En los últimos días, el gobernador de Río Negro ha anunciado una acción judicial contra el Estado Nacional por la paralización de las obras en la Ruta 22. La medida cuenta con el respaldo de intendentes del Alto Valle y sectores empresarios. A primera vista, podría interpretarse como un gesto firme y valiente en defensa de los intereses regionales.
Pero basta revisar la historia reciente para advertir que estamos, en realidad, frente a una jugada más de oportunismo político. Si hoy buscan judicializar para acelerar la Ruta 22, deberían primero levantar los amparos vigentes y presentar un fallo que obligue a ejecutar. Mientras tanto, sólo confluyen reclamos previos sin solución.
Breve cronología para entender mejor
– En 2004, los intendentes del Alto Valle firmaron un acta de consenso para ampliar la RN 22 respetando la traza urbana actual. No fue una licitación, pero marcó una posición política.
– En 2006, se lanzó la primera licitación formal para ejecutar la autovía entre Chichinales y Cipolletti (Licitación Nº 132/06).
– En 2008 comenzaron las obras efectivas en el tramo Chichinales–Cervantes.
– En 2010 se publicaron nuevas licitaciones para completar los tramos hasta Cipolletti.
Esta cronología muestra que el proyecto tiene más de dos décadas de historia, marcada por avances, frenos judiciales y decisiones políticas inconsistentes.
Ampliación de la Ruta 22: un poco de memoria
En 2016, el entonces intendente de General Roca, Martín Soria, presentó un amparo judicial que frenó la ejecución del Tramo 3 de la RN 22 (entre Cervantes y J.J. Gómez). ¿La razón? La oposición al diseño de la autovía con pasos elevados, que según él y su entorno convertían la ruta en una “muralla” que fragmentaba la ciudad. El proyecto ya había sido licitado y tenía contrato en ejecución.
En 2020, Cipolletti siguió el mismo camino. Su intendente, Claudio Di Tella, también promovió un recurso judicial contra el diseño del acceso a Isla Jordán (Tramo 5). Nuevamente, la objeción no fue a la ampliación de la ruta en sí, sino a su traza elevada.
Esos amparos nunca fueron resueltos ni retirados. No se propusieron alternativas técnicas serias. No se convocaron mesas de consenso. Solo se paralizaron los tramos y se dejaron los contratos en un limbo legal y financiero que, hasta hoy, nadie resolvió.
“Ponele lechuga, pintala de verde… y va a seguir siendo un paredón”
Con esa frase, el entonces intendente de General Roca, Martín Soria, rechazó en 2017 ante funcionarios de Vialidad Nacional la posibilidad de rediseñar el tramo urbano de la Ruta Nacional 22. No fue una frase cualquiera. Fue el reflejo de una decisión política intransigente que impidió que la obra más importante del Alto Valle siguiera avanzando.
Soria no solo frenó la obra con un amparo en 2016, sino que cerró la puerta a cualquier alternativa técnica que le propusieran. En una reunión pública, con vecinos presentes y cámaras grabando, despreció toda posibilidad de acuerdo, incluso cuando Vialidad Nacional propuso modificar el diseño original.
El agujero que nadie menciona
¿Qué pasó con esos contratos adjudicados? ¿Qué costos tuvo la parálisis? ¿Qué grado de avance dejaron inconcluso las empresas? ¿Quién responde por esos recursos ya comprometidos?
Estas son las preguntas que ningún funcionario responde cuando, ahora, con gestos grandilocuentes, pretenden culpar al gobierno nacional por no avanzar en una obra que ellos mismos bloquearon judicialmente hace años.
Ruta 22: el nuevo relato
Hoy, los mismos intendentes (o sus herederos políticos) que frenaron la obra, apoyan una nueva judicialización, esta vez con otro enfoque: apurar a Nación para que reactive lo paralizado por ellos mismos años atrás. El problema es que las condiciones que generaron el freno siguen vigentes. No hay rediseño técnico alternativo, no hay retiro formal de los amparos, no hay cronograma constructivo ni consenso urbano.
La estrategia es clara: victimizarse frente al electorado, desentenderse de responsabilidades pasadas y generar un enfrentamiento funcional a los tiempos electorales.
¿Qué debería hacerse?
Lo responsable sería:
• Desjudicializar el conflicto: revisar los amparos, ajustar los proyectos con participación ciudadana real.
• Reactivar o renegociar los contratos suspendidos.
• Transparentar el estado legal y financiero de los tramos paralizados.
• Garantizar un diseño técnico consensuado, sin muros, pero tampoco sin obra.
¿Y si hablamos en serio de participación?
En 2016, el amparo que paralizó el Tramo 3 de la Ruta 22 fue acompañado por 17.000 firmas. Un número importante, sin dudas, pero muy inferior a la población total de General Roca y el Alto Valle. Años después, esa decisión afecta a cientos de miles de personas que transitan a diario por una obra inconclusa.
¿No sería hora de preguntar en serio? ¿De convocar a una consulta popular, abierta y transparente, donde todos podamos opinar sobre el diseño, la necesidad de la obra, los plazos y prioridades?
Todo lo demás es relato, relato y más relato. Y en Río Negro, señor gobernador, como en el país, ya no alcanza con relatos.
Contador Público – General Roca
