El acuerdo para el traspaso de las rutas 22 y 151, la declaración de la emergencia vial y el aval para un crédito de USD 60 millones con Fonplata concentrarán buena parte del debate en la próxima sesión de la Legislatura. En la previa, referentes de distintos sectores del arco político provincial anticiparon un acompañamiento general al convenio cerrado esta semana entre el gobierno rionegrino y la Nación.
Sin embargo, el consenso se diluye al discutir cómo financiar el mantenimiento y las obras viales en la región. La toma de deuda es considerada por algunos sectores opositores como una salida obligada, mientras los fondos del impuesto a los combustibles continúan siendo girados al Tesoro nacional.
La búsqueda de consenso de Weretilneck
El gobernador Alberto Weretilneck firmó ayer por la tarde, en Cipolletti, el proyecto de ley y, durante su discurso, puso el foco —más allá de los detalles del acuerdo— en la necesidad de tener “paciencia” ante el tiempo que demandará la puesta a punto de los corredores viales. Una palabra que, según reconoció, los gobernantes no deberían pedir, pero que consideró necesaria frente a la magnitud del desafío que asumirá la Provincia.
También convocó a los intendentes a alcanzar consensos para avanzar en una planificación vial integral del Alto Valle, con una mirada metropolitana que permita mejorar la integración y la conectividad de toda la región.
“En este nuevo contexto de país, que se puede compartir o no, creo que las provincias que nos adelantemos a la época vamos a salir ganando. Los rionegrinos ganamos en autonomía, y eso es ganar tiempo y tener decisión propia”, afirmó el mandatario.
El respaldo de aliados
La decisión fue recibida en buenos términos por la totalidad del arco político presente. Al respecto, la Coalición Cívica ARI manifestó públicamente su respaldo legislativo y consideraron positivo que la provincia asuma la responsabilidad «con reglas claras, financiamiento adecuado y un horizonte de administración a largo plazo«.
Una postura similar expuso la UCR ante la consulta de este medio. El legislador Ariel Bernatene reparó en el impacto que tendrá la decisión en el desarrollo de Río Negro, aunque remarcó cautela para estudiar cada punto de los convenios «para garantizar que no implique obligaciones o perjuicio futuros para la provincia».
«Es una oportunidad que tenemos que aprovechar y saber con precisión que estamos recibiendo en qué condiciones y con qué recursos se va a sostener«, afirmó.
El malestar del peronismo por el cobro doble
Por su parte, la intendenta de Roca, María Emilia Soria, fue una de las voces más enfáticas al cuestionar al gobierno nacional por el destino del impuesto a los combustibles, que continuará recaudándose pese a la transferencia del control de las rutas.
“Hoy se consolida un robo. Los rionegrinos vamos a seguir pagando impuestos a los combustibles y el Estado nacional se lo va a seguir robando y timbiándolo, seguramente ‘Toto’ Caputo”, consideró. Además, precisó que los senadores y diputados de su espacio presentaron un proyecto de ley para revertir esa situación.
En ese sentido, la precandidata a gobernadora expresó su malestar por la necesidad de que la Provincia recurra al endeudamiento para financiar el mantenimiento vial, una salida que consideró obligada ante el ajuste de los recursos nacionales. “Me parece injusto el hecho de ni siquiera poder cobrar las multas”, agregó, en referencia a la imposibilidad de acceder a los fondos provenientes de las sanciones por controles de peso que ejecutará la Provincia.
Los bloques peronistas en la Legislatura se encolumnaron detrás de la postura de Soria, aunque coincidieron en destacar la necesidad de intervenir sobre una red vial que presenta un marcado deterioro.
“No se trata de un hecho histórico como dice el gobernador Weretilneck, sino más bien de una aceptación lisa y llana de que el federalismo no existe y que Juntos se arrodilla ante Nación”, comentó a este medio el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros.
El legislador consideró, además, que fue un “muy mal negocio” concretar una medida de este estilo sin contar con los fondos necesarios para sostenerlo. “El endeudamiento con Fonplata es una salida casi obligada. Los rionegrinos vamos a recurrir al crédito internacional para cubrir lo que el Gobierno nacional ya debería haber garantizado”, afirmó.
En el peronismo pusieron especial atención en el pago doble que supone para los contribuyentes rionegrinos el sostenimiento de sus corredores. “El Fiscal de Estado debe evaluar todas las herramientas legales disponibles y, si corresponde, acudir a la Justicia para exigir los recursos nacionales destinados a infraestructura vial”, sugirió al respecto el legislador Luciano Delgado Sempé.
A esa discusión le sumó otro interrogante sobre el futuro de las rutas 23, 40 y 3, que no forman parte del convenio y también requieren inversiones.
Leandro García, del bloque PJ-Nuevo Encuentro, consideró asimismo que el acuerdo podría convertirse en un “gran problema para la provincia” ante la falta de fondos federales garantizados. “Hoy estamos todos soportando el costo, pero los que hacen negocios vinculados al complejo exportador de gas y petróleo no pagan lo que tienen que pagar”, denunció recientemente en diálogo con el streaming Desde el Búnker.
La oposición y el pedido por controlar los recursos
Más allá del peronismo, otros bloques de la oposición también manifestaron su acompañamiento, aunque aportaron sus propias observaciones y propuestas.
El legislador Santiago Ibarrolaza, de Cambia Río Negro, consideró que el acuerdo representa un gesto de responsabilidad política tanto del gobierno nacional como del provincial, “para poner en valor y hacerse cargo de una responsabilidad absoluta como lo son las rutas donde transitan los ciudadanos”. Sin embargo, evitó pronunciarse por el momento sobre la toma de deuda, debido a que el proyecto todavía no ingresó formalmente a la Legislatura.
Desde el bloque del PRO, encabezado por Juan Martin, rescataron que “por fin” se avance hacia una solución concreta para una problemática que afecta a la región y calificaron la decisión como “una posibilidad concreta de empezar a resolverlo”. También destacaron la posibilidad de alcanzar consensos entre gobiernos de distinto signo político.
Martín focalizó, precisamente, en los recursos que se utilizarán tanto para el mantenimiento como para la ejecución de futuras obras viales. Remarcó, en ese punto, el rol de la Legislatura para controlar cada movimiento financiero de ahora en más, determinar cuánto cuestan las intervenciones y garantizar que cada peso comprometido se traduzca efectivamente en mejoras sobre las rutas.
“Si el Gobierno nacional y el Gobierno provincial fueron capaces de ponerse de acuerdo para empezar a resolver un problema que lleva décadas, hay que valorarlo. Después vendrá nuestra responsabilidad: controlar que las obras se hagan, que los recursos se utilicen bien y que los rionegrinos finalmente tengamos las rutas que necesitamos”, sostuvo.
La interpelación a diputados y senadores
Desde Primero Río Negro, la legisladora Yolanda Mansilla también respaldó la medida, aunque también tuvo observaciones respecto al financiamiento. “Ante la desidia del Gobierno nacional, alguien tenía que hacer algo”, expresó.
La dirigente cipoleña señaló que el deterioro de las rutas 22 y 151 se arrastra desde hace años y reclamó, además, el cumplimiento de la normativa vinculada al impuesto a los combustibles, que debería contribuir al financiamiento del sistema vial federal. “Estamos hablando de 18 años donde no han hecho nada. No han hecho nada por la ruta 22 y por la ruta 151. Así que considero que no es culpa de este último gobierno, sino que es culpa concurrente de muchos gobiernos”, afirmó.
En esa línea, Mansilla cuestionó, sin mencionarlos directamente, a los Soria por su responsabilidad en un amparo que, años atrás, frenó la construcción de la doble vía en el tramo entre Cervantes y J.J. Gómez.
También fijó postura en la toma de deuda para sostener la infraestructura. “La provincia no tiene el financiamiento necesario para poder hacerlo con su propio dinero, sino que hay que sacar un préstamo. ¿Y ese préstamo quién lo va a pagar? Los rionegrinos también”, advirtió.
Mansilla exigió, asimismo, que los diputados y senadores de Río Negro “se pongan la camiseta” y gestionen ante Nación información precisa sobre cuánto aporta el distrito a la recaudación total del fondo vial. Su propuesta es que esos recursos sean girados a la provincia para financiar las rutas.
Como alternativa adicional, postuló la posibilidad de sancionar una ley de peaje para vehículos que no estén patentados en Río Negro, bajo un esquema similar al que rige desde 2024 para las rutas provinciales.
Resta conocer cómo se desarrollará el debate del próximo 3 de septiembre en el recinto. En el oficialismo dan por descontado el acompañamiento al convenio, aunque el respaldo opositor no estará exento de reparos, especialmente cuando la discusión avance sobre el origen de los recursos con los que la Provincia deberá afrontar la nueva responsabilidad.
