Los gremios estatales advierten que el Gobierno de Río Negro inició un «camino de conflicto» al rechazar la actualización salarial. En particular, la Unter le marcó la cancha a la administración provincial y estableció un plazo límite para reactivar las paritarias, actualmente en cuarto intermedio. Desde el Ejecutivo deslizaron, en tanto, que la posibilidad de una nueva convocatoria en mayo es prácticamente nula. Mientras tanto, se avecina una nueva demanda de recomposición salarial para los próximos meses.
Sin oferta, sin instancia de negociación y con otra pauta que se avecina
El frente sindical presiona por la reactivación de las paritarias. ATE, Sitrajur y Unter se movilizaron el jueves frente al Ministerio de Economía provincial con un reclamo unificado: la inmediata reanudación de la negociación salarial.
El último encuentro de la mesa de la Función Pública marcó un nuevo punto de tensión entre la administración de Alberto Weretilneck y los gremios. La decisión del Ejecutivo de mantener la pauta en apenas un 1,5% mensual generó un fuerte rechazo, al considerar que los argumentos oficiales fueron “poco convincentes”.
La Unter, el gremio docente, fue el gremio más reaccionario a la postura gubernamental. En un plenario de secretarios generales realizado en Roca, se resolvió exigir una urgente convocatoria a paritarias y sumarse a la jornada de protesta de ayer.
«Nosotros tenemos la obligación de exigir. Estamos en una instancia donde todavía estamos dentro de lo que fue la discusión paritaria del mes de febrero. En ese momento, dijimos que si en abril se disparaban los números del IPC, necesariamente nos teníamos que sentar a revisar y actualizar estos datos. Bueno, los números nos dieron la razón y la propuesta salarial quedó por muy de bajo. Por eso convocamos a dialogar en abril, algo que no sucedió. Este último encuentro llegó tarde y sin ninguna propuesta de revisión«, expresó Gustavo Cifuentes, secretario adjunto de la Unter, a este medio.
La conducción del gremio docente fijó como plazo máximo el próximo viernes para que el Gobierno convoque a una nueva mesa salarial. De no concretarse, adelantaron que llamarán a un congreso para definir medidas de fuerza.
«Tiene que venir el Gobierno con una propuesta de actualización y si eso no sucede nosotros automáticamente vamos a tener que convocar a un congreso para discutir cómo continuamos. Porque la necesidad de mejorar y de actualizar los salarios es real«, agregó Cifuentes.
Fuentes del Poder Ejecutivo reconocieron a Literal que la posibilidad de convocar a una nueva negociación durante mayo es «difícil», argumentaron que las condiciones económicas no variaron en los últimos días. «Sabemos que no es suficiente, pero es lo posible», confesaron en relación al 1,5% de actualización vigente.
A este escenario se suma un nuevo foco de tensión: el futuro de la pauta salarial. El acuerdo firmado en febrero tenía alcance cuatrimestral, y vence en mayo. Lo que ocurra en los próximos meses será clave.
«Después que cerremos mayo, vendrá una nueva instancia de una nueva discusión salarial para una nueva pauta salarial en lo que resta del año. Nosotros, si bien, tenemos cerrada la discusión salarial hasta este mes, también estaba el proyecto de sentarnos en abril para revisarla. Pero no reconocen nada, para ellos está todo bien«, mencionó Cifuentes.
Ausentismo: para el gremio las auditorías revisten un intento de «recorte a la educación»
En simultáneo con la cuestión salarial, el sector docente quedó bajo con la reciente difusión de los resultados de las auditorias de licencias médicas. El ámbito educativo de Río Negro concentra la mayor cantidad de días denegados en el período comprendido entre septiembre y abril. No obstante, la demanda de solicitudes mostró una notable disminución: de más de 33.000 días en octubre, se redujo a 18.000 en abril de 2025.
El nuevo esquema de control, a cargo de la empresa Dienst Consulting, fue duramente criticado por la Unter. Incluso, sus integrantes encabezaron importantes protestas como consecuencia de su implementación a mediados de septiembre.
«Cuando se conocieron las dos resoluciones que regulan las auditorias médicas, lo primero que pedimos fue conocer cuánto le había salido a la Provincia la contratación de esta empresa. Ya sabíamos de antemano que tercerizar esta función sería más costoso que si el propio Gobierno se hiciera cargo del control», mencionó Cifuentes.
El dirigente gremial afirmó que los pedidos de informe nunca fueron respondidos. El contenido del contrato recién se conoció cuando el Ministerio de Hacienda elevó el contrato a la Legislatura a comienzos de este mes.
«Había una necesidad del gobierno provincial de alinearse a como dé lugar a las políticas que se vienen implementando a nivel nacional. Recorte y ajuste es algo que nosotros siempre hemos denunciado que se lleva a cabo con este sistema de auditoría. ¿Por qué? Porque en principio el gobierno se encargó de estigmatizar con un discurso a los docentes tildándonos de vagos y, después, metió las auditorías médicas sin una discusión necesaria al respecto. Está más que claro que el objetivo final era tratar de recortar en un área educativa y alinearse al Gobierno Nacional», aseveró.
Según un informe de la Secretaría de la Función Pública, desde septiembre hasta abril, la administración provincial totalizó el pago de $4.429.229.036 por licencias al sector y logró una reducción de $3.781.266.525 como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas.
