La Cámara Federal de Roca dio curso al amparo colectivo por el estado de la Ruta Nacional 151, presentado en julio por el Gobierno de Río Negro junto a intendentes y representantes del sector empresarial. A partir de esta decisión, la Dirección Nacional de Vialidad dispone de un plazo de diez días para identificar los tramos más críticos del trazado y elaborar un plan de reparación que deberá ejecutarse en un período no mayor a seis meses.
En paralelo, el Distrito 20 prevé adquirir en las próximas semanas —previa licitación— el material necesario para el mejoramiento de la traza.
La reacción oficial
La sentencia, firmada por el juez Hugo Greca, fue celebrada por el gobernador Alberto Weretilneck, que interpretó la resolución como una “victoria” en la antesala de las elecciones del 26 de octubre. La reacción del oficialismo provincial fue similar a la manifestada la semana pasada, cuando la Justicia rechazó una apelación de Vialidad en la causa iniciada por el deterioro de la Ruta 40.
“Teníamos razón. Lo dijimos desde el primer día: no era un capricho, es un derecho. La Ruta 151 pone en riesgo vidas todos los días y necesita una solución definitiva”, expresó el mandatario.
Y, seguidamente, agregó: “Cuando el Estado Nacional se desentiende, Río Negro defiende lo suyo. Esta sentencia nos da la razón y nos compromete aún más a seguir reclamando por la seguridad y la vida de nuestra gente”.
Los detalles de la sentencia
El fallo responsabiliza al organismo por el incumplimiento de su deber legal de conservación y la obliga a elaborar un plan integral de mantenimiento de la calzada. Ese plan deberá surgir de un relevamiento de los puntos más críticos y contemplar los “núcleos de tránsito más elevado según el desenvolvimiento de los intereses colectivos presentados”. El esquema deberá estar listo en un plazo máximo de tres meses.
Asimismo, el organismo tendrá que garantizar la ejecución de las obras dentro de los 90 días posteriores a la elaboración del plan. En consecuencia, el programa de reparaciones deberá encontrarse en marcha al cumplirse seis meses desde la fecha de la sentencia.
El juez también advirtió que, si la Dirección Nacional de Vialidad considerara “exiguos los plazos fijados o invocara imposibilidad presupuestaria inmediata”, deberá documentarlo debidamente, sin que ello impida la confección del plan ni torne ineficaz el mandato judicial.
Por otro lado, la sentencia deja a criterio técnico del organismo la determinación de la “calidad y cantidad de las tareas de remediación”, aunque subraya que, en todos los casos, deberá garantizarse el deber de seguridad previsto en el artículo 2 del decreto de creación de esa agencia estatal.
Un proceso lento
La demanda colectiva había sido admitida por la Justicia a comienzos de septiembre, aunque la presentación se había efectuado dos meses antes, previo a la feria judicial.
La Fiscalía de Estado de Río Negro coordinó el trabajo técnico y legal junto a municipios y cámaras empresariales para la formulación de la acción. En el escrito se describió el “estado calamitoso” de los 150 kilómetros de la Ruta 151 que atraviesan Río Negro —entre Cipolletti y el límite con La Pampa—, señalando además que la falta de mantenimiento afecta a más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas, complica los traslados sanitarios y perjudica sectores productivos clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera.
A fines de septiembre, el propio juez Greca recorrió la traza para relevar el estado del camino y recoger testimonios de vecinos, transportistas y autoridades locales.
Las labores que ejecutará Vialidad para responder a la demanda
El reclamo, para nada nuevo, encontró eco en los últimos meses entre los funcionarios que responden al Gobierno Nacional en la provincia, quienes realizaron gestiones para avanzar con un plan de mejora del corredor vial. Por este motivo, el organismo tiene actualmente tres procesos licitatorios vigentes con los que busca dar cumplimiento a la sentencia judicial reciente.
Según la información publicada en el portal de compras de Nación, el próximo 23 de octubre se adjudicarán la compra de mezcla asfáltica en frío y en caliente, además de la contratación del servicio de colocación. Estas adquisiciones forman parte del programa nacional de mantenimiento vial, aunque el Distrito 20, correspondiente a Río Negro, será uno de los beneficiarios directos. En concreto, la provincia recibirá unas 600 toneladas de mezcla en frío y otras 5.000 toneladas de asfalto en caliente.
Fuentes cercanas a Vialidad Nacional indicaron a Literal que la mayor parte del material será destinada a la reparación integral de la Ruta 151, mientras que una porción sobrante se utilizará para completar obras pendientes en la Ruta 40, cuyo tramo entre Bariloche y El Bolsón también fue judicializado.
Las especificaciones técnicas de la licitación del contrato de colocación revela que se efectuarán tareas integrales de fresado, riego de liga, provisión, transporte, compactación y terminación de la mezcla asfáltica en caliente. Los trabajos tendrá un plazo de ejecución máximo de seis meses.
La privatización, ¿la solución?
Más allá de las obras inmediatas, desde la administración nacional insisten en que la solución estructural vendrá de la mano del nuevo esquema de concesión y privatización de rutas nacionales, que incluirá el cobro de peajes. La iniciativa apunta a que operadores privados asuman el mantenimiento y la ejecución de obras sobre los principales corredores viales.
Este modelo ya comenzó a implementarse con la licitación, esta semana, de las “Rutas del Mercosur”, para la cual se presentaron siete ofertas. El tramo licitado abarca dos corredores estratégicos —el Oriental y el de Conexión— que integran las Rutas 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario–Victoria). En total, suman 741 kilómetros que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
Resta ver cómo avanzará esta política en otros puntos del país, entre ellos Río Negro, donde todavía existen contratos vigentes.
La espera de la 22
Desde el Gobierno de Río Negro señalaron a este medio que la Ruta 22 no correrá, por el momento, la misma suerte que la Ruta 151. Explicaron que la situación es distinta, ya que en este caso existe una multiplicidad de contratos de obra judicializados, más que una falta de mantenimiento propiamente dicha. Por ese motivo, indicaron, no resulta viable promover una acción de amparo colectiva que exija una reparación urgente.
Asimismo, remarcaron que será necesario que la Nación dé por finalizados los convenios con las empresas adjudicadas para la ampliación del corredor antes de avanzar hacia una definición sobre el futuro de la traza.
