En Río Negro, la culminación del proceso de normalización del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) sigue siendo, por el momento, una promesa más que una realidad. Tras la suspensión de los concursos docentes el mes pasado, la comunidad educativa recurrió a la ayuda de legisladores y concejales para reencausar la conformación del claustro y avanzar con la elección de los órganos de cogobierno. En simultáneo, el vicegobernador Pedro Pesatti adelantó que la adecuación de la universidad se completará antes de finalizar el 2025.
El freno a los concursos docentes en IUPA
Las negociaciones por la adecuación del IUPA parecían ir por buen rumbo durante la gestión del rector Félix San Martín, nombrado por el gobernador Alberto Weretilneck en diciembre de 2023. Sin embargo, el retorno de Gerardo Blanes a la rectoría atentó contra uno de los principales bastiones del proceso: los concursos docentes.
A principios de marzo, Blanes resolvió aplazar por 40 días el llamado a cubrir 107 cargos, instancia que se desarrollaría entre el 5 y el 26 de ese mes. El directivo adujo la necesidad de «tiempo» para evaluar que la convocatoria cumpla con las lineamientos adecuados de «equidad, inclusión y fortalecimiento». La habilitación de los concursos había sido aprobada en febrero de 2024 tras una mesa de arduo trabajo entre las autoridades de ese momento y los gremios.
La parálisis de esta convocatoria generó el rechazo del Sitraiupa, sindicato que representa al cuerpo docente. Por ese motivo efectuaron de inmediato una presentación para revocar la resolución de Blanes, la cual consideraron «arbitraria».
«Estamos a la espera de una respuesta«, comentó Marina Cepeda, secretaria general de Sitraiupa, ante la consulta de Literal por el estado de la acción interpuesta.
Los pedidos de Provincia
En tanto, la comunidad educativa de IUPA recurrió a la ayuda de referentes políticos con el propósito de exigir a la Provincia la conclusión del proceso de la normalización. Legisladores de Vamos con Todos y concejales del bloque Pasión por Roca presentaron proyectos de comunicación ante la Legislatura de Río Negro y el Concejo Deliberante de Roca, respectivamente, para que el gobierno avance con «la urgente necesidad de conformar el Consejo Superior y el pleno funcionamiento del cogobierno universitario, el cese de las designaciones directas del rectorado y la apertura de un camino institucional y participativo para la elección de autoridades«.
«En un contexto donde la educación pública, gratuita y de calidad pretende ser descalificada sistemáticamente por el gobierno nacional de Javier Milei, resulta necesario que las instituciones educativas públicas se fortalezcan desde su participación democrática, con la participación activa y real de las y los docentes, no docentes y estudiantes«, argumenta la iniciativa que se tratará el próximo martes en el Concejo de Roca, y a la cual este medio tuvo acceso.
La promesa del vicegobernador de Río Negro para el IUPA
En su reciente visita a Roca, el vicegobernador Pedro Pesatti aseguró a los sindicatos con representación en IUPA que la universidad alcanzaría su constitución definitiva este año.
«Nos reunimos con él y se comprometió a que este año IUPA se normalice. Fue un compromiso de palabra que para nosotros es importante. Igualmente nosotros vamos a seguir luchando, no nos vamos a quedar esperando sentados porque los concursos siguen frenados. Eso va en detrimento de la calidad del cuerpo docente», mencionó al respecto Cepeda.
El llamado a cubrir cargos es de vital importancia para la conformación del claustro docente, debido que eso habilitaría el llamado a elecciones y la posterior selección de los órganos de cogobierno. Actualmente, solo un cinco por ciento del plantel se encuentra formalizado.
El largo derrotero de la normalización del IUPA: más de una década en espera
El eterno proceso de constitución comenzó en 1999, cuando sobre las bases del antiguo terciario INSA se creó el IUPA. Sin embargo, no fue hasta 2014 cuando se presentó y aprobó un proyecto en la Legislatura de Río Negro con el objetivo de brindar un marco normativo a la casa de altos estudios, para así adecuar la universidad a la ley de Educación Superior 24.521.
El proceso llegó a su cúspide con la aprobación de la resolución 2753/2015 del ministerio de Educación de la Nación, medida por el cual se aprobó un proyecto de estatuto. En simultáneo, la resolución 1101 de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) estableció que el rector normalizador debía seleccionarse por un término máximo de cuatro años, en concordancia con lo establecido en el artículo 49 de la ley de Educación Superior en el que se declara que la nueva institución debería quedar normalizada en un plazo no superior a los cuatro años.
«El proceso de normalización, que debió completarse hacia 2019, permanece inconcluso. Hasta la fecha, no se ha realizado la elección democrática de autoridades ni se ha conformado el Consejo Superior, órgano fundamental del cogobierno universitario. Este consejo es clave para garantizar la participación de todos los claustros —docente, estudiantil, no docente y graduados— en la toma de decisiones estratégicas para la institución», expresaron los gremios Sitraiupa, Adiupa y el centro de estudiantes en un reciente informe a diez años de la obtención del reconocimiento nacional. El IUPA no cuenta con la elección democrática de sus autoridades desde su creación.
Río Negro: los peligros de la «falta de democracia» en IUPA
En el escrito, la comunidad educativa detalló los peligros de la perpetuidad de la figura del rector normalizador. Ante la falta de órganos de coadministración, recae en una sola persona la responsabilidad de definir el presupuesto, asignar recursos y establecer políticas académicas.
«La falta de control democrático implica que los recursos de la universidad, sostenidos con el aporte de la sociedad, queden bajo la exclusiva administración de un rector normalizador designado por el Ejecutivo, sin contrapesos ni participación efectiva de los actores de la comunidad universitaria. Asimismo, se abre la posibilidad de que los recursos se desvíen hacia actividades de índole proselitista o que sirvan para posicionar políticamente al rector y a su círculo de allegados, en lugar de destinarse a los objetivos genuinos de la educación superior pública«, precisaron.
