Tres uniformados cesanteados en Neuquén en septiembre del 2025. Una empleada municipal despedida en Trelew en mayo 2026. Seis estatales mendocinos afuera en julio del año pasado… apenas un puñado de antecedentes cercanos que demuestran que los abusos en los regímenes de licencias, los certificados truchos, forman parte de un problema arraigado a lo largo y ancho del país. Lo que no tiene parangón es que 119 policías y penitenciarios, una médica y un psicólogo aparezcan como imputados en una sola causa. Y eso obliga a prestar atención sobre el ausentismo y los controles puertas adentro del Estado rionegrino.
El inédito caso que empezó a revelarse con la denuncia presentada en el 2024 por el gobernador, Alberto Weretilneck, llegó esta semana la instancia de formulación de cargos. Sin embargo, ese paso esencial del proceso penal tuvo que suspenderse, para reorganizar las audiencias, ya que nunca hubo en la historia judicial de la provincia un legajo con tantos acusados.
Certificados truchos: la indiferencia
Ahora bien, hay preguntas para hacerse más allá de las que seguramente formularán fiscales y querellantes durante los próximos días a los uniformados investigados.
La más importante de ellas: ¿por qué razón este caso no despierta niveles de indignación similares a otros procesos judiciales en los que se analizaron fraudes al Estado?
En términos económicos, el daño del ausentismo injustificado supera ampliamente a las maniobras que más reprobación pública tuvieron durante los últimos años en la provincia.
Un informe oficial de la Secretaría de la Función Pública reveló a principios de este año que apenas en 18 meses de auditorías sobre los certificados presentados por los estatales rionegrinos se evitó el pago de más de 20.000 millones de pesos en licencias.
A valores actualizados, ese monto representa tres “estafas al Ipross”; dos “Techo Digno” en Cervantes, donde recientemente fue condenado el exintendente Gilberto Montanaro; ó 183 “casos Limardo”, el exfuncionario que a principios de la gestión Weretilneck, en 2014, fue descubierto luego de hacer designaciones apócrifas de personal estatal.
Reacciones dispares
Sin embargo, el enojo y la capacidad de reacción parecen disiparse cuando el que aporta su granito de arena a ese gigantesco perjuicio a las arcas públicas es el compañero de oficina, el colega o el docente del mismo colegio.
Las rutas que no se terminan, la calefacción que falta en el hospital, las escuelas con vidrios rotos seguramente podrían evitarse con una revisión profunda sobre los gastos superfluos que realiza el Gobierno (y mucho más en la previa de una etapa preelectoral como la que transitamos). Pero también aparecerían respuestas más eficientes si el Estado deja de ser visto por sus propios actores como una estructura ajena a sus responsabilidades.
La mirada más arriba
Claro que eso no significa dejar de mirar a quienes ocupan cargos de jerarquía superior.
Sobre ese aspecto, Río Negro también tiene casos para pelear los primeros puestos en el ránking de opacidad estatal.
No se recuerda en la historia reciente de la provincia que dos jefes comunales en ejercicio deban presentarse casi en simultáneo ante la Justicia, como imputados en procesos penales.
El jueves formularon cargos al presidente del Concejo Municipal de Campo Grande, Daniel Hernández, acusado junto a otras cuatro personas (tres de ellas funcionarios) por una defraudación millonaria en la compra irregular de tierras para la construcción de una escuela primaria. El perjuicio económico estimado alcanza los 137 mil dólares.
Y este próximo lunes, el intendente de Allen, Marcelo Román, deberá concurrir en los tribunales provinciales de Roca, donde la fiscal jefa Graciela Echegaray pedirá a la jueza Natalia González que le formulen cargos por el delito incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Román está imputado en este legajo junto a Sebastián Ocampo, dueño de medios que, aparentemente, se movía dentro del municipio con más poder que muchos integrantes del gabinete.
La mirada más allá de la Justicia
Los expedientes -el que involucra a más de un centenar de empleados y los que tienen bajo la lupa a los mandatarios- recién comienzan y será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades, absoluciones o condenas. Pero aun antes de las sentencias, ambos procesos llevan anexados una señal de alerta.
Una provincia que aspira a atraer inversiones, mejorar su infraestructura, fortalecer sus servicios públicos y generar condiciones para el desarrollo necesita que la función pública sea ejercida con responsabilidad en todos los niveles. Desde quien presenta un certificado médico hasta quien administra un presupuesto, firma una contratación o toma decisiones sobre recursos que pertenecen a toda la comunidad.
Los casos de estos días hablan de controles que fallaron, de mecanismos que no funcionaron a tiempo y de prácticas que, por acción u omisión, lograron sostenerse durante períodos prolongados.
También deberían servir para revisar prioridades en el debate público. El uso de los recursos estatales suele aparecer en el centro de las discusiones electorales, pero pierde protagonismo cuando llegan las investigaciones concretas, que es precisamente cuando se mide la calidad institucional de un Estado.
Detectar irregularidades, investigarlas y eventualmente sancionarlas no debería ser una demanda exclusiva de fiscales, jueces o dirigentes políticos. Camino al 2027 electoral, bien vale preguntarse cuánto hace cada uno desde su lugar para que las distorsiones no se profundicen.
La secretaria de Función Pública, Tania Lastra, habló sobre el proceso judicial contra más de un centenar de empleados por la presentación de certificados truchos.
