Las mesas técnicas entre el gobierno de Río Negro y Vialidad Nacional por la concesión de las rutas 22 y 151 comenzaron formalmente esta semana en Buenos Aires. El eje de la discusión estuvo puesto en la planificación de las obras y las inversiones necesarias que deberán integrarse a un futuro pliego licitatorio, paso clave para medir la viabilidad económica de las empresas interesadas en hacerse cargo de estos corredores viales.
El anuncio y el eje de trabajo
La reactivación del diálogo fue confirmada el lunes por el gobernador Alberto Weretilneck. En una entrevista con Infobae, el mandatario destacó el resultado de sus reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que permitieron destrabar las negociaciones en materia de infraestructura.
Hasta ahora, el debate por el estado de las rutas nacionales mostraba una virtual parálisis. El último intercambio se había producido hacía más de un año y, desde entonces, no se habían registrado progresos significativos.
A partir de una visita a Buenos Aires del ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, durante febrero, la Provincia logró acordar el comienzo de mesas operativas entre Vialidad Nacional y Vialidad Rionegrina.
Desde un inicio, el enfoque provincial buscó correr el eje de la discusión. No se trata de definir si habrá peajes o no —una posibilidad que dan por descontada ante la decisión del Gobierno nacional de no destinar recursos propios—, sino de establecer bajo qué condiciones se implementará el esquema de concesión. En ese sentido, las conversaciones empezaron a concentrarse en las ”indefiniciones técnicas” sobre el diseño de los corredores y el tipo de obras que deberían ejecutar los futuros concesionarios.
Aspectos de tensión
Uno de los puntos donde hubo consenso fue en descartar la continuidad de las trazas de un solo carril por mano, una alternativa que Vialidad Nacional había sostenido hasta el año pasado pese al alto volumen de tránsito en el Alto Valle.
“Nosotros dijimos que no estábamos para nada de acuerdo en dejar la Ruta 22 en 1+1. El esquema de concesión a 20 años lo acompañamos y nos parece adecuado, pero no así el planteo técnico original. Esto de mantener un carril por lado y proyectar una traza por arriba de la barda no resuelve en nada la situación en el corto plazo”, señaló Echarren, en diálogo con Literal.
Las nuevas reuniones retoman aquel proyecto de ”privatización” que Nación ya comenzó a aplicar en otras regiones del país, aunque en este caso habilitó a la Provincia a incidir en la definición de aspectos clave del esquema.
“Para avanzar con una concesión o una licitación tiene que existir un pliego de bases y condiciones con los proyectos terminados, y hoy eso no está. Hay indefiniciones técnicas, por ejemplo en los accesos a Roca y a Cipolletti. Entonces planteamos que la prioridad es terminar las rutas 22 y 151. A partir de ahí, ver cómo seguimos. Ellos tienen que resolver los contratos abiertos y nosotros nos ofrecimos a colaborar”, agregó Echarren sobre lo discutido en la primera reunión ocurrida el mes pasado.
Discusiones para largo
El encuentro de este martes se enfocó en relevar el estado de la documentación existente: qué proyectos hay, qué nivel de avance presentan y qué alternativas pueden construirse de manera conjunta, en articulación también con los intendentes de la región.
Este proceso aparece como determinante para definir el volumen de inversión que deberán afrontar los eventuales concesionarios y para delinear el paquete de obras obligatorias. A la vez, permitirá estimar de manera preliminar el costo que podrían tener los peajes en la región.
Río Negro no rechaza el esquema de cobro mediante peajes para el mantenimiento de las rutas. De hecho, en 2024 el propio gobierno de Alberto Weretilneck impulsó una iniciativa similar para la red provincial, aunque finalmente no ha llegado a implementarse. Sin embargo, hoy consideran que el proyecto aún no está en condiciones de aplicarse en el corto plazo.
“La concesión no está mal. Si uno acuerda pagar un peaje por una ruta que está en buenas condiciones, no está mal. En Río Negro no todas las rutas son concesionables por el volumen de tránsito, pero la 22 y la 151 claramente lo son. Es una alternativa válida, pero primero hay que definir varias cuestiones: qué se va a hacer con los contratos de obra en ejecución, resolver los aspectos técnicos pendientes y, recién ahí, pensar en un sistema de concesión”, sostuvo el ministro.
En esa línea, Echarren remarcó que las negociaciones están en una etapa inicial y que el desarrollo del proyecto demandará tiempo. “Esto recién empieza y va a ser un camino largo”, sintetizó.
Qué pasa con lo existente
Mientras se avanza en una planificación a futuro de los principales corredores viales del Alto Valle, sigue pendiente la ejecución de obras de mantenimiento.
Un caso paradigmático es la Ruta 151, donde la Justicia Federal ordenó la concreción de un plan de mejoras y de ejecución de las mismas. Si bien Vialidad aseguró recursos para el bacheo y la repavimentación parcial, en la Provincia consideran que resultan insuficientes para revertir el deterioro de la cinta asfáltica.
Un planteo similar se realizó respecto de la Ruta 40, en el tramo que une Bariloche con El Bolsón. Allí se llevaron adelante tareas de repavimentación a comienzos de 2024 , aunque también son evaluadas como escasas frente al estado general del corredor.
A este escenario se suman las definiciones aún pendientes sobre contratos de obra que continúan abiertos y no lograron concluirse. Uno de los casos más representativos es el de la rotonda de Choele Choel. Según indicaron fuentes vinculadas al proyecto, la obra se encuentra actualmente en estado de “neutralización”, una figura administrativa que implica la suspensión de los trabajos hasta que se resuelva la situación contractual entre Vialidad Nacional y la empresa constructora.
En ese sentido, se abrió un proceso de evaluación que se extendería hasta fines de este mes. Durante ese período, el organismo nacional deberá definir si avanza con la continuidad de la obra o si opta por rescindir el contrato. Mientras tanto, las autoridades de Vialidad continúan con gestiones para destrabar el conflicto y garantizar la finalización de una obra considerada clave para la seguridad vial en el Valle Medio.
La etapa pendiente incluye principalmente la colocación de la carpeta asfáltica definitiva —indispensable para normalizar la circulación—, además de trabajos complementarios de infraestructura. Desde el sector estiman que completar estas tareas requerirá una inversión cercana a los $8.000 millones.
