El proyecto de ley presentado esta semana por la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) reabre el debate sobre el rol y la estructura de las fuerzas de seguridad provinciales. La iniciativa plantea disolver el grupo COER —símbolo de las políticas de seguridad implementadas en la última década— y reemplazarlo por una nueva unidad especial, como parte de una modificación de la Ley Orgánica de la Policía de Río Negro.
No es el primer cambio que se impulsa: en los últimos años, distintas fuerzas políticas presentaron propuestas legislativas con el objetivo de redefinir el funcionamiento y la conducción policial. En esta nota de Literal repasamos los principales ejes en discusión.
Una nueva unidad
La iniciativa impulsada por Odarda propone la creación del Grupo Especial “General San Martín” dentro de la estructura de la Policía. Se trata de una división especializada que reemplazaría al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), conformado en 2012 —durante el primer mandato de Alberto Weretilneck— como sucesor del entonces grupo BORA.
La exsenadora nacional sostiene que el COER terminó repitiendo sus mismos vicios que su antecesor y convirtiéndose en “un espacio de carácter netamente represivo”. Para fundamentarlo repasa los lineamientos que dieron origen al cuerpo especial y menciona, entre sus episodios más graves, el fallecimiento de Gabriel Mandagaray, un cadete que perdió la vida en 2021 durante un intensivo entrenamiento.
“El Poder Político debe asumir su responsabilidad y adoptar medidas concretas para garantizar que lo ocurrido con Gabriel y sus compañeros no vuelva a repetirse jamás en esta provincia”, señaló la autora.
En contraposición, el Grupo Especial General San Martín busca recuperar los valores de una fuerza de seguridad «democrática«, ajustando su actuación a los derechos y garantías constitucionales y convencionales vigentes.
Según el artículo 2° del proyecto, el nuevo cuerpo estará integrado por efectivos del actual COER, siempre que no registren antecedentes penales por delitos de acción pública. Asimismo, dispone que el reglamento interno y los programas de capacitación deberán ajustarse a los estándares constitucionales y de derechos humanos, quedando expresamente prohibida su intervención en tareas de represión de la protesta social.
Finalmente, la iniciativa establece que los integrantes del Cuerpo “General San Martín” deberán realizar una capacitación anual obligatoria, conforme a los principios del Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (Ley N° 4562). En ningún caso, aclara, las jefaturas policiales podrán impartir esas capacitaciones.
El origen del Cuerpo de Rescate
El grupo COER fue creado en octubre de 2012 mediante el Decreto N° 1273. Según recuerda Odarda, su conformación había sido anunciada originalmente por Carlos Soria durante la campaña que lo llevó a la Gobernación, y respondía a una demanda de organizaciones sociales, sindicales y ambientales tras los graves episodios protagonizados por el grupo BORA, su antecesor.
El decreto fundacional destacaba el rol de las fuerzas de seguridad en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, y señalaba la necesidad de establecer “normas claras que regulen su accionar, no sólo como un acto que busca limitar la tarea policial, sino como un mecanismo de contrapeso propio de una sociedad democrática cuyo fin último es garantizar el bien común”.
Una unidad contra el terrorismo
Aquellos principios que dieron vida al COER se incorporaron luego a la Ley N° 5184, que reformó la Ley Orgánica de la Policía durante el segundo mandato de Weretilneck. Desde entonces, la normativa no ha experimentado grandes modificaciones, pese a los intentos de distintos sectores políticos por introducir cambios en su estructura o funcionamiento.
Uno de esos intentos provino este año del bloque del PRO, que presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Ejecutivo la creación de una unidad especializada en terrorismo. La iniciativa incluía incluso un anexo con el texto base de decreto que instrumentaba su funcionamiento.
El proyecto original, elevado en 2021, no llegó a ser tratado, pero fue reimpulsado en 2025 a raíz de los incendios forestales registrados en El Bolsón. En sus fundamentos, el bloque expuso:
“Si se hubiera habilitado su tratamiento y debate, se podría haber contado con un instrumento para la toma de decisiones que prevengan hechos vandálicos como los incendios intencionales ocurridos en El Bolsón. Hechos cuyo esclarecimiento el propio Gobierno Provincial consideró prioritario, toda vez que se trató de un acto premeditado destinado a crear un estado de conmoción social. Es claro que la existencia del terrorismo, como forma violenta de lucha que busca destruir el orden establecido o generar un clima de terror e inseguridad, constituye una amenaza a nuestra sociedad; y su utilización no debe encontrarnos desprevenidos”.
En concreto, el proyecto del partido amarillo plantea la creación de una Unidad Especial Antiterrorismo, organizada, capacitada y equipada para intervenir ante ese tipo de amenazas. La propuesta prevé que el cuerpo tenga capacidad de reunir, analizar y evaluar información proveniente de fuentes nacionales, provinciales y municipales, y que pueda asistir a requerimientos del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal en causas vinculadas a hechos con características terroristas.
Leyes anexas
En paralelo, en la Legislatura se han presentado otras iniciativas complementarias a la Ley Orgánica de la Policía, centradas en dos ejes principales: el uso de armas no letales y la formación de cadetes, esta última vinculada directamente con las conclusiones derivadas del caso Mandagaray.
En cuanto a las armas no letales, tanto el bloque de la CC-ARI como Primero Río Negro impulsaron proyectos con ese objetivo. La propuesta de la Coalición Cívica habilita el uso de armas electrónicas no letales en situaciones en las que resulten ineficaces otros medios no violentos, y únicamente para inmovilizar, detener o impedir la fuga de una persona que represente un peligro inminente. También las admite en casos de legítima defensa o para impedir la comisión de un delito de acción pública.
Por su parte, la iniciativa del denominado “partido del león” menciona de manera explícita el uso de pistolas Taser como herramienta para la prevención, detección y neutralización de situaciones delictivas. Además establece que todo procedimiento en el que se utilicen armas no letales deberá registrarse en audio y video, a fin de permitir su revisión administrativa o judicial posterior.
Cambios en la formación
En otra línea de debate, la legisladora de CREO Río Negro, Patricia Mc Kidd, presentó un proyecto destinado a regular la formación de instructores policiales, responsables de la capacitación de aspirantes y cadetes. El objetivo, según detalla, es fortalecer la estructura institucional mediante la mejora del proceso formativo de la Policía rionegrina.
En sus fundamentos, Mc Kidd advierte sobre la persistencia de prácticas de formación con rasgos castrenses, arraigadas desde los orígenes de la fuerza. Como ejemplo, cita los hechos ocurridos en Bahía Creek, donde Mandagaray perdió la vida.
“Los instructores fueron condenados, sin embargo, no se llevaron adelante las reformas orgánicas y reglamentarias necesarias para que ello no vuelva a ocurrir”, expresó la legisladora.
La exdocente cipoleña plantea la necesidad de una reforma profunda, tanto “de fondo como de forma”, que revise los mecanismos de reclutamiento y la formación pedagógica de quienes instruyen a los futuros policías. En esa línea, propone avanzar hacia un formato universitario que profesionalice la carrera policial.
