Mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el presidente Javier Milei introdujo esta semana una modificación en la ley de régimen laboral respecto a los conflictos colectivos. El decreto incorporó a la educación, junto con otras prestaciones, dentro de la categoría de servicios esenciales, lo que implica que deberá garantizarse una cobertura mínima del 75% durante una huelga. Desde Río Negro solicitaron aprovechar este contexto para avanzar con el proyecto de esencialidad educativa, que permanece sin avances luego de aprobación en primera vuelta.
El DNU de Milei que limita las huelgas
En su artículo 3, el decreto 340/2025 modificó la Ley 25.877 en el apartado referido a los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental. Para el primero de los casos, la reforma estableció que no «se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio».
El cambio más controvertido tuvo que ver con la incorporación del «cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario» como parte de la categoría de prestaciones imprescindibles. Hasta el momento, el régimen laboral solo contemplaba como tales a la sanidad, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.
No obstante, el contenido de este nuevo decreto no representa una novedad sustancial en la materia. Diversos sindicatos ya habían impugnado el capítulo IX del mega DNU 70/23, que presenta una redacción idéntica.
Actualmente, esta disposición —al igual que el resto del DNU 70— continúa vigente, dado que no quedó rechazada por ambas cámaras del Congreso. En consecuencia, a pesar de la oposición del Senado, el decreto sigue teniendo validez legal.
¿Es aplicable la limitación al derecho a huelga?
La ejecución de la esencialidad sería «inaplicable» para los distritos provinciales, como es el caso de Río Negro. El abogado del gremio Unter, Diego Broggini, sostuvo la facultad de los estados provinciales para tomar decisiones en áreas que son de absoluta competencia.
«Este decreto no se aplica al ámbito de la docencia pública. Nosotros vivimos en un sistema federal y las relaciones legales con los vínculos de empleo de la provincia son regulados por la legislación provincial. Por ejemplo, para los docentes rionegrinos tienen una normativa propia en materia laboral. Por lo cual no tiene cabida una norma nacional de este tipo«, aseveró.
Broggini mencionó que, pese a considerarla inconstitucional, esta declaración resulta aplicable para ámbitos laborales cuyos regímenes o convenios colectivos sean homologados a nivel nacional. Este puede ser el caso del servicio bancario.
No obstante, el letrado no dio por cerradas todas las posibilidades de su aplicación y mencionó que haría falta una ley o decreto provincial para establecer un cupo mínimo de cobertura ante huelgas. En ese sentido, recordó el controvertido proyecto de esencialidad educativa.
«Si un día el gobernador se despierta y saca un decreto copiando el texto íntegro del decreto para que sea aplicable en el ámbito de la provincia de Río Negro, en ese caso la administración provincial sería alcanzada por la medida. Pero porque hay una norma formalmente que recepta formalmente al DNU«, añadió.
Por lo pronto, desde la comisión directiva de la Unter precisaron a Literal que no llevarán adelante una presentación individual por este asunto y esperarán posibles acciones judiciales por parte de CTERA, confederación que integran.
Esencialidad educativa en Río Negro: un proyecto en stand by
Con el decreto de Javier Milei, el legislador Juan Martin (PRO) salió a reflotar la propuesta de esencialidad educativa. El impulsor del proyecto espera un pronto tratamiento en segunda vuelta en la Legislatura.
«Mientras en la Legislatura la ley de esencialidad educativa duerme entre primera y segunda vuelta, Javier Milei firmó este DNU que, en la práctica, significa que LA EDUCACIÓN ES ESENCIAL«, señaló a través de su cuenta de X. En diálogo con este medio, Martin consideró que existe temor por parte de la administración rionegrina hacia el sindicato docente, motivo por el cual no acciona con la normativa.
La postura oficial sobre la esencialidad educativa en Río Negro
Tras su aprobación en septiembre, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ratificó que la Provincia defiende a la educación como un derecho «y para garantizarlo, tienen que estar abiertas las escuelas». Explicó que «se puede llevar adelante una medida de fuerza, pero siempre garantizando el derecho, primero a los estudiantes, después los padres y también a aquellos trabajadores de la educación que quieren trabajar».
Pese al discurso público del mandatario, el proyecto quedó prácticamente «cajoneado». El propio Pedro Pesatti comentó en octubre que no habría tratamiento en segunda vuelta, al menos en lo que restaba de 2024. «Se habilitó el tratamiento en primera vuelta que es parte de la mecánica parlamentaria, consideramos que aún no hay argumentos para avanzar hacia una sanción de la ley, esto ha pasado muchas veces», respondió el vicegobernador ante la consulta de la prensa.
Detalló que la postergación no respondió «a ninguna negociación», sino que fue una decisión tomada «en función de lo más adecuado». Lo cierto es que la medida logró atenuar las tensiones con el gremio docente, en un contexto de alta conflictividad, cuyo punto más crítico se dio durante un enfrentamiento entre docentes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la sede legislativa.
