El régimen de Zona Fría, creado en 2002, representó durante casi 25 años un alivio clave en las tarifas de gas para cientos de miles de usuarios de la Patagonia, una de las regiones más castigadas por las condiciones climáticas extremas. Pero tras su ampliación en 2021 —que prácticamente duplicó la cantidad de beneficiarios en todo el país— el Gobierno Nacional abrió una revisión integral del esquema y anticipó un retorno a los criterios originales establecidos en la ley de comienzos de siglo.
En esta nota repasamos qué es la Zona Fría, qué efectos podría tener la derogación parcial de su articulado y qué implicancias concretas tendría para una provincia como Río Negro.
Un poco de historia
La Ley 25.565 —la Ley de Presupuesto 2002— creó el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, mecanismo destinado a financiar los descuentos en la tarifa de gas de los usuarios de la región patagónica (sobre todo las zonas andinas), el departamento Malargüe (Mendoza) y la Puna. Estas fueron las áreas originalmente alcanzadas por el beneficio.
El fondo se nutre de un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Los montos recaudados se transfieren directamente al Fondo Fiduciario, que luego compensa a las distribuidoras por los descuentos aplicados a los usuarios beneficiarios. Actualmente, ese recargo se ubica en 6,8% del PIST, y lo pagan todos los usuarios del país —residenciales, comerciales e industriales— como uno de los componentes de la factura, junto con transporte, distribución e impuestos.
En 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, el régimen fue modificado mediante la Ley 27.637, que introdujo dos cambios centrales:
- Estableció un piso de descuento del 50% sobre los cuadros tarifarios para las zonas originalmente beneficiadas por el régimen.
- Extendió el beneficio a nuevas regiones, provincias, departamentos y localidades clasificadas como “subzonas”, ampliando significativamente la cantidad de usuarios alcanzados en regiones cálidas y templadas cálidas como Rosario, Córdoba, San Luis y gran parte del territorio bonaerense.
Para estas nuevas áreas incorporadas, la ley dispuso que los cuadros tarifarios diferenciales para usuarios residenciales de gas natural y gas propano indiluido deberán ser equivalentes al 70% del cuadro tarifario pleno. En pocas palabras, se aplica un descuento del 30%.
El camino a su modificación
Con la llegada del gobierno de Javier Milei, la continuidad y el alcance del régimen de Zona Fría volvió a quedar bajo discusión. Aunque la eliminación del beneficio fue retirada de la Ley Ómnibus —un punto que el oficialismo rionegrino celebró como un logro político, especialmente a través de las gestiones del entonces diputado Agustín Domingo—, el debate regresó con fuerza este año.
En mayo, mediante la Resolución 219/2025, la Nación actualizó los criterios para acceder a los cuadros tarifarios diferenciales en las regiones incorporadas en 2021. El objetivo declarado fue ordenar un ”régimen deficitario, que incorporaba usuarios de forma automática y con escasos controles, y avanzar hacia una focalización del subsidio únicamente en quienes realmente lo necesitan”.
Hasta ese momento, los usuarios sumados al esquema con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos podían acceder al descuento del 50% en todos los medidores que tuvieran a su nombre. La nueva normativa modificó esa situación, aplicando el beneficio para un único suministro. En los restantes, se aplica la bonificación del 30%, prevista legalmente para las zonas ampliadas.
Finalmente, la propuesta de modificar el régimen quedó incorporada al proyecto de Presupuesto 2026, quedando ratificada en la iniciativa legislativa presentada este martes por el Consejo de Mayo, donde el Ejecutivo consolidó su planteo de regresar a los criterios originales del régimen.
Qué se propone con la reforma
El Presupuesto 2026 propone redefinir el alcance de los beneficiarios. Mientras la normativa vigente establece una reducción del 50% sobre la tarifa plena de gas para todos los usuarios residenciales dentro de las regiones alcanzadas por la ley, la nueva redacción limita ese descuento exclusivamente a las zonas geográficas originales previstas en la normativa de 2002.
Uno de los cambios más significativos surge de la reforma del artículo 3 de la Ley 27.637, donde se elimina la referencia explícita a que los beneficios deben equivaler al 50% de los cuadros tarifarios y, en su lugar, establece que los descuentos en las tarifas serán determinados por el Gobierno, con las modalidades que considere pertinentes. Esto implica que el porcentaje del beneficio dejará de estar fijado por ley y pasará a ser una facultad reglamentaria.
Además, el proyecto deroga los artículos 4, 5, 6, 7 y 8, que conforman el corazón del régimen ampliado. En la práctica, la eliminación de estos artículos supone la caída casi total del beneficio para las zonas incorporadas en 2021, lo que afectaría a áreas como el sur de Buenos Aires y el centro-sur de La Pampa.
Esta modificación quedó respaldada en el informe final del Consejo de Mayo, dentro del apartado titulado “El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. “La propuesta que había sido preparada por la Secretaría Legal y Técnica se nutrió de cada uno de los comentarios del Consejo”, sostuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al presentar el paquete de reformas.
La palabra final
El golpe definitivo para los cambios en el régimen de Zona Fría podría concretarse antes de fin de año, durante el período de sesiones extraordinarias, cuando el Congreso tiene previsto tratar la ”ley de leyes” enviado en septiembre por el presidente Javier Milei. El decreto de convocatoria al Parlamento detalla en su anexo los temas que integrarán la agenda legislativa: seis proyectos de ley que incluyen el Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal, Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal, Modernización Laboral, Reforma del Código Penal y la adecuación del régimen de Presupuestos Mínimos para la preservación de Glaciares y Ambiente Periglacial.
En diálogo con Literal, el diputado Sergio Capozzi —que recientemente dejó el bloque del PRO para sumarse a Provincias Unidas— explicó que la intención oficial es “liberar las tarifas pero no en toda la Patagonia”. Según detalló, el foco del ajuste apunta principalmente al sur bonaerense, La Pampa y Mendoza, zonas incorporadas en la ampliación de 2021.
“En la Patagonia no creo que ocurra de forma abrupta, sino como un proceso gradual”, respondió el legislador al ser consultado sobre el impacto de la reforma en la región.
De todos modos, la definición final quedará en manos del Congreso, que deberá resolver el futuro del régimen antes de que concluya el año.
El impacto para Río Negro
De acuerdo con datos del Gobierno Nacional, Río Negro cuenta con la mayor cantidad de usuarios alcanzados por el beneficio del 50% de descuento previsto en la Ley 25.565, es decir, dentro de las zonas históricas del régimen de Zona Fría. Se trata de un total de 233.164 suministros. Esto muestra el peso estructural que tiene el esquema en la provincia y, a la vez, permite dimensionar el impacto potencial de cualquier modificación legislativa.
En 2023, los ingresos del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas ascendieron a $94.849 millones, mientras que los pagos a beneficiarios totalizaron $74.416 millones. Según datos del portal Presupuesto Abierto, en lo que va del año el Gobierno Nacional lleva ejecutados $40.559,78 millones exclusivamente para los hogares alcanzados por el esquema original, sin considerar las áreas ampliadas.
La situación tarifaria
Río Negro es una provincia particularmente sensible cuando se trata de tarifas y facturación. El informe 2025 de la Defensoría del Pueblo indica que el 12% de los reclamos sobre servicios públicos correspondió al gas, en su mayoría vinculados a la empresa Camuzzi por demoras o faltas de conexión. Pero el dato más relevante en el contexto actual es que el 19,4% de los reclamos se originó en problemas vinculados a subsidios, y un 8,3% por aumentos excesivos en la facturación.
Este escenario llevó a la Defensoría a solicitar formalmente que se impidan los cortes de gas para usuarios residenciales N2 y N3 entre junio y septiembre de 2025. El organismo argumentó que la morosidad está directamente asociada al impacto de los fuertes aumentos tarifarios, a la incidencia del costo del servicio en los ingresos familiares y a las temperaturas invernales especialmente bajas en la región.
El pedido se fundamentó en tres ejes, aunque focalizó en la ”inequidad tarifaria estructural, agravada por decisiones recientes sobre PIST, subsidios de Zona Fría y la estructura de costos del servicio”.
La Defensoría advierte que la recomposición tarifaria iniciada en 2023 mostró una ”severidad particular” en la provincia, especialmente en el servicio de gas natural. “Se registraron en Río Negro incrementos del orden del 1.000% en la facturación final en algunos casos. Conforme se advierte, la prioridad de la política nacional fue el equilibrio fiscal y la asignación de recursos a las concesionarias, por sobre la recuperación del poder adquisitivo de los usuarios”, señaló el organismo.
En este contexto, la eventual eliminación o recorte del régimen ampliado de Zona Fría aparece como un elemento que podría profundizar la situación de los usuarios del sistema energético rionegrino.
