El senador nacional por Río Negro Martín Soria presentó un proyecto de ley para modificar el esquema de distribución de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), con el objetivo de asignar fondos específicos a las provincias que hayan asumido o asuman la administración de rutas nacionales.
La iniciativa ingresó al Senado el 26 de agosto y propone modificar el artículo 19 de la Ley 23.966. Uno de sus puntos centrales es la creación de una asignación equivalente al 5% de lo recaudado por el ICL para las provincias que tengan convenios de transferencia de gestión de rutas nacionales.
El proyecto aparece en un momento particular para Río Negro. El lunes, los gobiernos nacional y provincial firmaron el convenio para transferir a la Provincia la administración de tramos de las rutas nacionales 22 y 151, que comprenden alrededor de 305 kilómetros.
Para financiar obras de recuperación y conservación, el gobierno rionegrino gestiona un crédito por 60 millones de dólares ante Fonplata. Desde el peronismo provincial cuestionaron ese esquema y sostienen que deberían utilizarse para las rutas recursos provenientes del impuesto que ya se cobra sobre los combustibles.
En ese contexto, Soria afirmó en sus redes sociales que su proyecto apunta a “garantizar recursos a las provincias que aceptaron el traspaso de rutas nacionales abandonadas por Milei”. También planteó que “seguir pagando el ICL, readecuar partidas provinciales, tomar créditos internacionales y pagar futuros peajes sería una estafa”.
Un 5% específico para las provincias que reciban rutas
El texto presentado por Soria no plantea solamente un reclamo por fondos ya existentes, sino una modificación de la forma en que se distribuye lo recaudado por el impuesto a los combustibles.
La nueva estructura propuesta destina el 10,40% al Tesoro Nacional; 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda; 26,98% a las provincias; 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social; 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; 7% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; 2,55% a la compensación del transporte público y el nuevo 5% a las provincias con convenios de transferencia de rutas nacionales.
Ese último porcentaje debería distribuirse proporcionalmente de acuerdo con la cantidad de kilómetros de rutas nacionales transferidos a cada provincia.
En los fundamentos, Soria menciona expresamente el caso rionegrino y señala que provincias como Río Negro, que se hacen cargo de tramos de rutas nacionales, contarían de esta manera con un respaldo económico directo para afrontar esa nueva responsabilidad.
También aumenta los fondos para todas las provincias
La propuesta contiene otro cambio relevante: elevar del 10,40% al 26,98% la porción del ICL que se distribuye entre las provincias, independientemente de que hayan recibido o no rutas nacionales.
Según los fundamentos del proyecto, actualmente el 60% de esa asignación se transfiere a los organismos viales de cada jurisdicción. Soria calcula que, con la modificación propuesta, los fondos coparticipados aumentarían un 158,65%. Como contrapartida, la participación correspondiente al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte se reduciría del 28,58% al 7%.
El legislador fundamentó la iniciativa en la situación financiera del Sistema Vial Integrado (SisVial). En el proyecto sostiene, sobre la base de estados contables, balances e informes oficiales del fideicomiso, que Nación recaudó más de $1,5 billones destinados a ese sistema y ejecutó $394.406 millones, equivalente al 26,2% de esos recursos.
Una cláusula para transferir recursos en 30 días
El proyecto incorpora además una cláusula transitoria que alcanzaría a las provincias que ya hayan firmado convenios antes de que eventualmente entre en vigencia la nueva ley, un punto que involucra directamente a Río Negro.
La iniciativa establece que el Ministerio de Economía deberá readecuar las partidas presupuestarias, bienes, títulos y créditos que integran el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y transferirlos, dentro de los primeros 30 días, a las cuentas de los organismos viales de las provincias comprendidas.
La distribución también deberá realizarse proporcionalmente según los kilómetros de rutas nacionales presentes en cada jurisdicción y alcanzados por los convenios de transferencia.
