El fiscal jefe de la primera circunscripción, Juan Pedro Peralta, ratificó la desestimación de la denuncia penal de las legisladoras Magdalena Odarda y Ayelén Spósito (Vamos con Todos) contra la exgobernadora Arabela Carreras. El funcionario judicial consideró que no existió la tipificación del delito de abuso de autoridad por parte de la exmandataria al habilitar el acuerdo con la consultora israelí Mekorot. «Me parece que hacer perder el tiempo a los funcionarios públicos no es algo positivo», sostuvo la dirigente barilochense.
Qué dijo la Fiscalía sobre la denuncia contra Carreras
La presentación contra Carreras se realizó a finales de marzo. En su denuncia original, las legisladoras peronistas argumentaron que la exgobernadora había incurrido en un delito por haber permitido que la consultora extranjera elaborara un “Plan Maestro del Agua”, brindando acceso a información estratégica sobre las fuentes, reservas, calidad y usos del agua. Sostuvieron que el convenio no contó con aprobación legislativa y señalaron que su carácter confidencial violaba los principios de publicidad, además de entregar información sensible del territorio rionegrino a un Estado extranjero.
El fiscal Guillermo Ortiz dispuso a finales de abril no dar curso a la denuncia, al considerar que no hubo «configuración de delito alguno, porque no hay adecuación típica, del actuar realizado por la exgobernadora Arabela Carreras, a tipo penal normado, ni en particular al tipo establecido en el artículo 248 del Código Penal«. Apenas conocida esta desestimación, Odarda insistió con la acusación mediante un recurso de revisión.
Finalmente, la semana pasada, el fiscal jefe Peralta respaldó el dictamen de Ortiz, al considerar que «no se advierte que estemos en presencia de una conducta que reúna los elementos objetivos y subjetivos» del abuso de autoridad.
En cuanto a la naturaleza del contrato con Mekorot, Peralta destacó que no reúne las condiciones para requerir tratamiento legislativo ni sometimiento a consulta pública. Afirmó que el acuerdo no constituye un convenio bilateral, sino una «consultoría técnica» firmada entre la empresa israelí y el apoderado del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y no directamente con el Estado de Río Negro.
«Su objeto es un servicio de consultoría técnica, no implica ejecución de obras ni decisiones administrativas, como ya se expuso anteriormente, no infringe derechos fundamentales y tampoco constituye un acuerdo internacional en razón de que el contrato fue celebrado por el CFI, que es un organismo interestadual autónomo, un organismo público no estatal, con autonomía funcional financiado por un aporte porcentual de la coparticipación federal de impuestos que reciben las provincias», explicó.
En cuanto a la limitación en el acceso a la información señalado por Odardo y Spósito, Peralta sostuvo que no existió restricción alguna «ni una desposesión de conocimientos estratégicos, en beneficio de la empresa Mekorot». En ese sentido, indicó que las legisladoras pudieron acceder al contrato por medio de pedidos de informes, y que además se les facilitaron informes preliminares de la consultoría, proporcionados por el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
«Asimismo desde el CFI se asegura que los estudios resultantes no implican cesión de derechos sobre los recursos hídricos ni sobre la propiedad intelectual, ya que los documentos son propiedad del CFI y están a disposición de las provincias», añadió el dictamen respecto a la clausula de confidencialidad mencionada en la denuncia penal.
Carreras denunció la búsqueda de rédito político y el gasto de recursos
«Ratifico mi posición en la transparencia de ese acuerdo, la no participación directa de Río Negro y los beneficios que tiene para la provincia», expresó Arabela Carreras en diálogo con Literal.
La exmandataria aseguró que la denuncia no tenía posibilidades de prosperar desde un principio y denunció que estas “falsas acusaciones” solo representan un gasto innecesario de recursos públicos.
«Son denuncias sin sustento en virtud de que la Provincia ni siquiera erogaba fondos ni era parte del convenio. Aquí observamos que numerosos agentes públicos tuvieron que accionar y gastar recursos del Estado para administrar este expediente. Y, por otro lado, la propia legisladora usa recursos públicos para generar la denuncia. Porque tiene equipos en la Legislatura destinados a una pérdida absoluta de tiempo. Creo que no tiene ninguna relevancia para los rionegrinos esta acción, pero sí implica una fuerte erogación«, expresó.
Carreras descartó la posibilidad de presentar una contrademanda por las acusaciones y sostuvo que espera que sea la ciudadanía quien tome postura al respecto. “Sería solo una cuestión de satisfacción personal. Pero tengo la expectativa de que las personas, los votantes, los ciudadanos puedan hacer su propia lectura a partir de lo que ya han expresado los fiscales. Me parece que hacer perder el tiempo a los funcionarios públicos no es algo positivo”, aseveró.
P: ¿Por qué creé que se formuló esta denuncia en su contra?
R: Hago mi lectura personal. Entiendo que no tienen una agenda más relevante, cosa que es preocupante. Hay muchos problemas en la provincia, hay muchas situaciones que requieren de la atención de los legisladores, y eso no estaría ocurriendo. Por el otro, entiendo este que hay una búsqueda de visibilidad personal en un contexto electoral. Y, finalmente, veo un peronismo bastante desdibujado en su rol de oposición en la provincia. Esto los lleva a recurrir a temas irrelevantes para poder tener alguna actividad. Me preocupa qué hacen nuestros legisladores, cómo gastan nuestros recursos y cómo una de las principales fuerzas de la oposición se distrae en este tipo de cosas.
Carreras defendió el acuerdo y explicó que su objetivo era mejorar el monitoreo de los recursos hídricos, especialmente en las zonas más áridas del territorio rionegrino. Negó cualquier intento de ocultamiento, señalando que hubo documentación periodística que respaldó el proceso.
“Formaba parte de una estrategia nacional para el manejo tecnológico y eficiente de las aguas servidas, así como del monitoreo en regiones con escasez hídrica, como la Región Sur. En un contexto de cambio climático, donde nuestras fuentes de agua están cada vez más comprometidas, creíamos que mejorar la tecnología, el monitoreo y la distribución del agua iba a ser favorable tanto para la producción como para el consumo humano”, concluyó.
Odarda cargó contra los fiscales y denunció «blindaje» judicial
Consultada por este medio, la legisladora Magdalena Odarda ratificó su postura ante la denuncia y acusó a una parte del Poder Judicial de respaldar las acciones del Ejecutivo. Pese a ello, no descartó insistir con la presentación y recurrir a otras instancias.
«Estamos ante una situación clara de de debilitamiento de las instituciones en Río Negro y sobre todo de del sistema republicano y la división de poderes. El Poder Judicial debe resguardar a los ciudadanos de los abusos de poder, pero esto no sucede desde hace muchos años. Hay sectores de jueces inferiores que hacen lugar a amparos por salud, por educación, por derechos laborales, pero la directiva general es cuidar las espaldas del Ejecutivo«, denunció.
Odarda se refirió a lo que denominó un “blindaje judicial” en favor de los «proyectos extractivistas» impulsados por el Gobierno en los últimos años. En particular, señaló los acuerdos vinculados al gas natural licuado (GNL) en las costas del Golfo San Matías y al plan minero de Calcatreu como ejemplos de esa tendencia.
«Esta resolución, en relación a un bien de dominio público, es una muestra de ese comportamiento del poder, sobre todo del Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público, orientado a blindar las inversiones extranjeras en la provincia. En este caso, también advierto que existe una falta de formación de los fiscales en materia ambiental, quienes desconocen las disposiciones de la Ley General del Ambiente y del Acuerdo de Escazú», sostuvo.
La legisladora anunció que mantendrá su posición, aunque lamentó el accionar del sistema judicial. “Nos encontramos frente a un verdadero paredón, una barrera a la participación ciudadana. Es lamentable que los fiscales adopten esta postura”, manifestó.
Por último, Odarda calificó de “barbaridad” las declaraciones de Carreras sobre una supuesta búsqueda de rédito político por parte del peronismo a través de estas denuncias. En ese sentido, se limitó a responder que su trabajo está centrado en temas de importancia para la provincia.
“Estoy ocupada en la declaración de la emergencia energética, porque hay miles de familias sin acceso a gas natural en Bariloche, por ejemplo. También me ocupo de la defensa de las escuelas rurales frente a los intentos de cierre, y del desmanejo de tierras fiscales, que están siendo entregadas a grandes corporaciones del gas y el petróleo”, concluyó.
