El Gobierno nacional promulgó este martes la Ley N° 27.828, que modificó el régimen de Zona Fría. La norma mantiene los beneficios para la Patagonia; Malargüe, en Mendoza; y la Puna, pero introduce cambios en el esquema para el centro del país y otorga a la administración nacional facultades para determinar las condiciones de aplicación de los beneficios.
La reforma, largamente discutida en el Congreso, generó cuestionamientos de legisladores del peronismo de Río Negro, que advirtieron sobre el posible impacto en las facturas de gas. Desde los sectores libertarios, en cambio, sostuvieron que la modificación no altera los beneficios que reciben los usuarios de la región.
Lo que cambia y lo que se mantiene
De acuerdo a la norma, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas continuará financiando compensaciones para las empresas proveedoras y subsidios vinculados al consumo de gas en la Patagonia, Malargüe y la Puna (áreas alcanzadas desde la creación del régimen, en 2002).
En esos sectores, los beneficios continuarán vigentes para los usuarios residenciales de gas natural por redes y de propano distribuido por redes. También se contempla a los usuarios del Servicio General P en localidades abastecidas mediante redes de propano.
El cambio más significativo alcanza a las regiones que habían sido incorporadas al régimen en 2021, cuando se amplió la cobertura de Zona Fría a distintas localidades del centro del país. Para esos usuarios, la reforma reemplaza el esquema general por una bonificación adicional vinculada al Régimen de Subsidios Focalizados (Rase).
Ese beneficio se aplicará sobre el consumo base de gas natural o propano por redes y estará destinado a los hogares que cumplan con determinados requisitos:
- Hogares cuyos integrantes perciban, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a tres canastas básicas totales.
- Hogares con al menos un integrante que tenga Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
- Hogares con al menos un integrante que perciba una pensión vitalicia para veteranos de la Guerra de Malvinas.
- Hogares con al menos un integrante que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD). En estos casos, la Secretaría de Energía deberá evaluar en qué medida la discapacidad genera una necesidad de asistencia económica para afrontar el pago de los servicios energéticos.
La bonificación se limita al consumo base, por lo que no alcanza a todos los componentes de la factura, que también incluye cargos por transporte y distribución, impuestos y otros conceptos. Esa diferencia es uno de los puntos señalados en las críticas a la reforma.
Cómo se financia el fondo
La ley mantiene un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte. Se calcula por cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías y se aplica al gas comercializado o consumido en el mercado interno. Quedan exceptuados el gas destinado a exportación —incluido el gas natural licuado— y el gas proveniente de importaciones de GNL que, luego de ser regasificado, se inyecta al sistema de transporte.
La norma también habilita al Gobierno a aumentar o reducir el nivel de ese recargo hasta un 50%, según las modalidades que determine.
Esta atribución se refiere al recargo destinado a financiar el fondo. El texto legal no establece expresamente que esa misma facultad permita modificar de manera automática el porcentaje de bonificación que reciben los usuarios de la Patagonia.
La advertencia del peronismo
Desde el ámbito político provincial, el diputado Marcelo Mango cuestionó la modificación de la ley y sostuvo que el cambio deja margen para que Nación modifique las condiciones de los beneficios. “El descuento del 50% sobre los cuadros tarifarios plenos, que hasta ayer estaba garantizado por ley, ahora queda librado a la decisión del Poder Ejecutivo”, afirmó.
El legislador también cuestionó el respaldo de representantes patagónicos a la iniciativa y adelantó que buscará impulsar modificaciones.
Por su parte, el senador nacional Martín Soria se retiró del recinto y no participó de la votación ocurrida días atrás. En declaraciones a Radio Antena Libre, criticó la decisión del Gobierno y sostuvo: “Estos delirantes que gobiernan la Argentina decidieron eliminar el subsidio, porque consideraron que no es necesario”.
Soria advirtió sobre el impacto que podría tener una modificación en la forma de calcular la bonificación y planteó que los usuarios podrían afrontar aumentos de entre el 30% y el 40% en sus facturas. Su cuestionamiento apunta a que el beneficio se aplique sobre el consumo base y no sobre el conjunto de los componentes de la factura.
“Los socios de Milei en el Congreso votaron para habilitar que se pueda modificar un artículo del único de los tres ítems que quedó, por resolución, ni siquiera por ley. ‘Toto’ Caputo puede reducir ese subsidio en un 30%, 40%, 10% o nada, según las necesidades económicas del Gobierno, que son cada vez mayores”, afirmó.
La postura libertaria
El diputado nacional Aníbal Tortoriello defendió la modificación meses atrás, luego de votar a favor de la iniciativa. “La modificación afecta a la zona centro y norte del país, y no cambia en lo más mínimo para la Patagonia y el departamento de Malargüe”, sostuvo.
Sin embargo, la postura del empresario cipoleño abrió recientemente un cruce entre referentes de Cambia Río Negro y la Coalición Cívica-ARI. El legislador provincial Fernando Frugoni, de ese último espacio, cuestionó el voto favorable tanto de Tortoriello, como de Lorena Villaverde, Sergio Capozzi y el senador Enzo Fullone.
Frugoni planteó que, aunque la reforma mantiene referencias a los beneficios de Zona Fría, los cambios en las condiciones de aplicación podrían afectar el alcance efectivo de la bonificación. “Si Tortoriello y los demás legisladores que acompañaron esta reforma consideran que no se perjudicó a los rionegrinos, que expliquen públicamente cómo se conserva el mismo beneficio cuando el descuento deja de aplicarse sobre una parte importante de la factura. No alcanza con decir que se mantiene la Zona Fría; hay que explicar cuánto más van a pagar los usuarios”, afirmó.
La respuesta llegó de Patricia Mc Kidd, del bloque tortorielista, quien cuestionó que se presenten posibles consecuencias como hechos confirmados. “La ley de Zona Fría fue aprobada hace apenas dos semanas. Por lo tanto, todavía no hubo una aplicación que permita afirmar que las facturas ya aumentaron. Una cosa es discutir los posibles efectos de una reforma y otra muy distinta es presentar una estimación como si fuera un hecho consumado”, sostuvo.
Mc Kidd agregó que “la preocupación por el bolsillo de los rionegrinos merece seriedad, no oportunismo político”.
