El intendente de Allen, Marcelo Román, se pronunció sobre la suspensión de sus funciones aprobada este mediodía por el Concejo Deliberante. El jefe comunal calificó la medida como un «golpe de Estado municipal«, anunció que inició acciones judiciales para impugnar la ordenanza y convocó a la comunidad a acompañarlo durante el proceso.
Denuncia de vacío legal
«En el día de la fecha se ha cometido un acto tremendamente avasallador, ilegal y anticonstitucional», comenzó Román en un mensaje difundido a través de las redes sociales.
En ese sentido, cuestionó la normativa aprobada por una mayoría de seis votos en el Deliberante, mediante la cual fue suspendido sin goce de haberes hasta que se resuelva su situación en la causa en la que está imputado por los delitos de peculado y administración fraudulenta. La formulación de cargos se realizó el pasado 18 de junio, en el marco de la investigación por la entrega de un teléfono celular, adquirido con fondos públicos, al empresario de medios Sebastián Ocampo.
Para Román, los ediles opositores (particularmente responsabilizó junto a los representantes de JSRN y sectores del peronismo) realizaron una interpretación incorrecta del artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal. Sostuvo que esa norma habilita al Concejo a decidir la suspensión de un funcionario únicamente cuando, además de existir una imputación penal, el tribunal competente haya dispuesto su procesamiento, instancia que —según afirmó— aún no se configuró en su caso.
«Deja mucho que desear el vacío legal que hay», afirmó al referirse a esa norma.
Román continuará en el cargo
Asimismo, el dirigente libertario sostuvo que continuará en funciones y adelantó que ya radicó una denuncia penal contra la ordenanza aprobada, a la que calificó de inconstitucional.
«Seis personas decidieron, por cuestiones partidarias y políticas, en contra de la voluntad del pueblo, en contra de la soberanía, en contra de la constitucionalidad, en contra de la libertad, en contra de la democracia que tanto venimos bregando como argentinos«, aseguró. Además, indicó que la presentación fue realizada ante la fiscal de turno, Marcela Marchetti.
Para Román, el único mecanismo que puede apartarlo del cargo es el previsto en el artículo 98 de la Carta Orgánica, a través del proceso de revocatoria de mandato o, en su defecto, por la finalización de su mandato.
Por último, el intendente pidió el acompañamiento de la comunidad durante el desarrollo de este proceso judicial e institucional.
«Vecinos allenses, no nos dejemos avasallar por seis personas que tienen intenciones oscuras, espurias y políticas; hambre y sed de estar en un lugar para el cual no fueron votados ni elegidos. Por eso hago un llamamiento a todos los vecinos, sin importar el color partidario o la clase social. El que me conoce sabe que siempre hemos hablado. El apoyo de la gente está. Les molesta que uno siga caminando, siga escuchando y siga hablando con la gente», concluyó.
La visita de los concejales
El presidente del Deliberante, Fabián Figueroa, y el resto de los concejales se presentaron en el despacho del intendente para notificarlo personalmente sobre la ordenanza que dispuso su suspensión. Durante el encuentro, Román les informó que judicializará la medida y sostuvo que la norma debe cumplir con los plazos previstos para su entrada en vigencia.
«El intendente dice que tiene derecho a vetarla«, afirmó Figueroa en declaraciones al sitio Inforo. El presidente del cuerpo, quien debería asumir interinamente el Ejecutivo en caso de hacerse efectiva la suspensión, cuestionó la postura de Román y adelantó que el Concejo impulsará las acciones que considere necesarias para hacer cumplir la ordenanza.
