Un escándalo político-institucional sin precedentes acecha a Allen por estos días días. Los allanamientos en la vivienda de un empresario mediático, señalado como la mano derecha del intendente Marcelo Román (LLA), se convirtieron en el punto de inicio de una causa por presunta usurpación de autoridad y peculado, es decir, la apropiación indebida de bienes o fondos públicos.
Una causa en estricta reserva
El caso tomó estado público el jueves, cuando agentes de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro realizaron allanamientos simultáneos en distintas propiedades de Sebastián Ocampo, propietario de Radio Terapia, un medio de comunicación que, según se presume, habría servido como plataforma electoral y de respaldo político a la gestión del actual mandatario.
El operativo se llevó a cabo con estricta reserva en horas de la mañana e incluyó la requisa del vehículo particular del empresario, así como el secuestro de documentación relevante para la causa.
Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron a Literal que la investigación se inició tras una denuncia presentada por el Tribunal de Cuentas de Allen, días antes del comienzo de la feria judicial. Asimismo, se ordenó una serie de diligencias preliminares para verificar los hechos denunciados y recolectar pruebas que permitan avanzar en el legajo penal.
“Diversas medidas fueron solicitadas al juez de Garantías, entre ellas los allanamientos que se concretaron en esta jornada en distintos puntos de Allen. La investigación se encuentra en una etapa inicial y, para garantizar el éxito de las medidas, no se brindarán mayores precisiones”, señalaron oficialmente desde Fiscalía.
Por ahora, la causa permanece bajo estricto secreto de sumario, por lo que no se conocen detalles adicionales sobre el contenido de la denuncia. Este medio intentó comunicarse con los miembros del órgano de contralor, pero evitaron hacer declaraciones a la espera de novedades judiciales.
Extraoficialmente, se conoció que Román sería acusado del delito de peculado, mientras que Ocampo por usurpación de autoridad y participación en peculado. Se menciona que el empresario mediático ejercía funciones en el Ejecutivo sin contar con un nombramiento formal dentro del organigrama.
Las acusaciones vienen de larga data
El arco político opositor viene denunciando desde hace meses que Sebastián Ocampo cumple funciones como un virtual intendente en Allen, con fuerte injerencia en las decisiones del Gobierno.
Recientemente, concejales de Juntos Somos Río Negro (JSRN) señalaron que existe una “persecución” sistemática contra dirigentes de otros espacios políticos a través de los medios que maneja el empresario. La situación ganó notoriedad cuando una exfuncionaria del Ejecutivo, que renunció en mayo, reveló la existencia de material confidencial sobre los integrantes del Concejo Deliberante.
“Nosotros hicimos un pedido de investigación al Tribunal de Cuentas y quedamos sorprendidos cuando se acercó a hablar con nosotros la exsecretaria de Hacienda, Griselda Morell. Fue entonces cuando escuchamos por primera vez el nombre de Ocampo en boca de alguien del Ejecutivo. Ahí nos enteramos de que tenían hasta fotos de nuestras casas”, relató la concejal Marta Crespo (JSRN) en diálogo con este medio.
Crespo también detalló el rol del empresario dentro de la estrategia comunicacional del intendente Román: “Nosotros decimos que la página oficial de la municipalidad es la radio de Sebastián Ocampo. Nos enteramos de las decisiones de gobierno no por los canales institucionales, sino por la radio de este señor”.
Por último, la edil denunció amenazas directas por parte del propio jefe comunal. “En una charla que tuvimos con el intendente el año pasado, nos dijo que si no lo acompañábamos, la presión y la persecución iban a ser aún mayores. No solo se nos cuestiona como funcionarios, sino también como personas. A mí me han juzgado incluso como mujer”, concluyó.
Tensiones gubernamentales en Allen
El cruce entre la administración de Román y el Tribunal de Cuentas no inició con la investigación por peculado. En abril, Román recurrió a la Justicia por un supuesto conflicto de poderes con el órgano de contralor.
Todo comenzó cuando el Tribunal le labró una multa a comienzos de este año por la retención del libro de actas municipal, durante un período de acefalía en el Poder Ejecutivo. Este hecho provocó el malestar del jefe comunal y un pedido de declaración de nulidad de la sanción.
El caso llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que se se declaró incompetente para intervenir en la causa y resolvió remitir las actuaciones al juez de la Unidad Contenciosa Administrativa N° 15 de Roca, Matías Lafuente.
