La audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Allen, Marcelo Román, y el empresario Sebastián Ocampo, realizada este lunes en la Ciudad Judicial de Roca, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 17 de junio. La causa por los presuntos delitos de defraudación a la administración pública y peculado inició hace casi un año, a raíz de una denuncia presentada por el Tribunal de Cuentas y derivó en una explosiva contienda política que puso en jaque al primer jefe comunal libertario de Río Negro.
Los pedidos de las defensas
La investigación tomó estado público a mediados de julio, cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Policía realizaron allanamientos simultáneos en distintas propiedades vinculadas a Ocampo, propietario de Radio Terapia. De acuerdo con la denuncia, Román habría autorizado la entrega al empresario —quien no reviste cargo alguno dentro de la estructura municipal— de una línea telefónica celular solventada con fondos públicos. El uso del dispositivo se habría extendido desde abril de 2024.
La presentación penal tiene como principal antecedente las declaraciones de la exsecretaria de Hacienda, Griselda Morell, quien presentó su renuncia en abril de 2025 tras un fuerte conflicto con el gobierno municipal. Luego de su salida, mantuvo reuniones con integrantes del Tribunal de Cuentas y con concejales de la oposición, ante quienes expuso una serie de presuntas irregularidades.
Precisamente el rol de Morell dentro de los hechos investigados fue uno de los ejes centrales de la audiencia de formulación de cargos realizada este lunes, que se extendió durante casi tres horas y contó con la presencia de los imputados. En esa instancia, el defensor del jefe comunal, Matías Rubio, cuestionó la calificación legal propuesta por la fiscal Celeste Benatti, y solicitó que la exfuncionaria sea apartada como testigo de la causa.
Según argumentó la defensa, de la propia evidencia incorporada al expediente surgiría que Morell intervino en distintas etapas del proceso de entrega del teléfono, por lo que su participación no sería compatible como testigo. En ese sentido, Rubio sostuvo que la fiscalía debió haber evaluado esa circunstancia al momento de impulsar la formulación de cargos, ya que algunas de las conductas descriptas también involucran decisiones adoptadas por la exsecretaria.
A partir de esa postura, Rubio ratificó el apartamiento de Morell y que se excluya del legajo la documentación, así como otros elementos aportados a la investigación.
La defensa de Román apuntó a una exfuncionaria
Para Rubio, Benatti puso el foco en la forma en que el teléfono quedó registrado administrativamente, pero no en el procedimiento de compra. Con ese argumento, el abogado dedicó buena parte de su exposición a reconstruir el circuito que derivó en la adquisición del equipo, un trámite en el que —según sostuvo— intervenían distintas áreas, entre ellas la entonces secretaria de Hacienda.
De acuerdo con la explicación brindada por la defensa, la compra del dispositivo se realizó bajo la modalidad de compra directa, mecanismo previsto en la Ordenanza 14/20. Rubio detalló que todo pedido debe atravesar una serie de controles y autorizaciones que incluyen al área contable, la Secretaría de Hacienda y la Contaduría Municipal, antes de llegar a la instancia final de aprobación.
En ese punto, aclaró que la firma del intendente en este tipo de trámites recién volvió a incorporarse a fines de 2024. Según explicó, desde el inicio de la gestión de Román ese paso administrativo se omitió del procedimiento habitual con el objetivo de evitar una sobrecarga de trámites en la intendencia.
El defensor también afirmó que Morell solicitó verbalmente el celular y remarcó que durante la investigación se logró reconstruir todo el proceso de compra, incluso el retiro del equipo en Neuquén. En la misma línea, cuestionó uno de los planteos de la acusación referido a una factura que, según la denuncia, habría aparecido de manera sorpresiva durante los allanamientos.
Sobre ese punto, Rubio sostuvo que el documento hallado era simplemente un duplicado de una factura ya existente y rechazó cualquier hipótesis de ocultamiento. “No hubo una maniobra de ocultamiento de información”, afirmó.
A partir de esos antecedentes, la defensa insistió en la participación de Morell. Según planteó el defensor de Román, si prosperara la formulación de cargos impulsada por el Ministerio Público Fiscal, la propia descripción de los hechos podría ubicar a la exfuncionaria como partícipe necesaria.
“Esto no es para patear la pelota afuera”, sostuvo el abogado ante la jueza.
”Deberían subsanar esa situación en la calificación”
Por su parte, el abogado Federico Diorio, defensor de Ocampo, adhirió a los planteos formulados por Rubio. En ese sentido, sostuvo que si la jueza hace lugar al pedido de su par, también deberían quedar sin efecto las extracciones de información realizadas sobre el teléfono de Morell.
Además, Diorio cuestionó los cargos pretendidos por la fiscal Benatti y solicitó una reformulación para su defendido. Según argumentó, existe una diferencia sustancial entre los delitos de administración fraudulenta y peculado. De acuerdo con la interpretación expuesta por el letrado, la administración fraudulenta supone una gestión irregular de bienes que continúan dentro de la esfera de control de la administración, mientras que el peculado implica la sustracción de bienes públicos.
«Entiendo que en este hecho debería analizarse la figura de peculado y no la de administración fraudulenta. Deberían subsanar esa situación en la calificación«, sostuvo.
En otro tramo de su exposición, Diorio afirmó que la causa presenta «tintes políticos» que, a su entender, terminan afectando a Ocampo como propietario de un medio de comunicación. Asimismo, relativizó la responsabilidad directa atribuida al intendente al señalar que, dentro de una estructura gubernamental, existen numerosos funcionarios con capacidad de decisión sobre cuestiones administrativas.
«Abajo de un intendente hay un montón de personas que toman decisiones y que no siempre son consultadas por ello«, expresó.
”Me deja tranquilo”, dijo el intendente de Allen
A la salida de la audiencia, Román dialogó con los medios presentes y sostuvo que el avance del proceso judicial está permitiendo despejar parte de las acusaciones que se formularon en su contra desde que la causa tomó estado público.
«Para nosotros no es grato estar hoy en tribunales por esta situación. Como siempre dije desde el primer momento, estuvimos a disposición de la Justicia, aportando la información requerida y sin poner objeciones. Lo que me deja tranquilo es que se dijeron tantas barbaridades, tantas estupideces y tantas noticias falsas que hoy no tienen sustento probatorio ni siquiera se mencionan en la causa«, afirmó.
El intendente insistió en que la acusación fiscal presenta inconsistencias y cuestionó la forma en que fueron presentados los cargos en su contra. «Me califican de un delito y no dicen cómo lo cometí», sostuvo.
También puso en duda el accionar de la exsecretaria de Hacienda, una de las principales fuentes de información de la denuncia. «Llama la atención que una funcionaria con tantos años de experiencia no haya denunciado o iniciado una investigación en su momento, como establece la ordenanza, y que haya hecho la denuncia después de irse del municipio», opinó.
Respecto del teléfono celular que dio origen a la investigación, Román negó haberlo entregado a Ocampo y aseguró que desconocía quién tenía asignado el dispositivo. En la misma línea, rechazó la existencia de una relación política con el empresario de medios.
«No tengo ningún vínculo con Ocampo«, afirmó, aunque reconoció que entre ambos existió un vínculo de afecto en el pasado.
