El caso de la presunta médica falsa de Roca no solo encendió la alarma por sus posibles implicancias en la salud pública de la región, sino que también dejó al descubierto interrogantes sobre los controles que el Estado aplica al momento de habilitar el ingreso de profesionales al sistema sanitario, tanto en el ámbito público como en el privado.
A partir de este episodio, surgen dudas inevitables: ¿Cómo se verifica la formación y la matrícula de quienes ejercen la medicina? ¿Qué organismos intervienen en ese proceso y dónde pueden haberse producido fallas? En esta nota de Literal intentaremos reconstruir el circuito de admisión de los profesionales de la salud.
El caso
De acuerdo con la información suministrada por el área de Legales del Ministerio de Salud, la denunciada había obtenido su matriculación en agosto de 2020, en plena pandemia, y desde entonces se desempeñó en distintos centros de salud de Roca y Regina, incluyendo el hospital Francisco López Lima.
El caso resultó llamativo no solo por el tiempo durante el cual ejerció funciones, sino también porque fue el propio sector privado el que encendió las primeras alertas. La Clínica Roca, institución en la que trabajó hasta marzo, fue la primera en manifestar dudas sobre su idoneidad y sobre la legalidad del título de “médica cirujana” que ostentaba.
A partir de esas sospechas, se puso en marcha una revisión interna y, el mes pasado, se elevó una consulta a Salud para verificar la situación de su matrícula. En particular, se solicitó corroborar la validez del título supuestamente expedido por la Universidad de Los Andes (Venezuela), así como su presunta convalidación ante la Universidad Nacional del Comahue.
“Desde el área de Fiscalización Sanitaria empezamos a revisar la documentación y eso nos generó dudas. Por eso hicimos la consulta directa con la Universidad del Comahue”, explicó a este medio Natalia García, secretaria de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud. “Ella había presentado papeles que acreditaban una reválida de su título extranjero, pero la primera sorpresa fue que esa resolución era apócrifa. No existía en los registros oficiales de la universidad”, detalló.
En paralelo, la clínica avanzó con una verificación ante la casa de estudios venezolana. La respuesta fue tajante: la mujer no figuraba ni como graduada ni como estudiante.
El rol de Salud
Sin embargo, las fallas no parecen haber tenido su origen, al menos de manera directa, en las instituciones privadas donde la mujer se desempeñó en los últimos cuatro años, sino más bien en el proceso mediante el cual se le otorgó la matrícula provincial, allá por 2020, cuando ingresó por primera vez al sistema.
Al respecto, Héctor Mazzini, médico cirujano retirado e integrante de la comisión directiva del Colegio Médico de Roca, explicó a Literal que, en general, el sector privado no suele profundizar en controles exhaustivos sobre los profesionales que contrata. Esto se debe a que la principal responsabilidad de validar los títulos y otorgar las matrículas habilitantes recae en el Ministerio de Salud de Río Negro, a través del Sistema de Matrículas Profesionales de la Salud, dependiente de la Coordinación Provincial de Fiscalización Sanitaria.
“Uno asume que, si el título de médico fue validado por el Ministerio del Interior —requisito que exige la provincia para certificar la firma de un decano o rector— y además fue presentado ante el Ministerio de Salud, donde se obtiene la matrícula provincial, la documentación ya fue debidamente verificada. Entonces, la institución privada no va más allá en la investigación, porque cuenta con un título validado y una matrícula vigente”, señaló Mazzini.
Al respecto, la Ley G Nº 3.338 establece que es el propio Estado rionegrino el encargado de controlar la documentación y otorgar las habilitaciones profesionales en el ámbito de salud.
Esa función en otras jurisdicciones suele estar en manos de los colegios profesionales. En la Río Negro, en cambio, estos organismos cumplen un rol más bien asociativo y voluntario, no obligatorio. Esto explica por qué la mujer denunciada no integraba el Colegio Médico de la ciudad.
Los requisitos para la matriculación
En esa línea, la resolución N° 2026-MS establece los requisitos para la matriculación. Entre ellos, se exige la presentación del título certificado —legalizado por el Registro Civil, un escribano público o autoridad policial—, la convalidación del título ante el Ministerio de Educación (en caso de haber sido emitido en otra provincia), el DNI, una constancia de domicilio en Río Negro, además del pago del arancel correspondiente y el estampillado fiscal.
Ahora bien, en el caso de la médica denunciada, desde Salud precisaron que la documentación presentada contaba, en apariencia, con las certificaciones de autenticidad requeridas.
“Presentó la documentación en papel y con una copia certificada por un escribano público de Roca. A simple vista está correcta, porque se entiende que ese documento fue verificado previamente y además contaba con una convalidación”, explicó García.
El papel del escribano
Sobre este punto, vale aclarar que, en principio, no hay un involucramiento en la investigación del escribano que certificó esos documentos. Esto se debe a que su función se limita a dar fe de la correspondencia entre la copia presentada y el documento original, es decir, de la autenticidad de las firmas o rúbricas, pero no de la validez legal del título en sí.
Un esquema similar rige, por ejemplo, para quienes buscan matricularse en el Colegio de Abogados de Roca, donde se exige un procedimiento comparable.
“Lo que pide el colegio es la autenticación de la fotocopia del título. Pero si ese título es válido o no, hay todo un proceso previo: lo emite la facultad y, para que tenga validez, debe contar con certificaciones a nivel nacional. El escribano no puede determinar si eventualmente fue falsificado. Esos controles corresponden a instancias anteriores, como el Ministerio del Interior de la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia”, explicó Mazzini.
¿Qué pudo haber fallado?
La respuesta a esta pregunta parece estar, en buena medida, en el contexto en el que se produjo la matriculación: la pandemia de COVID-19. En aquel momento, el sistema sanitario —especialmente el público— atravesaba una demanda extraordinaria de profesionales, en un escenario donde los controles no siempre podían realizarse con la inmediatez habitual.
Esa es, de hecho, la explicación que esgrime el área de Legales del Ministerio. “En ese momento no se podía corroborar con las universidades. Hoy sí lo hacemos. ¿Por qué no se pudo entonces? Porque todo estaba cerrado. No había forma de que, de manera inmediata, las casas de estudio nos confirmaran si ese título era válido o no”, explicó Natalia García.
Desde la cartera de Salud señalaron que la incorporación de la mujer se dio en pleno pico de demanda, lo que habría facilitado que algunos controles de verificación quedaran relegados. A eso se sumó que la documentación presentada no generaba sospechas: tenía apariencia de original y estaba respaldada por la certificación de un escribano público de la ciudad.
Casi seis años en ejercicio
Ahora bien, surge otra pregunta inevitable: ¿en casi seis años no hubo controles posteriores?
El alerta sobre la legalidad del ejercicio profesional no provino del Estado, sino del propio sector privado, donde comenzaron a ponerse en duda los conocimientos aplicados en la práctica médica. Algunas fuentes consultadas incluso mencionaron que la mujer podría haber logrado incorporar parte del lenguaje técnico, lo que le permitió desenvolverse y, durante un tiempo, evitar sospechas.
Por lo pronto, desde la Provincia aseguran que actualmente se está llevando adelante un proceso de revisión de la documentación de todo el sistema sanitario provincial. Esto se enmarca en la implementación de un nuevo mecanismo de matriculación digital, que obliga a recargar y validar nuevamente la información.
Antes de este esquema —implementado a mediados de 2025—, el procedimiento contemplaba la presentación de documentación en formato físico en las oficinas de Fiscalización Sanitaria, desde donde era remitida a Viedma para su verificación. Un circuito más lento y, a la luz de este caso, con márgenes que hoy buscan ser corregidos.
