«Desean derrocarnos ilegítimamente». Con esas palabras, el intendente Marcelo Román (LLA) definió la grave crisis institucional que atraviesa Allen. Denuncias por peculado, renuncias de funcionarios y reclamos gremiales forman parte del escenario que envuelve hoy al Poder Ejecutivo. En su defensa, el jefe comunal sostuvo que existe un intento deliberado de la oposición para destituirlo del cargo y consideró que los hechos recientes forman parte de ese objetivo.
¿Es posible remover de sus funciones a un intendente? ¿Cómo es el proceso legal? En esta nota de Literal repasamos los antecedentes de las revocatorias a jefes comunales que se llevaron a cabo en Río Negro.
El intendente libertario de Allen y las acusaciones de intento de derrocamiento
“Desde el inicio de nuestra gestión hemos sido asediados por persecuciones políticas y mediáticas de quienes, refugiados en confiterías, despachos y bloques partidarios, jamás se dignaron a caminar por los barrios y escuchar a nuestros vecinos, ejerciendo sus funciones solo con el objetivo de obstaculizar la gestión”, comenzó denunciando Román a través de su cuenta personal de Facebook.
La publicación dio cuenta de su propio parecer ante los hechos ocurridos en la última semana de julio, cuando se produjeron allanamientos en el municipio, la renuncia del jefe de Gabinete, Benjamín Marín, y despidos de personal, como parte de una grave crisis financiera.
Los cañones apuntan a Weretilneck
En su mensaje, el intendente responsabilizó de forma directa a la dirigencia opositora de la ciudad. Señaló que, desde el inicio de su mandato en diciembre de 2023, se volvió blanco de reiterados “ataques políticos y mediáticos” cuyo objetivo sería “derrocarlo”. No dio nombres puntuales, salvo el del gobernador Alberto Weretilneck.
El vínculo entre el mandatario provincial y el jefe comunal es prácticamente inexistente. De hecho, el propio Román confesó que Weretilneck no le responde los mensajes. “Al igual que yo, es solo un hombre, pero le guste o no, soy el intendente elegido democráticamente por una ciudad de más de 40.000 habitantes, independientemente del color partidario o pensamiento ideológico. Soy optimista y aguardo que se digne a ayudar a todos los allenses, y no a Marcelo Román”, escribió.
En ese sentido, el jefe comunal aseguró que sus reclamos del último año y medio habrían generado el supuesto resquemor del Gobierno provincial. Entre ellos, se destacaron cuestionamientos por las regalías que recibe Allen, que —según Román— resultan escasas, a pesar de que la ciudad es la principal generadora de gas de Río Negro. También criticó la falta de coparticipación del pago inicial por el oleoducto Vaca Muerta Sur, que se distribuyeron a criterio de Provincia.
“No tengo temor de dialogar con nadie”, aseguró el intendente.
Sin embargo, no hubo autocrítica en su mensaje respecto a los sucesivos escándalos que afectaron a su gestión: desde la destitución de la presidenta del Concejo Deliberante —perteneciente a su mismo espacio político—, hasta las discusiones por la ratificación de los convenios del Parque Industrial Norte, la denuncia inicial por dejar acéfala la intendencia y las acusaciones de persecución contra concejales de la oposición.
Las revocatorias y su marco legal
Román dejó entrever en más de una ocasión que existe un intento deliberado de removerlo del cargo, y aseguró que continuará “firme en esta tempestad”. Pero la pregunta que empieza a instalarse es inevitable: ¿puede iniciarse un proceso de revocatoria en su contra?
Los procesos de destitución de funcionarios se encuentran contemplados en la Ley N Nº 2.353, que regula el funcionamiento y la organización de los municipios. No obstante, este procedimiento solo aplica a aquellas localidades que no hayan dictado su propia Carta Orgánica, a las comunas y, supletoriamente, a los municipios con Carta Orgánica que no contemplen la revocatoria.
Qué dice la Carta Orgánica
En el caso de Allen, la ciudad cuenta con su propio marco normativo y un delimitado sendero de actuación. De acuerdo con el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal, el mandato de un funcionario electo —incluido el intendente— solo puede ser revocado por inaptitud, negligencia o irregularidad en el desempeño de sus funciones. Los cargos deben formularse de manera individual para cada funcionario objetado.
La revocatoria solo puede iniciarse si se presenta un proyecto avalado por al menos el 10% del electorado municipal. Esta iniciativa debe ser elevada al Concejo Deliberante, que no podrá juzgar los fundamentos del pedido, y solo podrá rechazar aquellas acusaciones de índole personal.
Una vez ingresado el pedido, el funcionario señalado debe contestar el procedimiento en un plazo de 10 días hábiles. En caso de no responder, el trámite continuará de todos modos. Hasta que se resuelva el pedido de revocatoria, el funcionario no puede ser suspendido en sus funciones.
Los fundamentos del pedido y la respuesta del funcionario deben ser transcritos en los libros de firmas que el Concejo Deliberante deberá habilitar dentro de los tres días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de respuesta. Si en un plazo de 30 días desde la habilitación de los libros se alcanza el 20% del padrón de electores inscriptos, se deberá convocar a un referéndum popular, que votará por el SI o por el NO.
En caso de que la consulta no prospere, no podrá presentarse un nuevo pedido por la misma causa o motivo contra el funcionario en cuestión.
El recuerdo de finales de los 90′
Allen es una de las pocas ciudades de Río Negro que cuenta con un antecedente directo de revocatoria, que tuvo como protagonista al exintendente Ulises Gentile, dirigente local de la UCR.
A finales de 1998 y comienzos de 1999, Gentile enfrentó una profunda crisis institucional y financiera, que derivó en un pedido popular de destitución. El proceso no llegó a completarse porque el intendente renunció en marzo, presionado por el contexto y por el entonces gobernador Pablo Verani.
Todo comenzó en octubre de 1998, cuando Juan Carlos Sánchez, un vecino independiente, inició una junta de firmas. En ese momento, Gentile estaba imputado por administración irregular, causa de la que luego resultó sobreseído. La propuesta de Sánchez contó pronto con el aval de múltiples sectores gremiales, sociales, militantes y numerosos vecinos que más tarde conformarían una multisectorial.
El 9 de octubre, más de 500 personas marcharon por las calles bajo el lema “Allen marcha por un cambio”. Y seis días después se presentaron ante el Concejo Deliberante 1.774 firmas, lo cual superó el 10% del electorado exigido por la Carta Orgánica para iniciar el proceso, que no estuvo excepto de presentaciones judiciales.
Finalmente, en marzo, se presentaron las 3.083 firmas (el 20% del padrón), requeridas para convocar formalmente a referéndum popular. Sin embargo, esta consulta nunca se realizó, porque el 23 de marzo —a pedido de Verani— Gentile renunció a su cargo.
Los saqueos el Bariloche y un caso éxito de revocatoria
Un episodio más reciente tuvo lugar en Bariloche, con Omar Goye, quien fue formalmente destituido el 7 de abril de 2013 a través de un referéndum popular. El 77% de los electores votó a favor de su salida.
La crisis institucional se desató luego de los violentos saqueos de diciembre de 2012, por los que el gobierno de Cristina Kirchner responsabilizó políticamente a Goye. En paralelo, salieron a la luz una serie de irregularidades en su gestión, que había iniciado en 2011.
En enero de 2013, el Concejo Deliberante votó por mayoría la suspensión preventiva del jefe comunal y designó de forma interina a María Eugenia Martini a cargo del Poder Ejecutivo. A la vez, se habilitó la recolección de firmas para avanzar con el mecanismo de revocatoria de Goye.
En medio de la presión política, el gobernador Alberto Weretilneck y Miguel Ángel Pichetto le solicitaron la renuncia al intendente, en nombre de la entonces presidenta Kirchner. Weretilneck fue claro en su postura:
“Por el bien de Bariloche, por el bien de lograr la pacificación, por el tiempo que todavía queda de mandato, consideramos que lo lógico, razonable y necesario es que el señor intendente analice la posibilidad de abandonar su cargo”, declaró en ese momento.
Finalmente, la ciudadanía decidió en las urnas la salida formal del jefe comunal, marcando hasta ahora el único caso exitoso de revocatoria mediante referéndum en la historia de la provincia.
