La audiencia de formulación de cargos en la causa que investiga el presunto uso de certificados médicos falsos por parte de efectivos de la Policía de Río Negro fue reprogramada debido a la magnitud del expediente, que involucra a 123 agentes, una médica y su esposo. La Justicia resolvió avanzar con las imputaciones en grupos de hasta 20 personas para garantizar el derecho de defensa de los acusados.
El expediente se tramita en Viedma y se originó a partir de una denuncia presentada por el gobernador Alberto Weretilneck, que derivó en una investigación por una presunta defraudación a la administración pública provincial.
Cómo sigue
La audiencia realizada este jueves marcó el inicio formal del proceso judicial, aunque la formulación de cargos debió ser reprogramada. El juez Adrián Dvorzak adoptó la decisión debido a la cantidad de personas involucradas y a que la mayoría participó de manera virtual desde distintas localidades de la provincia.
Con el acuerdo de todas las partes, se resolvió que las imputaciones se realicen en grupos de hasta 20 personas. Según explicó el magistrado, el objetivo es asegurar que cada imputado pueda comprender adecuadamente los hechos que se le atribuyen y ejercer plenamente su derecho de defensa.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público a este medio, el límite responde además a cuestiones operativas vinculadas a la defensa pública. De hecho, durante la jornada, todos los defensores penales titulares de Viedma estuvieron abocados a la causa.
Por el momento, no existe una fecha definida para el inicio de las formulaciones de cargos. En una primera etapa, las defensas contarán con un plazo de diez días para remitir la información personal y los datos de contacto de sus representados. Cumplido ese trámite, la Oficina Judicial será la encargada de fijar el cronograma y determinar cuándo se llevará adelante cada una de las audiencias.
El caso
Se trata de una de las investigaciones por presunta corrupción administrativa más importantes que haya alcanzado al Estado provincial y tuvo su origen en la presunta utilización de certificados médicos apócrifos para justificar inasistencias laborales y acceder a licencias de manera irregular. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, esos documentos contenían diagnósticos falsos o incompatibles con la situación real de los agentes, lo que les habría permitido ausentarse de sus funciones sin sufrir descuentos salariales.
La denuncia fue impulsada en 2024 por Weretilneck, el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el fiscal de Estado adjunto, Luciano Minetti Kern. En representación de la querella también interviene Federico Rosbaco.
El expediente comenzó con una investigación encabezada por el fiscal Juan Pedro Peralta sobre un reducido grupo de agentes. Sin embargo, a medida que avanzaron las medidas de prueba, surgieron nuevos elementos que ampliaron considerablemente el alcance del caso. Ante esa situación, se conformó un equipo especial integrado por los fiscales Mariana Giammona y Francisco Marano, de la Fiscalía N° 8, y Candelaria Molineaux, de la Fiscalía N° 7.
Entre las diligencias realizadas se incluyó el análisis de documentación, registros laborales y movimientos financieros. Según fuentes vinculadas a la investigación, la Fiscalía también efectuó cruces de información bancaria vinculados a profesionales de la salud presuntamente relacionados con la emisión de los certificados cuestionados. Esos elementos forman parte del conjunto de pruebas que se buscará exponer durante las imputaciones.
La postura de Provincia
Desde la administración rionegrina señalaron que el avance judicial se enmarca en las políticas de control y auditoría impulsadas por la actual gestión, con el objetivo de resguardar los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de transparencia en la administración provincial.
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, sostuvo que las investigaciones surgieron a partir de controles internos que permitieron detectar presuntas irregularidades en el otorgamiento de licencias médicas.
“En el Poder Judicial nos aclararon que no hay antecedentes de una causa de esta magnitud. Esto fue posible gracias a los controles que se implementaron y al trabajo de investigación que permitió detectar estas presuntas maniobras irregulares”, afirmó la funcionaria, quien participó de la instancia de este jueves.
Lastra agregó que, a partir de esos hallazgos, el seguimiento del ausentismo pasó a formar parte de los controles habituales de la administración pública y aseguró que esas medidas contribuyeron a reducir los índices de ausentismo dentro del Estado.
