La jueza de garantías Natalía González resolvió formular cargos contra el intendente de Allen, Marcelo Román, por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta, y contra el empresario Sebastián Ocampo en calidad de partícipe necesario de administración fraudulenta. Con esta decisión, quedó formalmente abierta la etapa de investigación, que tendrá un plazo inicial de dos meses.
La determinación de la jueza
La formulación de cargos concluyó este mediodía en la Ciudad Judicial de Roca, en la tercera jornada de audiencias vinculadas a la investigación por la compra de un teléfono celular con fondos municipales y su posterior entrega al empresario de medios.
En esta instancia, la jueza González debía resolver si daba curso al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF). Según la teoría del caso presentada por la acusación, Ocampo no integraba formalmente la estructura del gobierno municipal, aunque distintos testimonios lo ubicaron desempeñando funciones como un asesor externo.
De acuerdo a la fiscalía, entre marzo de 2024 y julio de 2025, Román habría dispuesto la utilización de fondos del erario municipal para la adquisición de un teléfono celular por 479.999 pesos, bajo la modalidad de servicio corporativo. El dispositivo estaba asociado a una línea con abono mensual a nombre del Ejecutivo, lo que habría representado una erogación total de 596.812,38 pesos.
Tras escuchar los argumentos de las partes, González resolvió dar curso al pedido del MPF. «Voy a tener por formulados los cargos, entonces, conforme lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de resaltar los cuestionamientos que se hicieron en la audiencia«, expresó la magistrada.
Uno de los principales ejes de discusión estuvo centrado en los pedidos de exclusión probatoria planteados por las defensas. En particular, cuestionaron la incorporación en calidad de testigo de la exsecretaria de Hacienda Griselda Morell, al sostener que su actuación en los hechos investigados —encargada de autorizar la compra— la colocaría en una posición que podría comprometer la garantía constitucional de no autoincriminación.
La jueza rechazó esos planteos al considerar que Morell no reviste actualmente la condición de imputada y que el cuestionamiento resulta prematuro en esta etapa. No obstante, aclaró que la cuestión podría volver a analizarse más adelante, a medida que avance la investigación y se definan con mayor precisión los alcances de una eventual acusación.
«Entiendo que son planteos prematuros para la instancia que estamos transitando, pero, como dije, pueden reeditarse cuando haya mayor información y la fiscalía ya defina qué tipo de acusación va a llevar, si es que ello ocurre, ante el juez de control de acusación; o incluso antes, si surge información que permita echar por tierra todo lo que la fiscalía ha sostenido», señaló la jueza.
El plazo de investigación
Concluida la lectura de la resolución, la magistrada también fijó el plazo de la investigación. La fiscalía y la querella habían solicitado inicialmente cuatro meses, hasta el 30 de octubre, para completar una serie de medidas probatorias que consideran pendientes.
Entre ellas, mencionaron la realización de unas diez entrevistas a empleados municipales y exfuncionarios que integraban la estructura de gobierno durante el período bajo análisis. Además, prevén solicitar una pericia técnica de geolocalización sobre el teléfono celular investigado —que aún no fue hallado— y una ampliación de la pericia contable para reconstruir la trazabilidad de los fondos utilizados para su adquisición y mantenimiento.
Las defensas, en cambio, consideraron que el plazo requerido era excesivo. Tanto el abogado de Ocampo, Federico Diorio, como el defensor de Román, Matías Rubio, sostuvieron que la causa lleva más de un año de investigación y que las medidas pendientes pueden realizarse en un lapso considerablemente menor. Por ese motivo, solicitaron que el plazo se redujera a dos meses.
Al momento de resolver, la jueza coincidió con ese planteo. En consecuencia, fijó en dos meses el plazo de la investigación y estableció como fecha límite el 30 de agosto para la realización de las medidas pendientes.
”Soy inocente”, sostiene Román
Al finalizar la audiencia, la fiscal Celeste Benatti se mostró conforme con el plazo de investigación fijado por la jueza y señaló que, en caso de resultar necesario, la fiscalía podrá solicitar una prórroga.
Además, ratificó que el objetivo de la acusación es reunir los elementos para avanzar hacia la instancia de juicio. «Vamos a trabajar para tratar de elevar la causa a juicio«, sostuvo.
Por su parte, el intendente Román volvió a rechazar las acusaciones en su contra, aseguró estar tranquilo frente al avance del expediente y descartó que el proceso judicial tenga impacto en su gestión.
«Estoy tranquilo por todo lo que se habló. Se me formularon cargos por haber supuestamente sustraído un celular y habérselo entregado a Sebastián Ocampo, una persona ajena a la municipalidad. Por supuesto que soy inocente y rechazamos las acusaciones«, afirmó ante la prensa.
En ese sentido, sostuvo que no existen pruebas concluyentes que lo vinculen de manera directa con la emisión de la orden de compra del dispositivo ni con su posterior entrega al empresario investigado.
Asimismo, buscó transmitir tranquilidad a los vecinos de Allen y aseguró que continuará desempeñando sus funciones con normalidad. «Nosotros seguimos gobernando, seguimos trabajando. No me van a sacar del foco de seguir trabajando por y para nuestros vecinos. De hecho, recién vengo del municipio y tengo que volver. Que los allenses se queden tranquilos, la verdad va a salir a la luz«, concluyó.
