El debate sobre qué hacer con los limpiavidrios en Roca aún no logra un consenso. Mientras el municipio elabora su propia propuesta de ordenanza, la oposición presentó tiempo atrás una iniciativa de regulación. Sin embargo, el análisis de fondo sobre la situación de estas personas derivó en demoras y posiciones cruzadas que, por ahora, dificultan la posibilidad de acordar un proyecto en el corto plazo.
La postura de Pasión por Roca
En una entrevista conMañana de Noticias, los concejales de Pasión por Roca, Nicolás Paschetta y Nadia Ortiz, plantearon la necesidad de un trabajo conjunto con organismos provinciales, dado que el abordaje requiere —en la mayoría de los casos— de la intervención de equipos especializados en salud mental y consumos problemáticos.
“Para nosotros es importante sostener un enfoque que venimos aplicando en cada proyecto de ordenanza, que implica trabajar con distintas instituciones y actores vinculados al tema. En este caso, cuando se presentó la propuesta de la oposición, el municipio ya había iniciado reuniones por esta cuestión”, explicó Paschetta, en referencia a la superposición de iniciativas y enfoques.
En ese sentido, señaló que el Ejecutivo roquense puso en marcha a comienzos de año un proceso de diagnóstico de la situación. Según datos preliminares, en la ciudad hay unas 51 personas en situación de calle que realizan tareas de limpiavidrios. Se trata de un 80% más respecto al número de personas registrados en años anteriores.
Por su parte, el Concejo Deliberante llevó adelante a mediados de abril una reunión plenaria con invitaciones a organismos como APASA, el área de Salud Mental del hospital, la Policía, la Justicia y la Comisaría de la Mujer, entre otros. No obstante, desde el oficialismo local señalaron la ausencia de la mayoría de los actores provinciales.
“Vamos a insistir porque es un tema que debe trabajarse con los organismos competentes. Es una cuestión sensible y requiere argumentos sólidos. Entendemos que presentar una normativa sin ese abordaje puede caer en una lógica más bien tribunera. Es importante avanzar con seriedad”, agregó Paschetta en referencia a la propuesta presentada por la edil Belén Bavastri (JSRN).
En esa línea, Ortiz remarcó las limitaciones de pensar en sanciones o penalidades para este sector, algo que propone la iniciativa de Juntos Somos Río Negro. “No podemos plantear una ordenanza que obligue a pagar una multa a alguien que no tiene ingresos o que está atravesando una situación de consumo. En esos casos deben intervenir otras áreas del Estado”, afirmó.
El oficialismo descarta los modelos de la región
Paschetta y Ortiz también marcaron diferencias con otras experiencias de la región. Señalaron que el modelo aplicado en Cipolletti no resulta aplicable —algo que ya había comentado la intendenta María Emilia Soria en una entrevista anterior—, y tomaron distancia de los casos de Bariloche y Neuquén, donde la actividad fue directamente prohibida.
En cambio, mencionaron como referencia el esquema implementado en la ciudad de Mendoza, basado en un abordaje conjunto entre municipio y provincia. “Siempre se trae a la mesa el caso de Mendoza Capital, un proyecto de 2017 o 2018. Pero para que ese proceso pudiera avanzar, primero intervinieron organismos provinciales. Se partía de la base de que muchas de las personas que realizan estas tareas atraviesan consumos problemáticos, por lo que hubo un abordaje desde salud, contención y otras áreas. A partir de ahí se avanzó con modificaciones en el Código Contravencional que derivaron ciertas competencias a los municipios”, explicó Paschetta.
En ese sentido, advirtió que replicar ese modelo en Río Negro únicamente por decisión municipal sería inviable, ya que los gobiernos locales no cuentan con poder de policía para actuar ante posibles incidentes con los limpiacoches.
Frente a ese escenario, el oficialismo propone como primer paso profundizar el diagnóstico y, en función de esos datos, avanzar en una articulación que atienda las causas de fondo: la falta de empleo, de vivienda y las problemáticas de consumo. “Estamos frente a problemáticas estructurales, y no se pueden responder con soluciones superficiales. Es clave entender primero cuál es el camino a seguir, más allá de discutir si corresponde prohibir o regular parcialmente”, sostuvo.
Como próximo paso, el Concejo prevé una nueva convocatoria que incluirá a organismos provinciales y que podría concretarse en las próximas semanas. Según adelantó Paschetta, el objetivo es contar con información más precisa sobre las intervenciones en curso y las capacidades de cada área. “Vamos a volver a solicitar informes, por ejemplo en materia de denuncias o salud mental, para tener un panorama general. Y a partir de ahí, saber con qué recursos cuenta cada organismo: capacidades operativas, personal disponible. Si, por ejemplo, hay muy pocas horas de atención psiquiátrica, eso también es parte del problema. La idea es ver cómo se puede trabajar de manera conjunta entre municipio y provincia”, concluyó.
La posición de JSRN
El conflicto de qué hacer con los limpiavidrios refleja las tensiones políticas entre el oficialismo roquense y el gobierno provincial. En ese contexto, la concejal opositora Belén Bavastri ha cuestionado la postura del municipio y señaló que “intenta evadir su responsabilidad” frente a la problemática.
La iniciativa impulsada por el bloque de JSRN propone crear un registro obligatorio y renovable de lavacoches, con el requisito de presentar antecedentes penales y certificado de salud. Además, plantea establecer un máximo de dos personas por cuadra, con el objetivo de que los vecinos puedan identificar a quienes desarrollan la actividad.
El proyecto también dispone que quienes ofrezcan servicios de limpieza de vehículos en la vía pública deberán aclarar que la retribución es voluntaria. A su vez, fija un esquema de infracciones y sanciones que podrían incluir multas, trabajos comunitarios, suspensiones temporales o la baja definitiva del registro. Entre las obligaciones, se establece el respeto hacia los vecinos —evitando amenazas o situaciones de hostigamiento— y el mantenimiento de la limpieza en el sector de trabajo.
Tras la última reunión, Bavastri cuestionó el desarrollo del debate. “Lo que debía ser una instancia de diálogo sobre la regulación de la actividad terminó siendo, una vez más, una muestra del autoritarismo del Ejecutivo municipal. Durante casi 50 minutos fui hostigada y silenciada, aun habiendo solicitado la palabra en reiteradas oportunidades para defender el proyecto de ordenanza que presenté”, expresó.
Desde la oposición sostienen que el municipio “prioriza la confrontación por sobre las soluciones”, en un escenario donde las diferencias políticas siguen condicionando la posibilidad de avanzar en una respuesta común.
