Cuatro jueces del Superior Tribunal de Justicia fueron denunciados por la madre de Gabriel Mandagaray, el oficial de la Policía de Río Negro fallecido en abril de 2021 durante una capacitación del COER. La mujer se presentó ante la Legislatura provincial, para que se investigue y someta a juicio político a los integrantes del máximo tribunal, considerando que incurrieron en “mal desempeño” y “abuso de autoridad” en el tratamiento de la causa penal.
Desde la web del parlamento rionegrino confirmaron este lunes la información y Literal pudo saber de fuentes oficiales que el escrito recibido no precisa los nombres de los denunciados.
No obstante, funcionarios consultados indicaron que Cecilia Criado, Liliana Piccinini, Sergio Ceci y Ricardo Apcarian son los acusados. Se trata de los jueces que firmaron el fallo más reciente en el marco de esa causa.
También trascendió que la denuncia está redactada directamente por la madre, sin intervención de abogados patrocinantes.
Con el STJ “vino el calvario”
En su presentación, Elsa Adriana Fabi sostuvo que los magistrados incurrieron en “mal desempeño” y “abuso de autoridad” en el tratamiento de la causa penal vinculada a la muerte de su hijo. Recordó que la investigación y el juicio oral culminaron en condenas durante 2023, confirmadas en revisión, pero señaló que “a partir de la llegada del expediente al Superior Tribunal de Justicia, vino el calvario”, denunciando que el máximo tribunal provincial anuló resoluciones previas y devolvió reiteradamente el expediente. Según afirmó, esas decisiones “han llevado a que la causa de mi hijo ingrese en impunidad”.
Fabi indicó que las pruebas aportadas durante el proceso acreditaron una “muerte en custodia” y remarcó que su hijo asistió a la capacitación por orden institucional y no de manera voluntaria. Sostuvo además que la familia “se siente provocada e insultada” y que, a su criterio, los jueces cuestionados “no están a la altura de las circunstancias”.
Solicitó que se garantice “la transparencia y el cumplimiento de la ley” y que, eventualmente, se adopten las medidas disciplinarias previstas por la normativa vigente.
El camino de la denuncia
Desde la Legislatura se indicó este lunes que el pedido ingresó y se remitió a la Comisión de Juicio Político para su análisis.
La denuncia se elevó al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, «quien dio curso administrativo a la presentación, tal como establece la Constitución provincial y el reglamento legislativo”, precisaron desde el Poder Legislativo.
La evaluación del planteo está ahora en manos de la Comisión de Juicio Político, integrada por los legisladores Ariel Bernatene (UCR), Facundo López, Silvia Morales y Lucas Pica (JSRN) y Gabriela Picotti (Pro Unión Republicana).
De acuerdo con la Constitución de Río Negro, la Comisión cuenta con un plazo de 40 días para emitir dictamen y definir si corresponde elevar la acusación a la Sala Acusadora, instancia que resolverá si se inicia o no el proceso de juicio político contra los magistrados señalados.
Más de cuatro años sin justicia
Gabriel Mandagaray murió el 15 de abril 2021, durante un ejercicio de ingreso al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de la Policía de Río Negro, en la zona de playa Bahía Creek.
Basada en la autopsia, su deceso se produjo tras permanecer bajo el agua, pero también se detectaron hemorragias en la cabeza compatibles con un fuerte golpe durante el entrenamiento.
La investigación reveló que Mandagaray participaba de un curso de ingreso en el COER, de la fuerza provincial, bajo la supervisión de un grupo de instructores que organizaban pruebas de aptitud física y práctica de rescate acuático. Testigos del curso declararon que Mandagaray había expresado no saber nadar, pero igualmente lo sometieron a un ejercicio en el mar supervisado por los instructores.
Durante el proceso judicial, un jurado popular consideró que la muerte del oficial fue producto de negligencia y abuso de autoridad por parte de sus supervisores. En julio de 2023 condenaron a cuatro miembros de la Policía de Río Negro —el coordinador del curso, dos instructores y un tercero— por los delitos de homicidio culposo y abuso de autoridad. Las penas oscilaron entre 4 años y 3 meses y 4 años y 10 meses de prisión, con inhabilitación para ejercer funciones policiales.
Sin embargo, el expediente atravesó desde entonces diferentes instancias de revisión, siendo el fallo de octubre pasado la tercera vez que el STJ lo devuelve al Tribunal de Impugnación. Ese episodio generó la reacción de la madre del joven, que finalmente denunció a los integrantes del máximo tribunal provincial.
