad trasladó entonces su reclamo a la Fiscalía. “O dejémoslo preso o dejémoslo internado”, pidió.
La respuesta que asegura haber recibido resume para ella el fracaso de todo el recorrido.
“Le dije a la Fiscalía: ‘O mata o muere’. Y sí, me dijo”, recordó. Y agregó que anteriormente un juez de Bariloche le había planteado un escenario similar: “Señora, usted tiene que hacerse a la idea de que, su hijo, o mata o muere”.
Ella se niega a aceptar que esas sean las únicas alternativas.
Drogas: el problema tampoco termina en quien consume
La historia permite observar otra dimensión del consumo problemático: las consecuencias sobre quienes rodean a la persona.
Soledad tiene a su cargo a tres nietos. Son hijos de su hijo y de una mujer que también atraviesa problemas de consumo y cuyo paradero, explicó, actualmente desconocen.
Allí aparece otro conjunto de organismos. Intervinieron la SENAF y el Juzgado de Familia para disponer el cuidado de los niños, pero Soledad sostiene que tampoco encontró una coordinación adecuada entre esas áreas.
“Los niños quedan en el medio”, resumió.
La responsabilidad cotidiana quedó sobre ella: el cuidado, la escolaridad, los trámites, la asistencia económica y también el impacto emocional de tener padres atravesados por el consumo.
Para Soledad, ese escenario demuestra por qué resulta insuficiente analizar las adicciones exclusivamente desde la situación individual de quien consume. Alrededor aparecen hijos, padres, vecinos, hospitales, escuelas, policías, jueces y organismos sociales que enfrentan consecuencias diferentes de un mismo problema.
Una red de madres como próxima puerta
Después de doce años, Soledad admite momentos en los que siente que las alternativas se terminan.
“¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi hijo?”, preguntó durante la entrevista.
Sin embargo, cuando se habló de pérdida de esperanza, corrigió inmediatamente esa definición.
“No, no. Estamos en lucha. A veces duele, a veces pesa, pero vamos a seguir peleando mientras haya vida”, afirmó.
Soledad empezó a estudiar Derecho porque considera que necesita nuevas herramientas para comprender y discutir un sistema que recorrió durante años desde el lugar de una madre. Y ahora busca también conectarse con otras mujeres que atraviesan situaciones similares.
Su intención es crear en Roca algún espacio de autoayuda y construir una red capaz de acompañar a las familias en los recorridos que ella ya conoce: saber dónde presentarse, qué reclamar y ante quién hacerlo.
Después de hospitales, fiscalías, juzgados, organismos provinciales y funcionarios nacionales, esa iniciativa surge de una constatación que atraviesa todo su testimonio: las puertas existen. El problema, sostiene, es que detrás de cada una aparece una respuesta parcial y que, cuando esa intervención termina, la familia vuelve a quedar frente al mismo punto de partida.
Doce años después, Soledad todavía busca una puerta que conduzca a otra lugar.
Escuchá la entrevista completa con Soledad Renda en Mañana de Noticias
